- Según CC.OO. el Ejecutivo se niega a mantener la figura del ERTE de fuerza mayor total
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Finaliza sin acuerdo la reunión entre el Ejecutivo y agentes sociales para abordar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor más allá del 30 de junio. Patronal y sindicatos optan conjuntamente porque los ERTE se extiendan hasta diciembre, mientras que el Gobierno mantiene su propuesta de prolongarlos hasta septiembre con la posibilidad de ser revisados. El Gobierno contempla un recorte en las exenciones de cuotas a las empresas y quiere prohibir las horas extra y las contrataciones en empresas que tengan algún trabajador en ERTE.
Fuentes del diálogo social dicen a RNE que el Ejecutivo no ha llevado ningún documento escrito a la reunión, pero sí la idea de adaptar la prórroga de los ERTE al retorno de la normalidad. Informa Esperanza Martín.
- Algunos empleados consideran que es necesario un cambio de mentalidad en España para que pueda funcionar
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El profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid Jesús Lahera ha explicado en una entrevista en el canal 24 horas que los gastos derivados del teletrabajo deben ser asumidos por las empresas y no por los trabajadores. Según Lahera, el teletrabajo era una signatura pendiente en España y la reciente crisis sanitaria dle coronavirus ha hecho que muchas empresas se adapten rápidamente a esta modalidad de trabajo.
Sin embargo, señala que la legislación es escasa. Lahera señala tres principios fundamentales dle teletrabajo: la voluntariedad tanto de empresa como de trabajadores, la igualdad en el trato entre el trabajo presencial y a distancia y que los gastos de producción -como la luz, internet o el mantenimiento técnico- corran a cuenta de la empresa.
El Gobierno ha sacado a consulta pública la futura ley que regulará en qué condiciones se debe llevar a cabo el teletrabajo. La desconexión digital, el tiempo de trabajo o la compensación de gastos son algunos de los puntos que deben resolverse. Se podrá participar hasta el 22 de junio.
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Tras casi cuatro horas de reunión el Gobierno y los agentes sociales no se ponen de acuerdo acerca de la prolongación de los ERTE. Fuentes cercanas a la negociación afirman que "no hay acuerdo" pero sí "avances", por lo que las partes se volverán a ver esta semana para poder prolongar los ERTE más allá del mes de junio.
El Gobierno quiere una prórroga hasta el 30 de septiembre, y más concretamente su última ofertano distingue entre ERTE de fuerza mayor, total, o parcial ytira a la baja los descuentos en cuotas para las empresas, de forma que si antes llegaba al 100% en el caso de pymes, ahora se mueve en un margen entre el 15% y el 60% según el mes y el tamaño de la empresa. Esta opción puesta encima de la mesa por el Gobierno se topa con elrechazo frontal de los empresarios y tampoco llega a convencer a los sindicatos.
Por ahora, el Ejecutivo se compromete a no llevar el asunto al Consejo de Ministros para dar otra oportunidad al diálogo.
Informa Esperanza Martín.
Ángeles Durán,socióloga del CSIC ha explicado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que el cotonavirus ha vuelto a las mujeres al ámbito doméstico. Es una crisis muy amplia y puede ser muy prolongada, Hay un riesgo alto de que las mujeres perdamos mucho de lo conseguido. Además somos muy rígidos en nuestra economía productiva sin posibilidad de flexibilizar horarios. En este apartado las empleadas del hogar y las y los cuidadores son los más perjudicados con sueldos precarios. "El cuidado no se revende y no deja plusvalía".
- Horas antes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se había mostrado partidaria de alcanzar un acuerdo antes del martes
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Con la finalización de estos el próximo 30 de junio, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha revelado que el Ejecutivo y los agentes sociales se han vuelto a reunir este martes y miércoles. Se busca un acuerdo para prolongar los ERTE antes del próximo martes y la oposición mete prisa al Gobierno para que se llegue a este acuerdo antes de dicha fecha.
El efecto desescalada se hace patente: saldo positivo en mayo con 26.000 empresas más inscritas en la Seguridad Social respecto a abril. Cuando la economía se paralizó entre marzo y abril la diferencia entre las empresas que se dieron de alta y de baja resultó negativa, concretamente 91.000 menos.
