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El Banco de España calcula que tenemos un deficit de vivienda en el entorno de 600.000 unidades. Cada año se crean de media 200.000 nuevos hogares, pero la construcción llega por poco a las 100.000 unidades. La presión demográfica, de la mano de la llega de inmigrantes, el buen comportamiento del empleo y el atractivo de España para el sector inmobiliario está ahondando la brecha entre oferta y demanda. El problema es que la vivienda nueva sólo la puede adquirir la población de rentas altas o personas jurídicas porque requiere como poco destinar cerca del 50 por ciento de los ingresos... comprar una de segunda mano supone un 36 por ciento. Así que para la inmensa mayoría de los que buscan una vivienda, la oferta está fuera de su alcance. La construcción de parques públicos de vivienda es la solución, pero requiere de suelo, y no hay disponible.

A la hora de intentar solucionar el problema de la vivienda, PSOE y PP coinciden en que hay que aumentar el parque de vivienda accesible y modificar la ley del suelo. Aunque tienen fórmulas distintas.

Entre otras medidas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuesta por una exención fiscal para los que alquilen su vivienda según el índice de referencia, limitar la compra a extracomunitarios no residentes y más impuestos a los pisos turísticos. Con un impulso a la nueva empresa pública de vivienda.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habla de rebajas de impuestos, como el de transmisiones patrimoniales del 10% al 4% para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes. También es partidario de poner suelo público a disposición de sector inmobiliario para alquiler más barato o prescindir de la Ley de Vivienda del Gobierno.

Sumar incide en la regulación de los pisos turísticos y aboga por una mayor intervención del mercado y Vox pide priorizar a los españoles en el acceso a una vivienda en propiedad.

Foto: Bloques de viviendas en Madrid (Getty Images)

Miles de personas se han manifestado en decenas de ciudades de España para protestar por los altos precios y la escasez de vivienda, convocados por los sindicatos de inquilinos, que exigen una rebaja del 50% en los alquileres, terminar con los rentistas, poner fin a los desahucios y prohibir las empresas de desokupación, entre otras reclamaciones. Es la primera vez que las manifestaciones por una vivienda digna alcanzan nivel estatal.

Foto: Manifestación por una vivienda digna en Valencia (EFE/Manuel Bruque)

Un 62% de los españoles se declara descontento con la situación de la vivienda. Un estudio revela que más de cinco millones y medio de hogares (casi un tercio de las familias españolas) no cuentan con lo que se considera una vivienda digna.

De esos hogares, 3,2 millones —casi un 18%— viven en exclusión residencial severa. Otros 2,3 millones —más de un 12%— están en riesgo de caer en ella. Sin alternativas, muchos acaban aceptando condiciones abusivas, fórmulas cooperativas o incluso pasando una especie de casting para alquilar.

Foto: Getty Images

Es la primera que vez que se celebran tantas manifestaciones en un misma día ante el problema de la vivienda. Hasta en 40 ciudades de España. Unas marchas convocadas por el Sindicato de Inquilinas que quiere unificar las protestas de los últimos meses.

"Las huelgas de alquileres han venido para quedarse, hoy 5 de abril de 2025 empieza el fin del negocio de la vivienda", ha sentenciado la portavoz del sindicato de inquilinas de Madrid, Valeria Racu.

Foto: Manifestación en Madrid por una vivienda digna (EFE/Víctor Lerena)

Un estudio de Provivienda constata que los extranjeros tienen más dificultades para alquilar que un español, aunque cobren lo mismo. El 99% de inmobiliarias a las que han llamado, casi todas, aceptan cláusulas racistas si el propietario lo pide.

Un ejemplo es Mercedes, de origen ecuatoriano, quien se ha sentido rechazada mientras buscaba piso. Recuerda bien a un agente inmobiliario que no quiso ni atenderla, lo que la llevó a sentirse mal: "Me dijo que ya están reservados, pero no había ninguna reserva. De allí ni siquiera me dejaron pasar a la oficina". Por su parte, a Ibrahima, de Guinea, le costó meses y meses que le alquilaran una habitación. "Nos rechazaban porque somos de África y se suponía que no sabíamos cuidar la casa", expresa.

Cuando se cumple un año de la declaración de las primeras zonas de mercado tensionadas, Cataluña es la única comunidad autónoma que las aplica. Según los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, los precios del alquiler han caído un 3,3% en la región. El descenso es aún mayor en Barcelona, del 6,4%. Pero el Instituto Catalán del Suelo constata otros dos fenómenos derivados de la ley: la caída de los contratos (casi un 80% menos) y el aumento de la figura del alquiler de temporada, que permite esquivar la regulación y que se ha disparado un 45%.

Foto: Getty Images

Azpeitia, en Guipúzcoa, ha sido el primer Ayuntamiento que va a cobrar un canon a las viviendas vacías de propietarios que no las pongan en venta o en alquiler. Los dueños están recibiendo una carta del Consistorio en donde les da un mes para ponerla en el mercado y, si no lo hacen, deberán pagar un canon de 10 euros por metro cuadrado que irá subiendo. El Gobierno local ha localizado 563 deshabitadas.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha cargado este jueves contra el PP por pedir la "liberalización del suelo" para fomentar la construcción de viviendas y reducir la falta de oferta que sube los precios.

"Señor Feijóo, eso ya lo hemos visto con Aznar, fue el 1998 y trajo como consecuencia el boom y la burbuja inmobiliaria. Fueron 600.000 las familias desahuciadas en este país y miles y miles de personas desempleadas que terminaron en la calle como consecuencia de esa crisis. Aquello fue mucho dolor, sacrificio y no garantizó el acceso a la vivienda", ha afirmado en una entrevista en La hora de la 1, donde ha contrapuesto la voluntad del Gobierno de poner suelo a disposición, "todo el que sea posible", pero con un "blindaje público", "no para que nadie haga negocio con ello".

A las acusaciones de los 'populares' de intervenir el mercado inmobiliario, Rodríguez ha respondido: "Sí, pero lo hago bajo el mandato constitucional. La Constitución nos habla de una vivienda digna, pero también de proteger el suelo frente a la especulación".

La titular de Vivienda ha asegurado que el Ejecutivo aspira a "alcanzar una mayoría" en el Congreso de los Diputados para aprobar la exención fiscal al alquiler asequible y, según ha comentado, será a partir de "principios de febrero", cuando se retoma el calendario parlamentario.

En todo caso, ha desligado la marcha de estas políticas del debate de los presupuestos generales del Estado, que igualmente buscarán sacar adelante. "Tenemos instrumentos", ha aclarado.

Foto: Eduardo Parra / Europa Press