Ministerio de Trabajo y Economía Social

El Consejo de Ministros ha aprobado el ingreso mínimo vital para reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Se trata de una prestación de carácter permanente que busca garantizar un umbral mínimo de ingresos para todas las familias. Cuatro de cada cinco personas en situación de pobreza en España, unos 850.000 hogares según la Seguridad Social, podrán cobrar esta prestanción. De ellos, 100.000 no tendrán ni que pedirlo, se le entregará de oficio en primera instancia.

Para poder solicitar el ingreso mínimo vital hay que cumplir una serie de requisitos. En prier lugar, tenerentre 23 y 65 años, aunque la edad mínima podría bajar si hay hijos a cargo. Además, la renta de un adulto que viva solo no debe haber superado los 16.614 € en el último año y 43.200 € para una familia con cinco o más miembros. El ingreso mínimo vital será compatible con otras rentas salariales e irá vinculada a la búsqueda activa de empleo.

La prestación se podrá solicitar desde la sede electrónica de la Seguridad Social a partir del 15 de junio y se cobrará mensualmente con efectos retroactivos desde el día 1 de junio.

El vicepresidente segundo del Gobierno ha hablado de la medida como"el mayor avance en derechos sociales desde la ley de dependencia de 2006" y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado"que va a tener un impacto extraordinario en la reducción de la pobreza".

Informa Esperanza Martín

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El Gobierno ha anunciado que prorroga hasta el 30 de septiembre las medidas extraordinarias por el coronavirus, para facilitar la contratación de temporeros para la agricultura, cuya vigencia acababa el 30 de junio.

• PSOE y Podemos pactaron con EH Bildu la reforma "íntegra" a cambio de su abstención en la votación del estado de alarma
• Tras conocer el acuerdo, Calviño forzó la rectificación del PSOE y aseguró que en estos momentos sería "contraproducente"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido en el Senado por primera vez tras el acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para "derogar la reforma laboral" y ha resaltado que el diálogo social con patronal y sindicatos es un "firme compromiso del Gobierno". La ministra ha pedido consenso político para hacer transformaciones laborales de fondo. "Es el momento del acuerdo", ha admitido.

Informa Esperanza Martín

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha indicado que el pacto entre EH Bildu y el Gobierno ha sido “un lío político” que hay que “relativizar” porque “los términos del acuerdo coinciden con el acuerdo de investidura”. “No aporta gran cosa sobre lo que ya sabíamos y sobre lo que queríamos trabajar”, ha señalado. También ha añadido que los trabajos se interrumpieron por la pandemia y ha esperado retomarlos “pronto”.

“Los aspectos más lesivos de la reforma laboral son todos”, ha puntualizado Sordo en respuesta a las declaraciones de la vicepresidenta económica Calviño. El secretario general de CCOO ha explicado que las reformas laborales deben conducirse mediante el diálogo social porque “mejorar la situación de los trabajadores pasa por dar alternativas”. Es decir, crear una nueva legislación que sustituya a la reforma laboral que los sindicatos y el Gobierno quieren derogar. “La reforma del Partido Popular fue decretada sin consenso social”, ha indicado Sordo, que pese a considerar “prioritaria” la crisis del coronavirus, no ha renunciado a derogar la reforma laboral de 2012.

Sobre la no asistencia de la patronal a la reunión prevista esta tarde junto al ministro José Luis Escrivá, Sordo ha dicho que “no conviene sobreactuar” y se ha mostrado “convencido” de que la CEOE volverá a la mesa de diálogo porque la situación económica es “muy complicada”. “Estábamos haciendo bien las cosas”, ha declarado y ha incidido en que “por primera vez” la gran caída del PIB no ha sido acompañada de una gran caída del empleo, “a un coste de recursos públicos importantes”. “Hace falta un gran acuerdo para superar la crisis del coronavirus y recuperar las negociaciones que teníamos antes de marzo”, ha indicado.

En relación a los fraudes con los ERTE, Sordo ha señalado que le consta que existan, aunque ha asegurado que no es una generalidad: “Algunos trabajadores me han llamado para contarme que siguen trabajando mientras están acogidos a un ERTE”.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado muy crítico con el acuerdo del Gobierno y EH Bildu para derogar la reforma laboral. En una entrevista en el Telediario de TVE, Garamendi ha asegurado que la decisión va "en dirección contraria" a lo que significa hacer las cosas bien. El presidente de la CEOE ha insistido en que "es muy peligroso lanzar mensajes no adecuados en una economía" ya que esto puede desencadenar en una pérdida de confianza no solo de cara a las empresas españolas, sino también a nivel global.

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Tumbar la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012 supondrían encarecer la indemnización por despiedo improcedente, que pasarían de 33 a 45 días por año trabajado. Además, las empresas no podrían aligerar plantilla sólo por una disminución de ingresos,  sino que se les exigiría acreditar perdidas. La justicia recuperaría la tutela sobre los despidos colectivos y el convenio del sector volvería a estar por delante del de empresa. Además el convenio seguiría vivo que se pactara uno nuevo. Informa Esperanza Martín.

