El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la financiación de 43.000 viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles a través de una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos.
El diputado de Unidas Podemos Javier Sánchez Serna ha reivindicado el papel de su formación en las medidas sobre vivienda que está anunciando el Gobierno en los últimos días.
Durante su comparecencia en el Congreso, ha destacado el papel de la secretaria general morada, Ione Belarra en las negociaciones: "Gracias a Ione Belarra por haber peleado sin descanso, sin su trabajo habría sido posible la ley de vivienda como tampoco el anuncio de las viviendas de la Sareb", ha dicho.
Según ha resaltado, se trata de dos medidas que desde Unidas Podemos venían pidiendo, pero "siempre recibían un 'no se puede' como respuesta". "Nos alegramos de que después de tres años se den cuentan, y esperamos que no se olviden después de las elecciones", ha recalcado. Foto: Alberto Ortega / Europa Press
El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha defendido en Las Mañanas de RNE el plan de vivienda del PP y ha explicado que “no tiene que ver con el bono de alquiler del Gobierno porque aquí planteamos una ayuda a los jóvenes como un complemento a lo que ofrecen las comunidades” y añade que es “para aquellos que tienen una renta recurrente." El bono del Gobierno va destinado a personas con una renta menor a 23.725 euros, pero Bravo ha dejado la puerta abierta a subir el nivel de renta para optar a ciertas ayudas: “Consideramos que la renta media la podríamos poner un poco por encima." Según sus cálculos, aproximadamente 400.000 jóvenes pueden beneficiarse de estas ayudas y sobre el aval del 15% para la compra de la casa, Bravo ha explicado que “permitiría que el banco les ofreciese el 95% del valor de la vivienda en lugar del 80% y hacerles mucho más accesible la vivienda."
El Gobierno ha acordado la nueva ley de vivienda. Entre otras medidas, el texto fija un tope a las subidas del alquiler del 3% en 2024, amplía la declaración de las zonas tensionadas y rebaja de 10 a 5 viviendas el límite para ser considerado gran tenedor.
Pablo Martínez, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, cree que el borrador presenta avances, pero también muchas lagunas: "Hay un conjunto de claroscuros que hacen que millones de inquilinos no vayan a beneficiarse". Asimismo, aboga por una legislación de los alquileres "efectiva", ante la voluntad manifiesta de algunas autonomías de no aplicarla: "De repente la vivienda se convierte en un arma arrojadiza entre partidos que gobiernan distintas administraciones". Con todo, defiende la necesaria intervención en el mercado: "La oferta no se reduce, sino todo lo contrario".
Por su parte, Lorenzo Viñas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, cree que la ley es nociva porque "las viviendas pueden salir del mercado de alquiler e irse al de venta, temporada o turismo". Y añade que "si la oferta se reduce, habrá una falta de vivienda para gente que lo necesita". Viñas señala al "poder público" como el responsable de la falta de oferta porque, según él, es el que tiene que generar la oferta asequible y no lo ha hecho.
Toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que reside. La ley permite empadronar en infraviviendas, a personas sin hogar o que no tienen un domicilio fijo; pero miles de migrantes encuentran trabas si no tienen un documento que acredite donde viven. Es el caso de las trabajadoras del hogar internas, las personas que alquilan una habitación, viven en asentamientos chabolistas o en la calle. Según un estudio de la Fundación Ficat y la Coordinadora Obrim Fronteres, los ayuntamientos incumplen sistemáticamente su obligación de empadronar a las personas que residen en su municipio, como resultado tienen que recurrir a pagar un mínimo de 300 o 400 € para comprar el empadronamiento en lugares que no residen. La inscripción en el padrón es necesaria para acceder a derechos como la sanidad o la educación y es la puerta para regularizar su situación administrativa.
La vivienda entra de lleno en la antesala de la campaña electoral. Este martes, entre críticas al Gobierno, el PP ha presentado su propuesta, a la misma hora que el Ejecutivo aprobaba que 50.000 viviendas de la Sareb se destinen a alquiler social. Foto:
Según el último estudio, que fue publicado en 2020, en España habría cerca de 26 millones de viviendas, de las cuales tan solo un 2,5% serían de carácter social, unas 650.000. De estas, el parque social de alquiler suma apenas 290.000 inmuebles, principalmente habitados por migrantes, pero tan solo el 5% cuentan con un precio por debajo del valor de mercado.
Informa Blanca Pascual.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, ha propuesto varias medidas para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes. En concreto, plantea una ayuda a la emancipación de 1.000 euros, un aval a la compra de un piso del 15%, avalar completamente la fianza para un contrato de alquiler y poner vivienda de alquiler asequible un 40% más barata que el precio de mercado.
Según los últimos datos de 2019, España contaría actualmente con unas 290.000 viviendas de alquiler social, una cantidad "insuficiente" para cubrir las necesidades de vivienda asequible, según apuntan los expertos.
En este contexto, el Gobierno aprueba este martes un plan que promete movilizar 50.000 viviendas para alquiler social. Serían viviendas de la SAREB, del llamado 'banco malo' con el que el Estado absorbió los inmuebles propiedad de las cajas de ahorros que fueron rescatadas en 2008. Muchas de esas viviendas no han encontrado salida y el Gobierno quiere que se destinen a quienes no pueden pagar los precios del mercado.
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En relación a la entrega de las 50.000 viviendas en poder de la Sareb que el Gobierno quiere destinar para el alquiler social, Lucía Delgado, portavoz de la Plataforma Afectadas por la Hipoteca, indica a RTVE que se trata de "una demanda histórica, que llega tarde, pero llega". Delgado sotiene que "hay que leer la letra pequeña y discernir donde están estas viviendas y como se van a traspasar".
La coportavoz de Podemos Isa Serra ha rechazado la propuesta del PP para ayudar a la compra de una primera vivienda, que implicaría que el Estado financie el 15% del precio de la misma. En una entrevista en TVE, Serra ha criticado que el Partido Popular “siempre se opone a la regulación del mercado” y ha destacado que lo importante de la ley de vivienda del Gobierno es que “baja los precios del alquiler y permite intervenir el mercado y no que los ciudadanos pongan más del dinero público”.
En Las Mañanas de RNE hemos hablado con Jesús Leal, catedrático de sociología de la universidad Complutense de Madrid y experto en desigualdad urbana, sobre la recientemente aprobada Ley de Vivienda: “El Estado debe ser más responsable a la hora de garantizar la vivienda a los ciudadanos y es un problema porque partimos de un volumen muy bajo”, ha señalado. Sobre la publicación de 50.000 viviendas de la Sareb, Leal destaca que el número disponible en las zonas que más lo necesitan es “muy bajo”, y cree que en cada área debería atenderse a unas necesidades específicas. Cuestiona también que en algún momento se pueda llegar a un acuerdo con los grandes tenedores, a los que considera en una “buena parte” especuladores, y señala que si en los próximos 25 o 30 años España pudiera llegar al 9% de vivienda social que alcanza Europa, “podríamos darnos con un canto en los dientes”.
