Ver también: Especial sobre la crisis de deuda pública en Europa
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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo va a impulsar un cambio en la ley para que se pueda exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos. "Lo que vamos a hacer ahora es un cambio que llamamos Ley de Transparencia de Gobierno. Vamos a exigir responsabilidades penales para los gestores públicos", ya sean políticos o personas nombradas por políticos, apuntó Montoro en declaraciones a la Cadena Ser.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha señalado que va a "renovar el compromiso de las comunidades y ciudades autónomas con la reducción del défciti público para salir de esta crisis económica". Lo ha señalado antes de comenzar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se espera un debate sobre la ley de equilibrio presupuestario.
Reunión del Ministro de Hacienda con las comunidades autónomas. Montoro pedirá a las autonomías que establezcan un techo de gasto y también se propondrá una ampliación del plazo para devolver la deuda que las comunidades tienen con el Estado.
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, se muestra preocupado por el hecho de que el Gobierno pudiera controlar los presupuestos del País Vasco, asunto que abordará en su próximo encuentro con el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy. "Nosotros tenemos una autonomía, tenemos también unos derechos históricos, tenemos una fiscalidad... Yo creo que es necesario aclarar cuáles son las ideas que el presidente del Gobierno español actual tiene", explica (17/01/12).
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido este domingo que "se apuren las horas y los minutos" en las negociaciones entre la patronal y sindicatos sobre la reforma laboral.
El Estado anticipa dinero a las comunidades teniendo en cuenta lo que espera ingresar por impuestos. Cuando se ingresa menos de lo calculado, las comunidades tienen que devolver la diferencia -24.000 millones de los anticipos de 2008 y 2009-. Algunas pedían devolverlos en 10 años, pero el gobierno anterior marcó un plazo de 5. Ahora Montoro responde a esa petición autonómica para que puedan hacer frente al pago de los servicios públicos como la sanidad y la educación.
Las comunidades tendrán que fijar un techo de gasto antes de elaborar sus presupuestos. Sus cuentas podrán desviarse pero solo cuando el déficit de todas las administraciones sea inferior al 0,4% y la deuda esté por debajo del 60% del PIB. Si se saltan los límites marcados, se activará un mecanismo para corregir los desvios y en caso de que conitnúe, habrá sanciones.
Se tendrá muy en cuenta la reincidencia y el incumplimiento.
En paralelo, y para ayudarles a ajustar sus cuentas, el gobierno dará libertad a las comunidades para decidir si quieren continuar gestinando las televisiones autonómicas o privatizarlas. Los consejeros conocerán más detalles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo martes.
El Gobierno espera recaudar al menos 8.000 millones de euros a través de un nuevo Plan General de Lucha Constra el Fraude Fiscal. La economía sumergida en España representa el 23% del PIB, 245.000 millones de euros. Entre otras medidas, el Ejecutivo estudia limitar los pagos en efectivos, aunque aún no se ha fijado una cantidad. En países como Italia y Francia ya se ha aplicado esta medida.
El portavoz de la Generalitat catalana, Francesc Homs, considera "intolerable" que el Gobierno pretenda controlar los presupuestos de las comunidades autónomas y ha avisado que esta supervisión pone en riesgo la autonomía financiera. Otras comunidades se han mostrado a favor.
El anuncio del Ministro de Economía de establecer un control sobre los presupuestos de las autonomías antes de su aprobación ha provocado las críticas de varias comunidades. Cataluña dice que es inaceptable y Canarias asegura que lo llevará al Constitucional. En una entrevista al Financial Times Luis de Guindos dice que la ley podría aprobarse en marzo.
