Tribunal Supremo

• Valorarán el primer recurso presentado, el de Canarias, donde el TSJ ha rechazado mantener el toque de queda
• Ambas partes, además de los fiscales superiores de las autonomías, se volverán a reunir el martes

El Gobierno se abre a cambiar la ley si el Supremo no avala los toques de queda que pidan las comunidades para controlar la pandemia de coronavirus. El PP le recrimina que no haya previsto una alternativa jurídica y ofrece negociar en 15 días el plan B que ellos presentaron.

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Foto: Primer domingo después del fin del estado de alarma en Sevilla. EFE/Jose Manuel Vidal

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechaza la aplicación del toque de queda en la comunidad. Sin embargo, el gobierno autonómico tiene intención de seguir aplicándolo a la espera de lo que decida el Supremo. Así que de los cinco territorios que pidieron mantener el toque de queda, sólo Baleares y Comunidad Valenciana han conseguido el aval de la justicia, País Vasco no, y no ha recurrido al Supremo, y Navarra está pendiente de resolución.

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FOTO: Varios bañistas disfrutan de una jornada de playa en el municipio grancanario de Mogán. José María Rodríguez / EFE.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha tumbado el toque de queda en la comunidad. La justicia rechaza además el cierre permitral de las islas que se encuentran en los niveles de alerta 3 y 4. Eso sí, según el nivel de alerta, acepta limitar hasta un máximo de 10 personas las reuniones de no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios públicos y privados tanto cerrados como al aire libre. El gobierno canario ya ha anunciado que recurrirá el auto ante el Supremo y mientras tanto seguirán en vigor las medidas adoptadas.

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FOTO: turistas disfrutando de un día de playa en la localidad de Corralejo, en el norte de Fuerteventura. Carlos de Saá / EFE.

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• Lamentan que los políticos "se laven las manos" y trasladen la responsabilidad de decidir sobre las medidas al Supremo
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Tras las críticas vertidas por el Tribunal Supremo ante el decreto que les obligará a pronunciarse sobre las restricciones una vez que decaiga el estado de alarma, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, responde en RNE. “Pediría calma y sosiego. El decreto es tremendamente constitucional y empodera al Supremo para su rol constitucional, que es unificar doctrina”. Es categórico sobre el plazo de cinco días para dar una respuesta: “Claro que sí. Se cumplirá”. Campo se compromete a dar los recursos de personal que sean necesarios pero también apunta que no habrá un aluvión de recursos: “Como mucho, uno por comunidad”. A poco más de 24 horas para que decaiga el estado de alarma el Gobierno defiende que las CCAA tienen un “arsenal normativo suficiente” para tomar medidas que hagan frente a la pandemia.

Campo explica por qué el Ejecutivo descarta la reforma de otras leyes, como propone la oposición. “No hay clima para alcanzar consensos. Debemos recordar lo que nos ha costado sacar adelante las prórrogas del estado de alarma. Nunca hemos tenido apoyo. Ahora que la situación es más optimista, hay herramientas suficientes para hacerle frente”.

Campo es mucho más optimista cuando se le pregunta por un posible entendimiento con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Habla de necesidad y reconoce contactos con Enrique López, consejero de Justicia en funciones del PP en Madrid, después del 4M. Aunque no pone fecha y hora, asegura: “El acuerdo está hecho. Solo hay que encontrar el acuerdo para visibilizarlo y hacerlo público. Espero que ahora encontremos ese mecanismo”. Campo cree que el consenso en este momento es fácil y que hay voluntad por las dos partes.

Reconoce el mal resultado del PSOE en las elecciones del martes y dice que “hay que felicitar al que gana y hacer autocrítica. Es la clave de la democracia”. Eso sí, niega que la derrota vaya a influir en decisiones como qué postura adoptar ante los indultos solicitados por los presos del ‘procés’.

• Alertan de que será "problemático" cumplir con el plazo de urgencia de cinco días para resolver los recursos
• El Ejecutivo estableció que el Alto Tribunal tendrá la última palabra sobre las medidas aplicadas por las comunidades

• Las comunidades autónomas y el Gobierno cuentan con un nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo
• Podrán presentarlo cuando los Tribunales Superiores de Justicia o la Audiencia Nacional tumben sus medidas anticovid

