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El Senado argentino ha aprobado esta madrugada por amplia mayoría un proyecto gubernamental de ley que dispone la expropiación del 51 % de las acciones de YPF a la española Repsol, principal accionista de la petrolera argentina. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández y que ahora pasa a la Cámara de Diputados dónde se debatirá el próximo tres de mayo, ha sido aprobada por 63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, tras quince horas de debate.

El oficialismo ha sumado este miércoles apoyos en el Senado argentino para avanzar en la aprobación del proyecto de ley de expropiación de la petrolera YPF al grupo español Repsol durante un largo debate que se prolongará hasta bien entrada la noche y dará paso a su aprobación definitiva en el Parlamento.

El debate en el Senado, que puede prolongarse durante más de diez horas, ha permitido a la oposición cargar contra la política energética de Cristina Fernández y cuestionar el nombramiento del ministro de Planificación, Julio de Vido, al frente del equipo de interventores de YPF.

Al gobierno argentino no parece preocuparle la aplicación de la orden ministerial de Industria de primar el biodiesel español y europeo por encima del argentino. Tampoco las posibles represalias comerciales de la Unión Europea, aunque las negociaciones entre Europa y el Mercosur podrían verse complicadas.

Uno de los pilares básicos de los acuerdos de paz firmados entre los dos países. Tel Aviv ve con preocupación esta decisión, y dice que es un precedente peligroso. El Cairo dice que si Israel quiere gas tendrá que pagar más e insiste en que la disputa es comercial, no política. Sin embargo, desde la caída de Mubarak, hace más de un año, el gasoducto, instalado en el Sinaí, ha sufrido 14 atentados en 15 meses. También genera desconfianza la valla que está construyendo Israel para blindar su frontera con Egipto.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha explicado que el objetivo en la crisis abierta tras la expropiación de YPF por el Gobierno de Argentina, es "llegar a un acuerdo dialogado con España sobre la tasación" de la compañía.

Además, ha señalado que para Argentina "el interés no es quedarse fuera de la economía internacional" y por eso, el principio básico "en ningún caso es causar daños a las relaciones" entre ambos países que "siempre han sido espléndidas". Lo ha explicado después de participar en un encuentro con los ministros de Exteriores de la Unión Europea, a los que ha planteado la posibilidad de continuar las negociaciones con Mercosur sin Argentina.

García-Margallo, ha avanzado que "no sería de extrañar" que el Gobierno argentino estuviera "buscando un socio extranjero a quien vender" la participación de YPF expropiada a Repsol. El ministro cree que "ni YPF ni Argentina pueden hacer frente" en cinco meses, a los vencimientos de 1.600 millones de dólares. Una posibilidad que, ha añadido, hace la expropiación sea "arbitraria" y "contraria a derecho".

Repsol advierte que emprenderá acciones legales contra cualquier compañía que invierta en YPF aprovechándose de la expropiación. Y una semana después se van conociendo nuevos detalles de cómo fue la ocupación de la sede de la empresa en Buenos Aires. A los interrogatorios a los altos cargos se sumó un registro no autorizado en el domicilio del presidente de Repsol.

El Gobierno seguirá trabajando en los foros diplomáticos para dar una respuesta a la decisión argentina de expropiar YPF y agradece el apoyo recibido de la Unión Europea y Estados Unidos, tras una semana intensa y difícil para las relaciones entre España y Argentina. La decisión del Gobierno de Cristina Fernández de expropiar YPF, la filial de Repsol, levantaba ampollas a este lado del Atlántico. Medida que ha lesionado las históricas buenas relaciones entre ambos países. Repsol anuncia que acudirá a los tribunales para que Argentina pague la cantidad que reclama la petrolera por la nacionalización: 8.000 millones de euros. Algo que Buenos Aires asegura que no hará. La mayoría de los líderes latinoamericanos apoya a España tras una decisión que consideran injusta y perjudicial para la región. De hecho, otras empresas españolas asentadas en Argentina siguen con preocupación esta crisis, porque creen que también podría afectar a sus inversiones.