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El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha pedido a su partido que ponga fin a sus pactos con Junts: "Es hora de que el PSOE rompa claramente con Puigdemont, porque realmente nos puede llevar a la ruina como proyecto y como partido". El presidente manchego ha hecho estas afirmaciones a cuenta de las condiciones de Junts para apoyar el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, siendo Cataluña la que menos va a acoger. "Los pactos antinatura nunca funcionan bien y este es probablemente de los más graves que ha habido en democracia", ha reclamado García-Page en declaraciones a los medios desde Mota del Cuervo, en Cuenca.

PP y Junts cambian su voto y tumban junto a Vox la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. "Ha sido un espectáculo de irresponsabilidad", ha criticado Mónica García, ministra de Sanidad, en el informativo 24 horas de RNE y ha anunciado que volverán a llevar esta propuesta a votación "para que los partidos de la derecha y Junts puedan recapacitar." La ministra de Sanidad ha cargado la responsabilidad de este resultado a la oposición y no se ha pronunciado sobre el 'no' de Junts en específico. Además, ha asegurado que "están desprotegiendo a los ciudadanos" porque, insiste, se trata de "una herramienta para poder proteger la salud frente a futuras pandemias."

El PP y Vox han reprochado y han criticado la posibilidad de que Fernando Simón sea quien presida esta agencia. Ante ello, García ha asegurado que "él mismo ha dicho que si es a dedo o un criterio político no se va a presentar" y ha calificado de "lamentables" los ataques hacia el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Sobre el gasto en defensa, ha expresado en que este gasto va más allá del militar: "Es un gasto en seguridad y tiene que ver también en materia de sanidad." Mónica García no ha respondido al ser preguntada por si "¿España debería ir desligándose de la OTAN?" y se ha limitado ha insistir en que "Europa tendría que replantear un nuevo modelo que tenga que ver con las novedades geopolíticas y del siglo XXI" ya que "ha externalizado durante todos estos años su protección y su seguridad."

El pleno del Congreso de los Diputados ha comenzado este jueves con una bronca entre el Partido Popular y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero de la cámara, por el veto de las enmiendas del Senado a la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Los populares habían pedido un cambio en el orden del día para posponer la votación de esta ley, cuestión que ha sido rechazada por la presidencia. Ante esta negativa y con el Reglamento del Congreso en la mano, el portavoz del PP, Miguel Tellado, ha tachado la decisión de "prevaricación" y toda la bancada popular ha protestado goleando los escaños. "Nosotros no podemos compartir ese discurso sectario de una ministra que no está a la altura", ha remarcado Tellado.

Tras este enfado y de manera inesperada, el PP y Junts, que también había presentado enmiendas, han cambiado el sentido de su voto para tumbar un proyecto de ley del Ministerio de Sanidad para la ceración de Agencia Estatal de Salud Pública. Sumándose así a los diputados de Vox, la medida ha sido rechazada con 176 votos en contra y solo 167 a favor.

El Gobierno y Junts han pactado un mecanismo obligatorio para reubicar menores migrantes no acompañados en caso de emergencia humanitaria, siendo el método escogido para ponerlo en marcha es un retoque de la Ley de Extranjería vía decreto, aprobado por el Consejo de Ministros. Con esto se establece una reforma del artículo 35 de la ley con vocación de permanencia en el tiempo. De momento, se ha aprobado el marco para 2025. En cuestión económica habrá 100 millones de euros a cargo del presupuesto de Juventud e Infancia, destinados a financiar los traslados y la sobreocupación.

El Gobierno central da hasta el 31 de marzo para que los autonómicos digan cuántos menores extranjeros no acompañados tutelan. Ese dato se pondrá en relación con la población nacional y la autonómica y de ahí saldrá el número de plazas ordinarias. Una vez conocida su capacidad ordinaria, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, insiste en que cualquier comunidad podrá pedir la declaración de contingencia migratoria si triplica esa ocupación. Lo cuenta Isabel Jiménez.

