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Mientras tanto son muchos los que quieren aprovechar las ventajas fiscales de comprar un piso antes de que acabe el año. Conocemos a un tasador que deberá poner valor a quinientas viviendas en apenas una semana. Una comercial guarda sacos enteros con llaves de pisos que se van a escriturar en los próximos días. Casas que, en algunos casos, han bajado su precio en un 70%.

El nuevo plan de alquiler que prepara el Ministerio de Fomento limitará las ayudas al alquiler en función de la renta de la unidad familiar y no de los ingresos individuales. Durante su comparecencia en el Congreso, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, ha explicado que la limitación de esta cuantía evitará subvencionar alquileres elevados y financiar aquellos sin asignar una cuantía fija.

El euríbor a doce meses -la tasa interbancaria que determina los intereses aplicados en la mayoría de las hipotecas en España- ha cerrado noviembre en el 0,588%, con lo que marca su quinto mínimo histórico consecutivo, al acumular doce meses de caídas y tres meses por debajo del precio del dinero fijado por el Banco Central Europeo (0,75%).

El Congreso acaba de convalidar el decreto que paraliza durante dos años los desahucios de familias muy vulnerables, finalmente 120.000 según el ministro de Economía. El decreto ha salido adelante con los votos de PP y UPyD. El resto de la oposición ha votado en contra a la espera de la tramitación parlamentaria.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado este jueves que en España hay unas 120.000 familias que cumplen todos los requisitos para acogerse a la paralización de desahucios y que las entidades financieras ya se han comprometido a aportar 6.000 viviendas al nuevo Fondo Social de Vivienda que se pondrá en marcha y que está destinado al alquiler con precios bajos para las personas que no tengan hogar. Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha afirmado que el decreto "no paraliza ningún desahucio", sino que solo retrasa dos años la ejecución hipotecaria y que las familias se queden sin casa, acusando al Gobierno de aprobar más bien una moratoria para "evitar tener en el telediario durante dos años situaciones dramáticas de expulsiones" de sus viviendas.

Son algunos ejemplos que hemos encontrado de como administraciones públicas e iniciativas privadas buscan soluciones al drama de quienes se han quedado sin casa. Las llaman viviendas solidarias. Pisos del ayuntamiento de Madrid que ha cedido a tres ONGs para personas que han perdido su casa. Facilitará unos 200 y podrán estar al menos durante un año. Una solución que además resultará mucho más ágil que solicitar un alquiler social a la administración. Otras mil viviendas ha cedido la comunidad de Madrid a Cáritas. Estaban vacías. Las familias desahuciadas podrán alquilarlas por unos 200 euros. Algunos hasta por 40. Recursos institucionales a los que se unirá el ayuntamiento de Barcelona con 66 pisos.

La generosidad de un desconocido ha evitado el desahucio de una familia con tres hijos en Vigo. Un donante anómimo les ha dado los 8.500 euros que necesitaban para liquidar varios recibos. Era la condición que el banco les impuso para concederles la dación en pago y un alquiler social de su casa.

El Gobierno insiste en que no hay ninguna decisión tomada sobre la propuesta que concedería un permiso de residencia a los extranjeros que compren una vivienda por más de 160.000 euros. La patronal cree que hay que estudiarla y UGT la considera injusta.

La propuesta que estudia el Gobierno no es nueva en Europa. Se aplica en otros países europeos aunque se exigen cantidades mayores en la compra del piso. También se ofrece el permiso de residencia a los empresarios que creen empleo.

Muchas y muy variadas son las reacciones que ha provocado esta propuesta. Para Comisiones Obreras es extraña y arbitraria la ve el Consejo General de la Abogacía. Los socialistas creen que la iniciativa inverosímil. Conceder el permiso de residencia a los extranjeros que compren una casa de más de 160.000 euros es para el PSOE una medida poco creíble. Pide la comparecencia en el congreso de la ministra Fátima Báñez, titular de inmigración, para que explique la propuesta. El presidente de los abogados cree que sería un parche a ley de extranjería. Los sindicatos califican la propuesta de descabellada y arbitraria.