Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles ha emitido un informe en el que considera inconstitucional la reforma del Código Penal promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, fundamentalmente en lo que se refiere a la prisión permanente revisable y sobre la custondia de seguridad de 10 años.

Según ha confirmado TVE, el informe mantiene que la figura de la prisión permanente revisable es contaria a la reinserción social. Sobre la custodia de seguridad de 10 años, el texto dice que se trata de una pena de prisión encubierta.

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha atribuido la oposición del sector judicial a sus reformas a "intereses corporativos" que difieren entre sí en sus peticiones, aunque no en su estrategia.

Un total de 18 organizaciones de jueces, fiscales, abogados, funcionarios, ciudadanos y consumidores se han manifestado contra las reformas del ministro.

Gallardón ha señalado que los jueces "quieren las tasas", mientras que los abogados, que las rechazan, están a favor de eliminar a los jueces sustitutos, al contrario que los togados.

El ministro Alberto Ruiz Gallardón ha dicho esta mañana que los jueces no deben tener un trato diferenciado del resto de los funcionarios. Los jueces amenazaron ayer con una huelga en enero. Desde el Poder Judicial dicen que la huelga no es la mejor opción.

Doscientos jueces de toda España, entre los que hay magistrados del Supremo, han hecho público un manifiesto donde critican que el pasado Consejo de Ministros indultara por segunda vez a cuatro Mossos que habían sido condenados a 4 años de cárcel por torturas.

Esta mañana ha habido concentraciones de jueces y de fiscales de toda España. Se han reunido ante las sedes judiciales de todas las capitales de provincia para rechazar las últimas reformas anunciadas por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

Las tasas se aplicarán en los juzgados de lo social, civil y contencioso y no en los casos penales. No tendrán que pagarlas quiénes ingresen menos de 15.975 euros al año y se devolverán si el demandante gana el recurso.

Aunque las nuevas tasas judiciales deberían haber entrado hoy en vigor, los juzgados de momento no las están cobrando. Tardarán unas semanas porque aún no están listos los impresos correspondientes. Esas tasas han centrado hoy el debate político. Socialistas e Izquierda Unida apoyan recurrirlas ante el Constitucional. El gobierno asegura que servirán para hacer más eficaz la justicia.