El acuerdo entre PSOE y Junts para transferir las competencias migratorias a Cataluña ha generado divisiones en el grupo parlamentario de Sumar. Aunque Yolanda Díaz ha salido en defensa del pacto, la medida enfrenta resistencia dentro del espacio, con el rechazo de Podemos, la oposición de Compromís y las dudas de IU, que exige renegociar los términos antes de posicionarse. La falta de consenso pone en riesgo la mayoría necesaria para su aprobación en el Congreso. En el '24 Horas de RNE', hablamos con Alberto Ibáñez, diputado de Compromís en el Congreso.

"La intención de Junts con esta propuesta firmada con el PSOE es situar el debate político en marcos que, bajo nuestro punto de vista, son racistas. Por eso, no puede contar con nuestro apoyo", sostiene el entrevistado.Posteriormente, Ibáñez reconoce que la izquierda tiene "miedo" de tildar estas propuestas de "racistas" y admite que, si vinieran de la derecha, la reacción sería diferente. Respecto a esto, el diputado de Compromís cree que "aquí es donde tenemos que centrar el debate". Por último, hace hincapié en la postura que mantiene su formación respecto a la intención que tiene el Gobierno en acelerar el gasto en Defensa: "A priori, no estamos a favor de aumentar el gasto militar".

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, responde a las palabras del portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que calificaba el pacto PSOE-Junts como un acuerdo para "descentralizar el racismo". "Deberían leerse la ley [...] y explicarnos por qué aquello que hace el Estado español es bueno y es malo o racista si lo hace Cataluña". Nogueras le pide a los morados que empiecen a hacer "propuestas concretas y trabajadas", pero considera que acabarán votando que sí al acuerdo. "Hablaremos con ellos, seguro. Siempre hablamos con todos", reitera en 'Las mañanas de RNE'.

La portavoz de Junts explica que ahora comienza un trabajo complejo y que la Generalitat de Catalunya tiene que despertar, porque "ha llegado al Gobierno dormida y sigue dormida". Nogueras insiste en que la integración de los migrantes pasa porque conozcan el catalán. "No hay integración plena si no se conoce la lengua del territorio en el que vas a vivir".

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha asegurado que el catalán será un requisito para poder residir en Cataluña: "Estamos en Cataluña y existe una lengua oficial que es el catalán. No hay una integración plena si tú no conoces la lengua del territorio en el que quieres vivir". Aunque los de Puigdemont celebran este acuerdo, han recordado al Gobierno que todavía hay otros temas pendientes antes de los Presupuestos Generales del Estado. Por su parte, el Gobierno sigue defendiendo la legalidad del acuerdo y han asegurado que "se va a aplicar con la Constitución en la mano". El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que este acuerdo supone "dar al independentismo lo que siempre han buscado, el control de sus ficticias fronteras" y ha asegurado que se está "desmantelando el Estado". Para Ignacio Garriga, de Vox, Pedro Sánchez "humilla una vez más a la nación", con una soberanía que "se va a vender a Waterloo". Podemos también ha mostrado su rechazo al acuerdo: "Nosotras, políticas racistas no las podemos negocias", ha dicho la líder del partido, Ione Belarra.

El martes se registró en el Congreso como proposición de ley el pacto entre PSOE y Junts para transferir las competencias en materia de inmigración a Cataluña, algo que Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, afirma que es "un acuerdo para descentralizar el racismo". Lo ha dicho en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní, donde ha confirmado que su formación va a "votar radicalmente en contra", alegando que quieren una política migratoria "que respete los derechos humanos". Fernández insiste en que hay un acercamiento a la extrema derecha con este acuerdo: "Es una exposición de motivos que habla que la inmigración es un peligro, que pone en riesgo la sostenibilidad de Cataluña, que es una amenaza para la identidad y para la lengua catalana...", mientras que desde Podemos creen que la verdadera amenaza para la convivencia son "los racistas o los fondos buitre".