En la hostelería y en el comercio minorista es donde mas empresas han cesado su actividad, por lo que los pequeños y medianos empresarios han sido los más afectados. Quienes han conseguido aguantar ha sido por las ayudas y moratorias, aunque se quejan de que conseguirlas no fue fácil: "Pedí la ayuda por el cese temporal de actividad, pero me la negaron. Tras insistir me dijeron que sí porque hubo un fallo desde la central" asegura una dueña de una peluquería en Figueras.
Salvo en el caso del sector educativo, las empresas que se inscribieron en las Seguridad Social en mayo dejan un saldo positivo.
Informa Guillermo Hernández en 24 horas de RNE
- Se trata de equilibrar estas nuevas formas de trabajo que se ha incrementado en la pandemia de la COVID-19
- Los sindicatos habían solicitado que las empresas se hagan cargo de los gastos del uso domiciliario
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido en ‘Las mañanas de RNE’ en que quieren que el Gobierno prolongue los ERTE de manera automática hasta diciembre porque “hasta final de año vamos a seguir pasándolo mal”. El Gobierno baraja, de momento, prolongarlos hasta septiembre, algo que Garamendi considera insuficiente. “Nos parece un error enorme prolongarlos sólo tres meses más porque los empresarios necesitan certidumbre”, ha asegurado el presidente de la patronal que cree que hay margen para hacerlo porque, en esta situación, “ningún inversor se va a poner nervioso si la deuda llega al 120%”. Garamendi ha reiterado que “hay que intentar hacer la desescalada lo más rápido posible porque es la única manera de poder prescindir de los ERTE”.
Garamendi ha insistido en que “en esta situación de crisis profunda no toca hablar de la reforma laboral”, aunque no descarta que se puede hablar de ellos dentro de un año. Además, ha pedido a todos los partidos políticos que hagan un esfuerzo por evitar la confrontación. “Si todos bajaran un poco el tono, los españoles lo agradeceríamos bastante”, ha concluido.
María Fernández, administrativa del Servicio Público de Empleo y delegada del sindicato CSIF, ha explicado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que hay mucha gente que aún no ha cobrado el ERTE y que temen que acuda a pedir explicaciones cuando abran las oficinas. “Tenemos miedo a abrir antes de que el dinero llegue a todas las familias porque yo he recibido insultos, cuando salimos hacia nuestra casa tenemos que salir corriendo, pegan golpes en los cristales”, ha asegurado Fernández. “Si abrimos es normal que la gente venga a agolparse a las oficinas porque muchos no tienen para comer; yo como madre, lo entiendo, si no tengo para dar de comer a mis hijos y alguien tiene mi dinero voy a buscarlo como sea. La desesperación provoca situaciones complicadas y puede pasar algo que nadie quiere que pase”, ha recalcado.
Fernández ha asegurado que los empleados del SEPE están desbordados por la avalancha de solicitudes que tienen que atender. “De un día para otros cuatro millones de personas se vieron inmersas en un ERTE y nuestra plantilla era de 6.000 funcionarios. Es imposible gestionar esa cantidad de expedientes”, ha dicho Fernández. “En mi oficina de Baleares trabajamos cinco personas y recibimos más de 150 solicitudes por día. Es inviable, el colapso va a seguir durante meses”, ha insistido.
La Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, que los trabajos para cambiar la legislación laboral de nuestro país se retomarán cuando lo permita la pandemia, aunque no ha querido precisar fechas concretas. “Es imprescindible cambiar la legislación laboral de nuestro país […] Nos va a costar más salir de la crisis por las debilidades de nuestro mercado laboral que tienen el marchamo de la reforma laboral del PP. Se trata de una legislación tildada por De Guindos como muy agresiva y que dejó en absoluta desprotección a nuestros trabajadores”, ha explicado.
Díaz defiende que ese cambio en la legislación laboral se negocie con los agentes sociales. La mesa del diálogo social, 'rota' tras el acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral se ha vuelto recomponer y la ministra ha subrayado el papel clave de los agentes sociales. “Es imprescindible que exista el diálogo social. Los agentes han de formar parte de las decisiones relevantes que se deciden en nuestro país, pero también es clave que se dirija con cierta discreción. Agradezco a los agentes sociales que dejen a un lado sus diferencias”, ha admitido.