El vicepresidente andaluz, Juan Marín, de Ciudadanos, asegura que el Gobierno de la Junta es sólido y que Juanma Moreno y él tienen un compromiso para agotar la legislatura y poder completar las reformas que están en marcha. “Estamos siendo capaces de encapsularnos de todo ese ruido”, ha dicho en RNE. Sobre la posibilidad de que la dirección del PP presione para que Moreno disuelva el Parlamento, es claro: “España son 45 millones de españoles. Es un poquito más grande que Madrid. Cuando el PP perdió en Cataluña no se leyó así. La política tiene estos picos de sierra y quien no sepa verlo, se equivoca”. Marín apoya la estrategia de Inés Arrimadas: “debemos ser capaces de ir en una dirección que no es fácil. La hemos elegido por convicción y vamos en la dirección correcta”. Cree que es acertado que personas como Begoña Villacís o como él, que tienen experiencia en gestión pública, se hayan incorporado a la alta dirección del partido y quita importancia a la salida de algunos de sus compañeros a las filas del PP. Recuerda que también ha ocurrido en la dirección contraria: “las puertas de Ciudadanos siempre están abiertas para los que quieren incorporarse y también para los que quieren salir”. Marín espera que Andalucía pueda recuperar el turismo este verano, con entre 8 y 10 millones de visitantes. Confía que la vacunación avance y critica el paso dado por el Gobierno para dejar en manos del Tribunal Supremo la decisión última sobre las restricciones. “El Gobierno ha dado una patada hacia adelante. No ha sido capaz en 14 meses de llevar al Congreso algo que nos permitiera tomar decisiones a partir de ahora. Es un verdadero desastre”, ha concluido.

La profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla,  Ana Carmona, ha hablado en 'Las mañanas de RNE' sobre el decreto aprobado por el Gobierno que deja en manos de los jueces del Supremo la autorización de medidas que limiten derechos y libertades cuando acabe el estado de alarma. "Es cierto que vamos a tener unas dosis más altas de seguridad jurídica porque se van a poder unificar criterios, pero los jueces no están para gobernar. La competencia del Supremo es administrar justicia, no tener la última palabra sobre las restricciones", ha asegurado Carmona. La profesora cree que, con ese decreto, el Gobierno no afronta el problema real. "La clave es que tenemos una ley de Salud Pública excesivamente genérica a la hora de permitir la restricción de derechos y es la que crea los problemas de seguridad jurídica", ha explicado Carmona, que cree que el decreto suavizará la inseguridad jurídica, pero no la va a neutralizar al 100% porque, dado que la incidencia del virus no es la misma en todos los territorios, el Supremo puede encontrarse con dificultades técnicas para unificar doctrina.

Horas después de que el Gobierno haya aprobado un decreto que, cuando decaiga el estado de alarma, deja en manos del Supremo la decisión última sobre las restricciones, analizamos la viabilidad de la medida con Agustín Ruiz Robledo. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada cree que, aunque este decreto dará una mayor seguridad jurídica a las CCAA, es difícil que pueda refrendar ciertas restricciones de derechos fundamentales. “Creo que no hay un jurista que defienda un toque de queda en una situación ordinaria, sin estado de alarma, porque es como un arresto domiciliario”. Añade que el cierre perimetral si es una cuestión más discutida. En todo caso, él considera que estas decisiones forman parte de la función legislativa y que se deberían haber reformado las leyes sanitarias que permiten tomar decisiones extremas en casos de alarma sanitaria como la actual. “El instrumento jurídico no puede ser la justicia ordinaria” ha concluido Ruiz Robledo.

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• La exconsellera insiste en que continuará trabajando "por una solución política para este conflicto político"

• Esta decisión supone igualdad de condiciones para progresar de grado, categoría, escalón u otros conceptos
• El Pleno de la Sala ha desestimado el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra la sentencia

El abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha expresado su satisfacción con la decisión del Tribunal Supremo de rebajar a la mitad, de cinco a dos años y medios de cárcel, la pena que la Audiencia de Granada impuso a la mujer por sacar a sus dos hijos de Italia alegando malos tratos por parte de su padre. "Hemos conseguido el objetivo, la sentencia inicial era excesivamente severa. No obstante, estamos pendientes de que la justicia italiana se pronuncie sobre la cuestión inicial, los malos tratos del padre a la familia y la custodia de los niños". Aránguez ha asegurado que van a solicitar la suspensión de la pena hasta que no se resuelva el indulto que van a solicitar al Gobierno.

• El Alto Tribunal ha rebajado a la mitad la condena de cinco años al considerar que solo cometió un delito
• La Audiencia de Granada veía dos delitos por ser dos los menores implicados, sus dos hijos

• El decano del Colegio de Abogados de Cantabria cifra en un 26% la reducción de expedientes durante 2020, por la pandemia
• Andrés De Diego pone en valor la mediación, frente al proceso judicial clásico, por ser "útil para las partes y la administración"

Durante la pandemia se han reducido un 26% el número de expedientes judiciales. Lo ha asegurado el decano del colegio de abogados de Cantabria, Andrés de Diego, en el programa Encuentros de RNE en Cantabria. Por el contrario, De Diego vaticina que cuando se supere la crisis sanitaria, habrá por contra una avalancha de procedimientos, laborales, societarios y de reclamaciones como consecuencia de los cierres de establecimientos, especialmente de hostelería.

• Ha dado diez 10 días a la Fiscalía para que formule su acusación