Jordi Sánchez (JxCat), candidato a presidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, exvicepresidente catalán, y Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural, han protestado ante el Supremo por lo que consideran que es un juicio político dirigido contra ellos. Los tres líderes independentistas catalanes, todos en prisión preventiva, han comparecido ante el alto tribunal para conocer su procesamiento por delitos de rebelión y otros dentro del sumario abierto por el "procès" en el Supremo. En ese trámite han presentado sus quejas por lo que creen que es un proceso dirigido contra ellos por sus ideas políticas, con falta de objetividad por parte del juez del caso, Pablo Llarena, y con vulneración de sus derechos como el de la protesta pacífica o, en el caso de Sánchez, su derecho a la participación política como candidato.
En Alicante ha comenzado el juicio contra un hombre acusado de abusar durante dos meses de un menor de 15 años, con el que contactó a través de internet. Los abusos se habrían producido en el domicilio del acusado quien, según la Fiscalía, amenazó al joven con publicar unas imágenes. El acusado, para el que la Fiscalía pide 14 años de cárcel, se encuentra en prisión preventiva.
El que fuera presidente del Gobierno andaluz durante 19 años, Manuel Chaves, ha defendido este lunes que "siempre" ha partido de que sus consejeros "en cualquier actuación respetaban la ley" y que le cuesta creer que "intencionadamente se hubiera establecido un procedimiento ilegal o para burlar la ley". Chaves se enfrenta a 10 años de inhabilitación en el juicio de la pieza política del caso de los ERE por prevaricación al crear y mantener presuntamente un "procedimiento específico" con el que del 2001 al 2011 se repartieron más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles.
Los ocho jóvenes acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en 2016 en Alsasua, en Navarra, han negado en el juicio su participación y que dirigieran o integraran un colectivo del entorno de ETA para expulsar a las fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra. La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio de todos ellos por la paliza con puñetazos y patadas a un teniente y un sargento de la Guardia Civil y a sus parejas en la madrugada del 15 de octubre de 2016 durante las fiestas de Alsasua en el bar Koxka. Los acusados, siete de ellos de entre 21 y 24 años de edad y un octavo de 31, se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de prisión por lesiones y amenazas terroristas y se han negado a contestar al fiscal y a las acusaciones, entre las que se encuentran la ejercida por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo.
Los cuatro testigos citados este martes en el marco del proceso penal abierto por la muerte violenta del niño de ocho años Gabriel Cruz, entre ellos el ex compañero sentimental de la autora confesa, Ana Julia Quezada, han ratificado ante el juez instructor lo manifestado a los agentes de la Guardia Civil durante los 13 días en los que se prolongó la búsqueda del pequeño en Las Hortichuelas, Níjar (Almería). La abogada de la acusada, Beatriz Gámez y el letrado de los padres de Gabriel, Paco Torres, coinciden en que debería haberse levantado ya el secreto sobre las actuaciones.
