Al rey emérito se le ha abierto un nuevo frente con Hacienda. La Agencia Tributaria le investiga por las cacerías a las que fue invitado entre 2014 y 2018, según publica el diario El Mundo. Ya había abdicado y, por tanto, no estaba protegido por la inviolabilidad que conlleva la jefatura del Estado.
Durante el último año, la Agencia Tributaria ha pedido a Juan Carlos I que acredite quien pagó los vuelos y otros gastos en las cacerías. Si esos pagos superasen los 120.000 euros, podría existir un delito de fraude fiscal. Y aunque no alcancen esa cuantía, también puede haber consecuencias porque estaría invalidando la regularización complementaria.
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