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A menos de un mes para las elecciones federales del seis de junio en México, 79 políticos han sido asesinados durante el proceso electoral de 2021. El mismo número de candidatos asesinados que en los comicios de 2018, cuando se eligió al presidente del país, el Congreso y varios Gobiernos locales. Una situación que pone de manifiesto la dificultad del gobierno para acabar con la violencia y las bandas. Abel Murrieta estaba repartiendo folletos de campaña en la calle cuando un hombre armado le disparó a quemarropa a plena luz del día, convirtiéndolo en el último candidato asesinado en una de las campañas electorales más sangrientas de la historia reciente de México.
 

El Rey Felipe VI se encuentra ya en Quito, en Ecuador, donde asiste -acompañado de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya-  a la toma de posesión del nuevo presidente, el conservador Guillermo Lasso. La ceremonia de investidura tendrá lugar este lunes, a las 10:00 hora local (17:00 en España), y antes el Rey se reunirá con una representación de la colectividad española en el país andino en la residencia oficial de la embajadora Elena Madrazo Hegewisch. En Ecuador, la visita del monarca español ha sido vista con un "gesto" y como "simbología" de las relaciones especiales entre los dos países. Invitados por el nuevo mandatario ecuatoriano, al margen de la delegación oficial española, estarán en su investidura el líder del PP, Pablo Casado y el expresidente José María Aznar.

Preocupa el excesivo uso de la violencia por parte de los agentes de la policía contra los manifestantes en Colombia. Es el caso del hijo de Laura, Nicolás, de 26 años. Había vuelto a su país tras un tiempo en España. Solo quería "un mejor país" para que su hija pudiera vivir aquí, explica su madre. El periódico The Washington Post ha investigado cuatro de los vídeos de los manifestantes fallecidos, uno de ellos es el de Nicolás. El medio estadounidense concluye lo mismo que denuncia su madre: "No falleció. A mi hijo lo asesinaron". Entre el arsenal de los antidisturbios los vídeos revelan un uso abusivo de lanza proyectiles de gases y granadas de alta capacidad, incluso atropellos y hasta aturdidoras. A pesar de que el presidente, Iván Duque, ha anunciado que se perseguirán los abusos, las asociaciones internacionales denuncian que se están vulnerando los Derechos Humanos. Además, Colombia fue el segundo país en América Latina que más dinero invirtió en la compra de armas durante la pandemia: 9.000 millones de dólares. Foto: Luis Robayo / AFP.

En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha lanzado una nueva campaña de acoso y persecución contra medios de comunicación y opositores. Tras más de 14 años en el poder, el líder sandinista aspira a un nuevo mandato en las elecciones de noviembre.

Foto: La aspirante a la Presidencia de Nicaragua y periodista Cristiana Chamorro Barrios durante su salida de las instalaciones del Ministerio Público en Managua (EFE/Jorge Torres)

Las calles de las principales ciudades de Colombia se han llenado nuevamente tras 22 días de movilizaciones en el cuarto "paro nacional" (huelga general) y en algunas se han producido enfrentamientos entre manifestantes y Policía. 

Las protestas han conseguido una nueva victoria: el Congreso de Colombia ha archivado este miércoles el controvertido proyecto de reforma de la salud, que tras la retirada la reforma tributaria, se convirtió en uno de los combustibles principales de las manifestaciones, junto con el fin de la brutalidad policial.

Mientras, el gobierno colombiano sufre las primeras bajas por la crisis. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha sido la persona designada este miércoles por Iván Duque para ocupar el ministerio de Relaciones Exteriores en reemplazo de Claudia Blum, quien renunció la semana pasada.

Foto: Reuters/colaborador

La derrota de la derecha en las elecciones constituyentes de Chile de este fin de semana abre la posibilidad de que se acometan cambios profundos en el país a través de la nueva Carta Magna que redactarán los 155 integrantes de la convención elegida en las urnas para este cometido. Las candidaturas de los ciudadanos independientes ajenos a partidos políticos, de corte mayoritariamente progresista, serán las encargadas de redactar la nueva Constitución con un fuerte componente de justicia social y de sensibilidades como Mujer o medio ambiente.