El rey Juan Carlos está investigado por tres posibles causas. Ninguna de ellas está judicializada, está aún en manos de la Fiscalía. Una tiene que ver con el supuesto cobro de comisiones para conseguir el proyecto del AVE a La Meca. La segunda tiene que ver con el presunto uso de tarjetas opacas entre los años 2016 y 2018. Hay una tercera sobre la posible fortuna que Don Juan Carlos tendría oculta en la isla de Jersey. Además, tanto Hacienda como la Fiscalía estudian las dos regulaciones fiscales del rey emérito de los últimos años. Informa Araceli Sánchez
España es de los pocos países europeos que no han extendido el uso del certificado COVID más allá de pedirlo para viajar. El único sitio donde se aplica para la hostelería y el ocio nocturno es en Galicia. Canarias, Andalucía y Cantabria también lo han intentado, pero sus tribunales superiores lo rechazaron. "En virtud del principio de no discriminación, lo óptimo es que se pidiera únicamente cuando toda la población haya tenido la oportunidad de vacunarse", recuerda Gabriel Moreno. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura prevé que el asunto acabe en el Supremo para unificar criterios.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto este año nuevas líneas de investigación a Juan Carlos I, pero aún no ha dado el paso de judicializar ninguna. La primera, el presunto cobro de comisiones millonarias por la construcción del AVE a La Meca cuando aún era jefe de Estado. La segunda investigación se centra en lastarjetas opacas que supuestamenteutilizó Juan Carlos y su entorno familiar entre 2016 y 2018 tras su abdicación. La tercera investigación es unaposible fortuna en un paraíso fiscal en la isla británica de Jersey. El monarca ha hecho, durante este tiempo, dos regularizaciones fiscales de 5 millones de euros. Si Hacienda y la Fiscalía aprueban esos pagos y no se encuentran indicios sólidos de delitos tras su abdicación, el monarca podría evitar un procedimiento judicial en España.
El retrato del rey ha vuelto al salón del pleno de Barcelona tras seis años de su retirada y por sentencia del Tribunal Supremo. Una fotografía pequeña que, según la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se expone por imperativo legal. La alcaldesa, que llevaba una mascarilla con la bandera republicana, ha advertido que quien no volverá a la sala de plenos será el rey Juan Carlos por no ser el jefe del Estado y estar, ha dicho, fugado de la justicia.
FOTO: Una mujer fotografía la imagen del Rey colocada en la sala de plenos del Ayuntamiento de Barcelona. David Zorrakino / Europa Press.
La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, dice que el Gobierno tendrá que estudiar si el fondo que pretende crear la Generalitat para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas tiene una base jurídica real: “Solo podrá aceptar si tiene base jurídica real”. Dicho esto, insiste en que todo el conflicto con la Generalitat debe solucionarse por la vía política: “Todo lo que vaya encaminado a avanzar hacia la vía política, el diálogo y la desjudicialización es un buen paso, pero si tiene las garantías jurídicas”. Añade que, en todo caso, que el Tribunal de Cuentas es un órgano controlado y que “no está renovado por culpa de la derecha”. Con respecto a la solución del problema con Cataluña, apuesta por dialogar y dar pasos hacia adelante, “convirtiendo a Puigdemont en parte de la solución”. Ha sido muy crítica con la justicia en lo que se refiere a la sentencia del Supremo que la condena por su participación en la protesta por un desahucio en Madrid. “Se me condena sin pruebas y con acusaciones falsas. Tenemos un problema con la justicia. Esta sentencia no solo me hace daño a mí, sino a las instituciones, a la democracia y a los jueces que hacen bien su trabajo”. Confirma que recurrirá ante el Tribunal de Estrasburgo. Isa Serra defiende avances del gobierno de coalición como la ley ’trans’ o la del ‘solo sí es sí’, pese al debate que ha requerido y llama la atención sobre los “discursos de odio” que, considera, lanza la extrema derecha. En este terreno, sobre el asesinato de Samuel Luiz, asegura: “Los discursos de odio que está llevando a cabo la extrema derecha profundizan en ese problema y tienen efecto sobre las agresiones. Estamos viendo un aumento de la violencia y tiene que ver con esos discursos”
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad que un trabajador interino pasará automáticamente a ser indefinido no fijo cuando transcurran tres años de contrato sin que se haya resuelto el proceso de selección de su vacante, en aplicación de la reciente doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la "abusiva" situación de estos trabajadores en el sector público español.
El abogado laboralistaIván Gayarre Conde ha explicado en el canal 24 horas el cambio del Tribunal Supremo respecto a los trabajadores interinos: "Cualquier interino con un contrato que haya pasado los tres años pasa a situación de indefinido no fijo". "Esta sentencia viene a rescatar a los interinos por vacante deuna tierra de nadie en la que habían quedado", ha añadido, señalando que éstos no recibían indemnización, no se les reconocía con carácter de indefinido fijo y cuya duración de contrato dependía de las necesidades presupuestarias. Asimismo, Gayarre Conde recomienda que aun así se presenten a las oposiciones, ya que no les pueden conceder la plaza "a dedo".
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha decidido rectificar su propia doctrina en relación a la duración del contrato de interinidad por vacante en el sector público después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya declarado contraria a Derecho comunitario la jurisprudencia española que permite renovar contratos temporales en el sector público a la espera de procesos selectivos para los que no existe un plazo concreto fijado. A partir de ahora, un trabajador interino por vacante pasará automáticamente a ser indefinido no fijo cuando transcurran tres años de contrato sin que se haya resuelto el proceso de selección. Foto: EFE
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