En cuestión de horas, Jesús Terciado ha pasado de anunciar que se apartaba de forma temporal del cargo a presentar su dimisión. La justicia le investiga por una denuncia de la patronal de Salamanca. Le acusan de presuntos cobros irregulares a CEPYME entre 2010 y 2012 a través de sus empresas.
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha dicho que "la CEIM ha tomado dos decisiones, una ayer de abrir un proceso electoral para sustituir al presidente actual y hoy otra, que es sustituir a Arturo Fernández como miembro de la Junta Directiva de la CEOE". Dentro de la Junta no se han expresado quejas por el comportamiento de Fernández, segun fuentes patronales, y sí algunos agradecimientos por su labor.
El vicepresidente primero de la CEOE, Arturo Fernández, ha puesto su cargo a disposición de la patronal tras verse implicado en el escándalo de las tarjetas opacas al fisco de Caja Madrid, en lo que él considera un "cese voluntario", pero no una dimisión. Según ha explicado Fernández en una entrevista concedida a T con T, lo ha hecho "para no dañar a la institución".
Arturo Fernández quiere seguir como presidente de la patronal madrileña unos meses más. Califica de escándalo el asunto de las tarjetas opacas de Caja Madrid, que él utilizó. Dice que ha devuelto los 38.000 euros que gastó con la suya, una parte en sus propios restaurantes. Marca plazos para irse, una vez que haya convocado nuevas elecciones en CEIM.
Los parados de larga duración tendrán más ayudas a partir de octubre. El presidente del Gobierno se ha comprometido en la reunión que ha mantenido con los agentes sociales. En este encuentro también se han cerrado otros temas para negociar después del verano (30/07/14).
Patronal, sindicatos y Gobierno coinciden en que la recesión ha quedado atrás aunque hay que consolidar el crecimiento económico. El acuerdo incluye negociar una propuesta sindical para proteger a los parados de larga duración con cargas familiares y que vivan en un hogar sin ingresos. Los sindicatos cifran el coste en 2.500 millones y creen que podría beneficiar a 500.000 personas. El Gobierno, por su parte, está haciendo un mapa con las prestaciones estatales y autonómicas para identificar a los que podrían necesitar ayuda.
Ver también: acuerdo de propuestas para fortalecer el crecimiento y el empleo (PDF)
El presidente del Gobierno se ha reunido en Moncloa con patronal y sindicatos para impulsar el diálogo social y poner en común los datos, que según el Ejecutivo, apuntan a una recuperación económica.
El presidente de Cepyme, Jesús Terciado, instó este miércoles al Gobierno a "repensar" la medida que obliga a cotizar las indemnizaciones por despido, y apostó por incluir otros "parámetros" como el ahorro o los bienes en el momento de establecer las exenciones a esta medida. El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha pedido la retirada de la propuesta ya que no se puede "dar una patada" al conjunto de la gente "si hablamos de 100 o 200 personas".
Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO. han pedido una reforma profunda de la Constitución después de conocer la abdicación del rey don Juan Carlos en su hijo, el príncipe Felipe. Desde el ámbito económico, social, cultural o científico también se ha elogiado la figura del Rey. Los presidentes de las principales empresas del país, confían en la capacidad del Príncipe.
El vicepresidente de la CEIM ha expresado su profundo respeto, agradecimiento y afecto a don Juan Carlos. También el agradecimiento de todos los empresarios por su papel en el exterior y asegura que "es una figura imborrable de la Historia de España" (02/06/14).
Mariano Sánchez, presidente de la Federación del Taxi de Madrid, ha dicho que el sector no va a permitir que vehículos sin autorización se dediquen al transporte de personas. Además, el sector no entiende que el Ministerio de Fomento permita realizar esta actividad sin ningún tipo de autorización ni seguro. Desde la Federación del Taxi de Madrid han señalado que aplicaciones como Uber "están generando un fraude no solo al sector del taxi sino al conjunto de la sociedad" porque se fomenta la economía sumergida y el fraude fiscal al no existir control administrativo sobre los particulares que utilizan la aplicación.