Díaz ha afirmado, además, que"sin lugar a dudas" está abierta a la posibilidad de que ERTEs puedan extenderse hasta finales de año en aquellos sectores que lo necesiten. "Es una evidencia que la empresa y los trabajadores quieren que se extiendan más allá.Desde luego tengo la clara convicción de que hay sectores que, por desgracia, van a requerir de ese acompañamiento", ha señalado.
La ministra de Trabajo y Economía Social cree que el Gobierno podría pactar unos presupuestos con Ciudadanos “sin lugar a dudas” y ha agradecido a la formación liderada por Inés Arrimadas haber apoyado las prórroga del estado de alarma. La titular de Empleo considera que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska ha dado “cumplidas explicaciones” sobre la destitución del coronel Pérez de los Cobos y ha acusado a la oposición de "no haber estado a altura”.
La presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, ha explicado en ‘Las mañanas de RNE’ que están llevando a cabo una campaña para comprobar si las empresas están haciendo los ERTE de forma correcta. Por ejemplo, se aseguran de que los trabajadores que están cobrando el ERTE no han estado trabajando o que las empresas no han hecho actas ficticias. Ercoreca ha recordado que, en el caso de una infracción grave, las empresas pueden enfrentarse a sanciones de hasta 187.000 euros, mientras que el trabajador tendría que devolver la prestación sólo si se demuestra que era consciente de las irregularidades.
Cada vez más empresas reciben curriculums en los que los candidatos subrayan que han pasado el coronavirus y que son inmunes. Para las compañías esto puede suponer un problema ya que los datos sobre salud son muy sensibles y están obligadas a proteger esa información de una forma especial. Pero genera además un debate ético, sobre si se puede elegir a un candidato por su estado de salud
Última hora del coronavirus en España
Un teléfono móvil con datos suficientes para conectarse a internet, puede ser la única ventana de salvación para miles de personas en situación de vulnerabilidad y que necesiten tramitar ayudas. Trabajadores sociales de Madrid han diseñado una web que enseña a hacerlo.
Desde que se declaró el estado de alarma, miles de personas en la Administración y profesionales del trabajo social se han aplicado en tramitar una avalancha de solicitudes de ayudas, rentas mínimas reguladas por las Comunidades Autónomas, los conocidos ERTES, que han proliferado llegando a crear una verdadera capa social de afectados por los mismos.
El cuello de botella creado por semejante pico de trabajo ha provocado retrasos con efectos críticos en los destinatarios de las prestaciones, que de un día para otro se han quedado sin ingresos y paralizados por el confinamiento. Frente a esta situación, la tramitación telemática se ha convertido en un alivio al peso de una montaña de expedientes bajo la que miles de familias aguardan para seguir viviendo.
Un ordenador, un tablet, un teléfono móvil con datos, un locutorio, pueden marcar la diferencia, y no solo eso, además hay que saber usarlos. La carencia de estas condiciones es lo que se denomina ‘brecha digital’, y afecta a las clases más desfavorecidas, tanto por formación, como por la disponibilidad de tecnología.
Y ya no hablamos solo de trámites oficiales. Acudir a una de las colas de entrega de alimentos que han proliferado tras el golpe económico de la pandemia, requiere muchas veces tener un móvil por una simple cuestión de orden y organización. Es el caso de Mari González, de origen dominicano, que hace cola en la parroquia de Santa María Micaela en Madrid. Allí la Fundación Madrina presta ayuda y distribuye alimentos donados o suministrados por Servicios Sociales.
Lucía Gorjón,investigadora de ISEAK y doctora en Economía, considera que el ingreso mínimo vital, a falta de conocer los detalles, es una herramienta adecuada para luchar contra la pobreza en nuestro país. Gorjón cree que el error de este tipo de políticas es que sólo saca de la extrema pobreza a los hogares más pequeños, por lo que aboga por dar esta prestación de una manera más equitativa. "El ingreso mínimo vital suaviza la intensidad de la pobreza, es decir, los beneficiarios son menos pobres, pero no dejan de serlo".
En Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, Gorjón ha expresado que la puesta en marcha del ingreso mínimo vital conlleva un riesgo: "la trampa de la pobreza". El hecho de que haya personas que prefieran cobrar esa ayuda a buscar trabajo puede suponer un problema. Para evitar esta situación, Gorjón plantea queel ingreso mínimo vital venga acompañado de otras políticas complementarias y estímulos al empleo "para que el escenario de trabajar sea preferible a no hacerlo”.