La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado al Gobierno de "improvisación" y de falta de "una estrategia nacional de vuelta al cole" en lugar de 17, una por cada comunidad autónoma. La ministra de Educación, Isabel Celaá, le ha contestado que al Ejecutivo le preocupa la salud de las personas y la igualdad de oportunidades, que se ha reunido con los consejeros autonómicos para coordinar el curso escolar y le achaca una visión "poco madura" del Estado de las autonomías.
Escuelas infantiles, colegios e institutos arrancan estos días un curso diferente. ¿Qué retos que hay que afrontar? ¿Por qué es tan importante la educación presencial? ¿Cómo puede ayudarnos la filosofía en todo este proceso? Para abordar estas preguntas, Casa Mediterráneo ha acogido el evento online Los retos de la vuelta al cole en tiempos de la COVID-19, en el que ha participado el filósofo José Carlos Ruiz.
La ministra de Educación Isabel Celaá ha comparecido en el Congreso y ha defendido la gestión de su cartera durante esta crisis, además de anunciar nuevos encuentros en septiembre con las clases ya en marcha. Sin embargo, no se ha podido librar de la críticas de sus compañeros de tribuna: Joan Mena (En Comú Podem) asegura que "las administraciones educativas han llegado tarde" y que "ha habido mucha incertidumbre en torno a la vuelta al colegio", palabras muy similares a las que le han dedicado desde Cs o PP, quienes la han llegado a acusar de "dejación de funciones". Informa Ainhoa Caballero.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, cree que "entra dentro de la sensatez" del profesorado "posibilitar" que se pueda descansar del uso de la mascarilla - obligatoria en los centros educativos a partir de los 6 años- en un momento determinado de apertura de ventanas. "Pero es importante mantener las normas. Con ellas (las mascarillas) podemos decir que el am biente en la escuela será seguro", advierte en una entrevista con el Diario El País.
Las condiciones de la vuelta al colegio se van aclarando, al menos sobre el papel. Este jueves, gobierno y comunidades han acordado algunos puntos básicos: Las clases serán presenciales; habrá servicio de comedor, manteniendo una distancia de seguridad; los alumnos, a partir de 6 años, tendrán que llevar mascarilla, también en clase aunque estén en una de las llamadas "clases burbuja" en las que solo interactúan con sus compañeros.
Se establece un coordinador COVID en los colegios para supervisar los protocolos. Se mantendrá una distancia entre personas de 1,5 metros y se potenciarán las medidas de higiene, de limpieza y la ventilación de las aulas.
La gran pregunta es cómo se responderá ante la aparición de casos. Se plantean varios escenarios, dependiendo si es un brote aislado o varios brotes.
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La ministra de Educación, Isabel Celáa, ha explicado que las ratios de alumnos por aula se reducen "de manera real con la nueva contratación que las Comunidades Autónomas" han previsto y anunciado en sus protocolos para la vuelta al colegio en el contexto de la pandemia de coronavirus.
"Las ratios, que son una cuestión que está regulada en la LOMCE [La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa], vienen a reducirse con las contrataciones que han anunciado todas las comunidades autónomas", ha reiterado.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado que habrá sanciones para los padres que lleven a sus hijos enfermos a clase, aunque se ha mostrado esperanzado con que nadie lo haga: "Estamos como estamos (en medio de la pandemia de coronavirus), no concibo que padres lleven a un niño al colegio si no está en condiciones, poniendo en riesgo a su hijo y al resto. Vamos a ver si somos serios", ha pedido.
Las asociaciones de padres y profesores aseguran que el documento acordado entre el Gobierno y las comunidades autónomas debe ser analizado con detenimiento para que las medidas higiénico-sanitarias que en él se incluyen se cumplan y se garanticen. Además, se muestran satisfechos por la presencialidad del curso escolar, ya que es la única forma de garantizar la igualdad de oportunidades entre el alumnado. Por tanto, lo ven razonable, ya que emplea toda la regulación disponible, pero deficitario en cuanto a las medidas organizativas y académicas que deben ponerse en marcha en los centros.
