Turquía no hará los ajustes en su legislación antiterrorista exigidos por la Unión Europea (UE) para dar luz verde a la eliminación de la necesidad de visado para los ciudadanos turcos, según ha anunciado este viernes el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.
Una persona ha disparado este viernes contra el prestigioso periodista Can Dündar, sin alcanzarle, durante una pausa en el juicio al que el reportero se enfrenta en un tribunal de Estambul por revelación de secretos.
El agresor ha disparado dos veces su arma contra Dündar pero sólo ha herido de forma leve a otro periodista, de la cadena NTV, y fue detenido de inmediato. Según la cadena CNNTürk, el agresor ha sido identificado como Murat Sahin, de 30 años, pero aún no ha aclarado sus motivos. "Estábamos saliendo del tribunal para tomar un té. Iba con mi mujer, cuando un hombre se acercó y gritó: 'Eres un traidor' y disparó contra mí. No me alcanzó. La bala dio a un colega", relató el periodista. ha relatado el propio Dündar a EFE en conversación telefónica.
El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, ha anunciado que dejará liderazgo del partido gubernamental, el islamista AKP, en un congreso extraordinario el próximo 22 de mayo, una decisión que supondrá su salida del Gobierno turco. Los analistas dan por hecho que su dimisión se debe a desavenencias con el presidente del país y fundador del AKP, Recep Tayyip Erdogan, quien busca nombrar a un hombre más de su confianza.
Los dirigentes europeos afrontan un dilema sobre el que ya han tomado posición. La gestión de la crisis de los refugiados pasa por la colaboración con Turquía, uno de los principales receptores y punto de paso de los que se dirigen a Europa. Pero los acuerdos no solo deben ser operativos, sino que la calidad de los actores debe estar acorde al baremo ético de la Unión.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha convertido por tanto en un colaborador imprescindible para Europa, pero cuya política de censura a la prensa choca con los valores de libertad de expresión reconocidos en el ámbito europeo. Cuenta además, el interés particular de la potente Alemania, ahogada por la presión migratoria. Angela Merkel, enfrentada, incluso, a sus ministros de Justicia y Exteriores, ha desempolvado un anacrónico delito por "injurias a un mandatario extranjero" para procesar a Jan Böhmermann, un presentador de la televisión alemana que, de cuando en cuando, se burla del "califa" turco. Ebrú Umar, una columnista holandesa de origen turco que estaba en su casa de Kusadasi, tuvo que salir de madrugada. Detenida.
"El Jefe del Bósforo ha erigido un palacio con 1.000 habitaciones en una zona protegida. La libertad de prensa se le atraganta. Si un periodista publica algo que no le gusta, termina en la cárcel y se arrasa la redacción". Cuando el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, supo que la cadena regional pública alemana NDR había emitido hace dos semanas esta canción satírica, no lo dudó un momento: llamó al embajador alemán a consultas y le exigió que se retirara el video de internet. Lo que hubiera sido una simple emisión en Alemania se ha convertido en un conflicto diplomático.
El presidente Recep Erdogan prometió mano dura contra el terror después del brutal atentado con coche bomba contra una estación de autobuses en pleno centro de Ankara, en el que murieron 37 personas y otras 120 resultaron heridas. Aunque ningún grupo ha reivindicado el ataque por el momento, el Gobierno se lo atribuye a la guerrilla kurda y, esta mañana, la aviación turca ha bombardeado posiciones del grupo en el norte de Irak (14/03/16).
El pacto debe ratificarse en la cumbre de líderes de la Unión Europea y Turquía que se celebrará el próximo 7 de marzo.
Unos 30.000 civiles sirios esperan poder cruzar la frontera con Turquía después de que el gobierno turco haya decidido cerrar el paso de Oncupinar. El gobierno de Erdogan dice que no está en condiciones de albergar a más refugiados pero les facilitará ayuda en territorio sirio.
Turquía tiene censados a unos 2,5 millones de refugiados sirios, de los que 260.000 viven en campamentos gracias al apoyo de las autoridades, mientras que el resto sobrevive por su cuenta, normalmente trabajando ilegalmente, dado que aún no está en vigor la anunciada ley que regulará su acceso al mercado laboral
