La pandemia ha hecho que muchas personas no tengan ni para pagarse una habitación. Una iglesia en Madrid ha adaptado sus aulas de catequesis para acogerlas. Hemos querido conocer sus historias | Coronavirus: última hora en directo
El ministro de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado este viernes en declaraciones a Las Cosas Claras de TVE que el Gobierno va a prorrogar por seis meses más, hasta mayo, las ayudas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para hacer frente a los pagos de alquiler. Estas ayudas, que se aprobaron en abril con motivo de la pandemia del coronavirus, y vencían a finales de este mes de noviembre, sirven para cubrir el pago de hasta seis mensualidades, sin gastos, ni intereses.
Entrevista íntegra al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en Las Cosas Claras de TVE, en la que ha anunciado este viernes que el Gobierno va a prorrogar por seis meses, hasta mayo, las ayudas del Instituto de Crédito Oficial que se habilitaron en abril para hacer frente al pago del alquiler durante la crisis derivada del coronavirus, y que tenían previsto su fin este 30 de noviembre.
Además, Ábalos ha dado algunos detalles de la medida que están pactando en el seno del Gobierno ampliar la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional que adelantó este jueves el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
La futura ley de vivienda, que podría aprobarse en febrero, contempla la limitación de los precios del alquiler. Expertos del sector y economistas coinciden en que una medida intervencionista de este tipo provocará una reducción de la oferta y el uso de pagos fraudulentos para seguir manteniendo los precios sin cambios. Miran a Europa donde han fracasado estas politicas y proponen otras medidas como la creación de un parque público de vivienda o ayudas para determinados inquilinos.
La pandemia ha hecho tambalearse el mercado del alquiler, que se mueve en los extremos. Fuertes subidas por la necesidad de ingresos. Y bajadas, sobre todo en las grandes ciudades, por la huida a la periferia y la entrada del antiguo alojamiento turístico. En el Telediario hemos escuchado algunas de esas historias y consultado a expertos.
La bajada de precios se nota sobre todo en el centro de grandes ciudades: una bajada interanual del 4,9 % en Barcelona y del 2,6% en Madrid. Con esa situación, las asociaciones de propietarios se oponen a la regulación de precios anunciada por el Gobierno. No obstante, las actuales bajadas de precios están lejos de enmendar la subida de más del 50% de los últimos años.
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Mes y medio después de la entrada en vigor de la norma para contener los precios del alquiler en en 60 ciudades catalanas, y tras el anuncio del Gobierno central, que confirma que baraja una medida semejante en la que será la futura Ley de Vivienda, Las mañanas de RNE habla con Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos. A pesar de ser pronto para que se pueda valorar cómo ha afectado al mercado al medida, Palomares ha confirmado que ya están "negociando a la baja" algunos contratos en ciudades como Barcelona, una de las más afectadas por la llamada burbuja del alquiler. El portavoz del Sindicato de Inquilinos también ha defendido que es una medida que ya se aplica con éxito en varios países europeos, como Alemania, Austria o Dinamarca, auqnue ha reconocido que "las regulaciones no son ni el apocalipsis ni la panacea".
Siete de cada diez inmobiliarias discriminan a los inmigrantes no comunitarios que quieren alquilar una vivienda. Es la conclusión a la que ha llegado la ONG Provivienda después de hacer dos mil llamadas a inmobiliarias de distintas ciudades. Denuncia las dificultades que tienen estas personas para acceder a un piso. El setenta por ciento de las agencias admiten discriminación. Estas entidades aceptan las condiciones racistas por parte de los dueños, al rechazar y poner condiciones más estrictas a los futuros inquilinos por sus rasgos facilaes, su acento o sus condiciones socioeconómicas adscritas a los inmigrantes. Desde la ONG piden una ley estatal de igualdad de trato y no discriminación que garantice el derecho a la vivienda de estas personas. Al mismo tiempo que solicitan medidas que fomenten la sensibilización y formacion de las agencias inmobiliarias así como un código de buenas prácticas.
