Mañana entran en vigor las nuevas tasas judiciales que suponen subidas de hasta 750 euros por recurrir en los tribunales. La medida ha provocado críticas entre jueces y abogados. Desde el ministerio la justifican para frenar la saturación en los juzgados.
El presidente del Gobierno anunció que tomaría medidas para paralizar de forma temporal los desahucios de las familias más vulnerables. También el PSOE pidió a los bancos que los pararan hasta que se aprobara una nueva ley. Con el anuncio de los bancos sobre la mesa horas se reúnen en el Palacio de la Moncloa las delegaciones del Gobierno y de los socialistas, Los partidos minoritarios exigen que se cuente con ellos en esa negociación. CiU, la Izquierda Plural y UPyD coinciden al decir que populares y socialistas rechazaron las medidas que cada uno de ellos presentó hace meses para evitar los desahucios.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido el endurecimiento de las penas para delitos fiscales y contra la Seguridad Social y ha recalcado que combatiendo el fraude se da respuesta a una "necesidad estructural" de defensa de lo público, ya que la credibilidad del Estado, según ha afirmado, "depende de ganar esta batalla".
En la defensa del proyecto, Ruiz-Gallardón ha subrayado en varias ocasiones que esta reforma no criminaliza las conductas que no tienen ánimo de defraudar, es decir, "no persigue a quienes perciben indebidamente una prestación, sino a quienes engañan para percibirla", ha zanjado.
Sin embargo, el diputado socialista Julio Villarrubia ha defendido justamente lo contrario y ha afirmado que el Ejecutivo pretende crear un tipo nuevo de delito "para incluir a desempleados y pensionistas en el Código Penal, hasta por infracciones mínimas".
Por parte de la Izquierda Plural, el diputado Gaspar Llamazares ha recalcado que la propuesta del Gobierno responde a la táctica del "populismo punitivo" que, según ha dicho, consiste en responder a los problemas con iniciativas legislativas "sin acuerdo y sin diálogo".
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha considerado este lunes que la nueva reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno tiene "mal encaje" en la Constitución, en concreto en lo que se refiere a la prisión permanente revisable y a la custodia de seguridad, aunque ha querido dejar claro que se trata de su opinión personal como jurista y que el CGPJ se pronunciará en el informe preceptivo. Preguntada por si la convocatoria unilateral de un referédum de autodeterminación en Cataluña sería delito, la protavoz del CGPJ ha recordado que el tipo "quedó despenalizado" en la anterior reforma del Código Penal en la anterior legislatura.
Castigará el matrimonio forzoso y difundir imágenes íntimas sin consentimiento.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la reforma del Cógido Penal. Según ha explicado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón la nueva legislación introduce nuevos tipos de delitos. Entre ellos el acecho u hostigamiento para evitar la desprotección que existía en casos en los que no podía juzgarse como amenazas y coacciones. Estará penado con hasta dos años. El matrimonio forzado podrá ser condenado con tres años. Por último, se castigará hasta con un año la divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas.
El Gobierno aprobará este jueves, en un Consejo de Ministros adelantado por la celebración este viernes del Día de la Fiesta Nacional, la reforma del Código Penal que incluirá nuevas medidas como la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad que aparecen por primera vez en la legislación española tras el informe que el pasado 14 de septiembre presentó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha afirmado este miércoles que el Gobierno "no tiene ninguna intención" de "limitar" el derecho de manifestación, después de que hace unos días la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, hablara de la necesidad de "modular" ese derecho. Así lo ha afirmado en el Congreso de los Diputados en una sesión de control al Gobierno de la que se han ausentado su presidente, Mariano Rajoy, y cinco de sus ministros, los de Exteriores, Interior, Agricultura, Fomento e Industria, que participan este miércoles en París en una cumbre bilateral con Francia.