A la pregunta de si negociarán enmiendas a esta proposición, el entrevistado responde que "con los derechos humanos no se negocia". La única opción viable para Fernández es "cerrar los CIE, prohibir las devoluciones en caliente, prohibir las redadas racistas y aprobar la regularización extraordinaria de más de medio millón de migrantes en situación irregular en este país", sentencia. El secretario de Organización dice que la política migratoria del PSOE "vulnera los derechos humanos": "El Partido Socialista pacta con el Partido Popular en la Unión Europea un pacto de inmigración y asilo que es un pacto que vulnera los derechos humanos y que ha sido aplaudido por Meloni", concluye.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el acuerdo del PSOE con Junts para traspasar las competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña: "Es una doble humillación. Humillación porque es una competencia del Estado y humillación porque esto se pacta fuera de España". También ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un "florero que lo pone y lo quita el independentismo".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este martes que el pacto alcanzado entre el PSOE y Junts para la cesión de competencias de inmigración a Cataluña "respeta el ámbito constitucional". En una entrevista en La Hora de La 1, Díaz ha señalado que se trata de una "delegación de competencias", pero que en última instancia, la "titularidad" seguirá en manos del Estado.

Preguntada por la ampliación del gasto militar en España, Díaz ha puesto el acento en que es más importante ver a qué se destina y ha recordado que del presupuesto del año pasado, que había consignado un 1,2% para Defensa, solo "se ha ejecutado el 0,9%". En ese sentido, ha advertido que no hay que entrar en una "carrera armamentística" como pretende el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, ha abogado por seguir apoyando a los ucranianos.

FOTO: Yolanda Díaz interviene en un acto este lunes en Madrid. EFE/ Chema Moya

El PSOE y Junts han registrado conjuntamente una propuesta de ley para transferir las competencias de migración a Cataluña. Los Mossos d'Esquadra gestionarán la seguridad en los puertos, aeropuertos y "zonas críticas" en "cooperación" con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La portavoz del sindicato SAP-FEPOL, Imma Viudes, valora positivamente este traspaso de competencias en 'Las Mañanas de RNE', pero pide "garantías" para que se pueda hacer correctamente. "Nosotros estamos completamente preparados para asumir estas competencias, pero necesitamos tiempo y recursos". El número de efectivos de Mossos aumentará hasta los 26.800 agentes: "Hay que calendarizarlo y se tiene que configurar una hoja de ruta, porque sino vamos a desgastar la imagen del cuerpo". Viudes asegura que se ha demostrado que la coordinación entre policías funciona y espera conocer pronto los detalles del traspaso.

Ayer, el Consejo de Ministros daba su visto bueno a que España se adhiera al protocolo de Convenio Europeo de Derechos Humanos, a la espera del aval del Congreso. Se trata de una medida que reclamaba Junts y que permitirá a los altos tribunales solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que opine sobre la aplicación de derechos y libertades sin mediación previa con el Tribunal Constitucional. Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, piensa que no ve relevante este cambio: "Es ratificar el protocolo 16 del convenio, del que se empezó a hablar a principios del siglo XXI y se quería copiar en el Consejo de Europa la cuestión prejudicial de Luxemburgo. De hecho, cuando por fin se elaboró en 2013, se tardó cinco años en lograr 10 Estados que lo firmen", explica en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní.

Borrego se muestra en desacuerdo sobre que esta adhesión pueda promover respeto, ya que, incide, en que consiste en que el Estado español diga qué altas instituciones puedan formular "voluntariamente" cuestiones para que el Tribunal Europeo "declare la interpretación y aplicación de los derechos del Convenio Europeo". El exmagistrado piensa que "o no se sabía bien qué proponía Junts o piensan que van a obligar al Constitucional o al Supremo a plantear una cuestión sobre alguno de sus desiderátum" y admite que la situación le parece "humo de paja".