Gobierno, empresarios y sindicatos han escenificado en La Moncloa la vuelta al diálogo social con la firma del primer acuerdo para hacer frente a la crisis del coronavirus: un acuerdo para prolongar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) hasta el 30 de junio. Mañana lo ratificará el Consejo de Ministros; este miércoles se reunirán por primera vez y analizarán la situación económica de cada sector económico. Entre los más perjudicados están el turismo y la automoción, que podrían mantener las condiciones de los ERTE más allá de la fecha acordada, según ha avanzado la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Yolanda Díaz, ministra de Empleo, ha asegurado que, durante el confinamiento por el coronavirus: "el teletrabajo está siendo muy bien valorado". "Por eso urge legislar sobre el trabajo a distancia. Ha quedado claro que necesitamos legislar sobre el tiempo del trabajo y los cuidados", ha añadido.

Sindicatos y patronal han dado el visto bueno al acuerdo para extender los ERTE por causa mayor hasta el 30 junio, aunque no se prorrogan todas las ventajas. Por ejemplo no podrán acogerse a ellos las empresas radicadas en paraísos fiscales. Además las compañías que se beneficien de ellos no podrán repartir dividendos y sigue la exigencia del mantener el empleo durante al menos seis meses salvo que la empresa esté al borde de la quiebra.

Yolanda Díaz ha anunciado este viernes que el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales han alcanzado un acuerdo para mantener los ERTE y buena parte de sus ventajas durante el confinamiento por el coronavirus hasta el 30 de junio. "Un pacto que es equilibrado porque pondera la protección con la incorporación paulatina a la actividad laboral y económica. Y que también tiene que ver con la protección social, sin dejar a nadie atrás. Priorizando el mantenimiento y la conservación del empleo y también con algunas garantias que hay que preservar como la nueva actuación en paraísos fiscales o que no acudan a reparto de dividendos en los momentos en los que nos encontramos".

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció la creación de una comisión tripartita que analizará qué sectores necesitarán ayudas tras el fin del estado de alarma. Este grupo de estudio se reunirá cada miércoles y comenzará a trabajar en breve.

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• Sindicatos y patronal han ratificado el acuerdo este viernes
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Después de una larga reunión, los agentes sociales y el Gobierno han llegado a un principio de acuerdo para extender los ERTE más allá del estado de alarma, según han confirmado a Radio Nacional fuentes próximas a la negociación. Los máximos órganos de empresarios y sindicatos deberán dar el visto bueno al texto o rechazarlo. Es un giro tras la negativa empresarial a que los despidos se prohibieran seis meses más una vez finalizase el estado de alarma. Se trata de animar a las empresas a que vayan reincorporando a los trabajadores a la actividad empresarial y hacerlo diviediéndolas en dos grupos: por un lado las que no pueden hacerlo con exoneración en el pago de las cuotas y las que vayan recuperando la actividad, a las que las ayudas se les irán modulando. Informa Esperanza Martín.

Entre marzo y abril la crisis del COVID-19 ha dejado 585.000 parados más y 3,4 millones de trabajadores en un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE). A 300.000 de ellos no se les ha reconocido aún esa prestación, aunque el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Esctivá, ha señalado que se les realizará el cobro en los próximos días. Para muchos de los desempleados, sus principales preocupaciones son la falta de ingresos, la dificultad para tramitar prestaciones y también su futuro laboral, que ven muy complicado, en una crisis en la que tres de cada cuatro parados pertenece al sector servicios.

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Alicia Aradilla, socióloga y autora del libro Teletrabajar, pero bien, ha explicado en 14 horas que el teletrabajo es la única forma para conciliar vida familiar y laboral durante la desescalada: "Hemos pasado de estar cansados de trabajar desde casa a desearlo", ha dicho. "El teletrabajo ha pasado de ser importante a ser urgente. Este modelo en la desescalada es el que más facilidades da para conciliar la vida familiar".

También ha insistido en la diferencia entre el teletrabajo y trabajar desde casa: "Es diferente teletrabajar y trabajar desde casa. El teletrabajo no tiene que significar precariedad", ha comentado. También que al estar en casa "hay cierta autoesclavitud".

El confinamiento ha obligado a muchos al teletrabajo y durante estos casi dos meses no hemos hecho más que conocer anécdotas relacionadas con la complicación de ejercer tu profesión desde casa. David Asensio y Toño Pérez recopilan algunas de ellas y se adelantan a la nueva normalidad que nos espera previsiblemente para verano gracias a lo que ya está ocurriendo en otros países, como en China, donde los niños han vuelto a las aulas con sombreros de más de un metro de largo para mantener la distancia de seguridad. Además, nos traen otra buena tanda de sancionados por saltarse el confinamiento, como el hombre que paseaba a sus peces por Logroño o la mujer que fingió su propio secuestro para acudir a una fiesta de cumpleaños.

El Gobierno fía la recuperación de los datos de empleo a la desescalada de las medidas contra el coronavirus, mientras la oposición habla de unos datos de la EPA muy preocupantes.