Siete de cada diez agencias inmobiliarias no alquilan a migrantes si así se lo pide el propietario. El 30% restante exige documentos y garantías imposibles de asumir para así obstaculizar el alquiler a este colectivo. Son conclusiones de un estudio de Provivienda que evidencia que el racismo y la xenofobia están normalizados en el mercado del alquiler. Una discriminación explícita u oculta de la que nos habla la responsable del área de investigación de la asociación, Elena Martínez Goytre.
Según el sector inmobiliario en Cataluña, no ha habido ningún impacto de la ley de limitación de alquileres en un mercado que está a la baja desde julio, pero a consecuencia de la crisis.
La entidad impulsora de la ley, el Sindicato de Inquilinos, reconoce el poco impacto de la norma y lo atribuye a que algunas inmobiliarias incumplen la condición de mantener el importe del último contrato o no superar lo que marca el índice de referencia.
El Sindicato de Inquilinos pide que se empiecen a aplicar las sanciones de hasta 9.000 euros que prevé el texto para que haya un efecto real en la renta, que los inquilinos reconocen que solo se da en casos concretos.
El Gobierno todavía no ha presentado su borrador de los presupuestos. En la subida del IRPF y los alquileres parece que están las principales diferencias entre los socios de coalición aunque la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, asegura que el acuerdo está prácticamente cerrado y que sólo quedan algunos flecos.
No habido todavía apretón de manos para los presupuestos entre los socios de gobierno. Según la ministra portavoz, está cerca y será antes de que acabe el mes. La ministra de Hacienda asegura que el acuerdo en impuestos está prácticamente cerrado. Fuentes de Unidas Podemos dicen que aún no se ha acordado a partir de qué rentas se subirá el IRPF, ellos proponen que sea a partir de 200.000 euros. Tampoco, según la formación morada hay acuerdo en la subida de impuestos a los grandes patrimonios.
Otro punto que les separa es la limitación del precio del alquiler. Iglesias se comprometió en una reunión con el sindicato de inquilinos hace solo cuatro días. Pero ayer en el PSOE dijeron que no es el momento.
Fuentes del Gobierno apuntan a que serán Sánchez e Iglesias los que terminen de cerrar esos flecos y rellenen las líneas que están en blanco del plan presupuestario que enviaron a Bruselas.
La Generalitat de Cataluña quiere obligar a los dueños de locales de bares, restaurantes y centros de estética cerrados forzosamente a rebajar un 50% el precio del alquiler de forma temporal.
El Govern prevé que los arrendatarios puedan pedir cambios razonables en las condiciones del alquiler. Si no hay acuerdo, establece una rebaja del 50% desde el día que se notifique la voluntad de negociar y mientras duren las restricciones.
La crisis provocada por la pandemia está llevando a la pobreza extrema incluso a quienes tienen trabajo. Más de dos millones y medio de personas son pobres a pesar de tener un empleo, y 3 de cada 10 familias no pueden pagar el alquiler o la luz porque no cobran un salario digno.
Cáritas alerta de que la inestabilidad laboral afecta a tres millones de personas en nuestro país. Las 615.000 personas que trabajan en la economía sumergida lo tienen aún peor. La mayor precariedad está en el turismo, la hostelería y el trabajo doméstico.
Cáritas ayudó a 15.400 personas a encontrar trabajo en 2019.
Según la Confederación Española de Comercio la caída de la facturación podría llevar al cierre de 250.000 establecimientos de aquí a final de año, afectando a más de 600.000 trabajadores. Los expertos creen necesario que la gente vuelva a las calles comerciales. Un porcentaje, dicen, que en calles secundarias podría llegar al 20%. Los que más notan el golpe, pequeños comercios y algunas franquicias de grandes marcas, con menos capacidad para renegociar el precio del alquiler.
Hoy entran en vigor en Cataluña los límites en el precio del alquiler fijados por la Generalitat. Los contratos que se firmen o se renueven a partir de este martes deben ajustarse a esos máximos establecidos en más de medio centenar de municipios catalanes, en los que alquilar una vivienda es menos asequible, entre ellos las cuatro capitales provinciales. Para José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, una medida "con un diagnóstico erróneo" que no va a ser útil "como ya se ha demostrado en otros lugares donde se ha aplicado esta medida". En su entrevista en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, Montalvo también ha recalcado que no cree que en el alquiler "haya una burbuja" sino que el "desajuste" viene por la escasez de oferta.
