Referéndums y consultas populares

Un agente de la Guardia Civil que analizó la documentación incautada al ex secretario de Hacienda de Cataluña Lluís Salvadó ha declarado en el juicio que encontraron en un pendrive el texto de un correo electrónico en el que hablaban de "que pidieron financiación a China" por 11.000 millones de euros como parte de los ingresos que necesitaban para soportar desde la declaración de independencia hasta que tuvieran una estructura administrativa propia que les permitiera recaudar impuestos con normalidad.

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Un guardia civil que formaba parte de la comitiva judicial que registró la Consellería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre de 2017 ha declarado este miércoles en el juicio del 'procés' que no pudo abandonar el edificio hasta pasadas las tres y media de la madrugada porque cuando acabaron el registro, unas siete horas antes, no era seguro para su "integridad" salir por la puerta debido a la manifestación que había.

El brigada de la Guardia Civil que realizó el registro de la nave donde se guardaban las cerca de diez millones de papeletas que fueron incautadas antes del referéndum del 1-O ha situado al actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, en las inmediaciones de la nave de Bigues i Riells, en Barcelona, en los días previos a la actuación policial.

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Un guardia civil que participó el 20 de septiembre de 2017 en el registro del domicilio del exsecretario de Hacienda de la Generalitat Lluís Salvadó ha declarado en el juicio del 'procés' el ex alto cargo pidió por teléfono a su secretaria que destruyera documentos. "Coge la pila de documentos y tíralos al patio". La secretaria, según la grabación de esta conversación relatada por el testigo, le respondió que ya había tirado algunos pero no todos porque ya estaba la guardia civil en el despecho de Economía.

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El ex secretario general de Diplocat Alberto Royo ha reconocido que pagaron el viaje y la estancia a un grupo de diputados y europarlamentarios que se desplazaron a Cataluña en las fechas del referéndum del 1-O, entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, pero ha negado que fueran "observadores internacionales" y los ha calificado de "visitantes internacionales" algo que, en su opinión, no tiene "nada que ver". La factura que abonó el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) fue de 40.591 euros, según ha confirmado su exresponsable en su declaración como testigo en el juicio del 'procés'.

El presidente del tribunal del juicio del procés, Manuel Marchena, ha respondido a la Fiscalía, que ha pedido deducir falso testimonio al director de Difusión Institucional de la Generalitat, Jaume Mestre, que no podían tomar esta decisión hasta que haya sentencia y se haya podido poner su declaración "en contraste" con el resto de pruebas. "Ahora no podemos (...) Más allá de las inexactitudes y respuestas evasivas no sabemos si ha dicho o no la verdad".

La Fiscalía ha pedido al tribunal de 'procés' que se investigue al director de Difusión Institucional de la Generalitat, Jaume Mestre, por si ha mentido en su declaración como testigo en el jucio sobre las campañas publicitarias que encargó la Generalitat sobre el 1-O y, por lo tanto, si ha incurrido en un delito de falso testimonio. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha respondido que hasta que hubiera sentencia no se podía decidir si procedía o no esa media, pero sí ha recordado al testigo que el delito de falso testimonio no solo consiste en no decir la verdad, sino también en alterarla con "inexactitudes".

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En el juicio del procés esta mañana ha declarado el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el responsable del despliegue policial durante el 1 de octubre ha culpado a los mossos y ha dicho que el uso de la fuerza fue proporcionado. Ni colaboración de los Mossos ni de sus responsables. El ex número dos de interior asegura que si los Mossos hubiesen dejado claro que cumplirían la orden de impedir el reféndum se habría desconvocado. Asegura se propuso a la Generalitat simular el referéndum, pero cumpliendo con lo que decían las órdenes judiciales. Asegura que ese día hubo personas organizadas para impedir el trabajo de la Policía el 1 de octubre y que, al final, se empleó la mínima fuerza imprescindible.

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• Elaboraron una guía en la que valoraron como clave destruir pruebas, como las imágenes de cámaras de seguridad
• También redactó un argumentario sobre cómo tenían que responder los trabajadores a la Guardia Civil