A menos de 24 horas del debate de investidura de Pedro Sánchez, siguen las reacciones a la ley de amnistía. El Gobierno defiende que es constitucional frente a PP y Vox, que se ha querellado contra Sánchez. Por otro lado, jueces y abogados de varias audiencias provinciales se han concentrado hoy en varias ciudades españolas. Les preocupa, dicen, que no se respete la independencia judicial. Foto: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirma que no están de acuerdo con la amnistía, en su opinión "no entra en el filtro constitucional" y "aporta inseguridad jurídica", además les preocupa la parte económica de los acuerdos de investidura. Entrevistado en TVE, señala que "se saltan acuerdos de la reforma laboral, de los salarios y se impone una rebaja de horas sin consultar". Insiste en la necesidad de mantener la unidad de mercado y la estabilidad para los inversores. Argumenta que la subida del salario mínimo ha incrementado la economía sumergida. Con respecto a la inflación, estima que puede acabar el año en un 4% o un 4,5%, pero que depende de factores externos como los conflictos en Gaza y Ucrania.
La ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha asegurado que la ley de amnistía que registró el Partido Socialista en solitario en el Congreso de los Diputados este lunes es un “texto consensuado” con sus socios y “plenamente constitucional” y ha limitado la existencia de un ‘lawfare’ al acuerdo de investidura y legislatura con Junts.
En una entrevista en TVE, Montero ha dicho que “el resto de grupos (parlamentarios) tendrá que explicar por qué no han firmado” esta ley, pese a que la intención de los socialistas era registrarla ya con la rúbrica de sus socios. Aún así, ha dejado claro que es “un texto consensuado” y ha mostrado su “seguridad” en que va a contar con todos los grupos parlamentarios que apoyan la investidura de Sánchez y la amnistía.
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha mostrado en Las Mañanas de RNE su preocupación por la ley de amnistía. Subraya que impacta sobre la separación de poderes y la justicia y sobre el principio de igualdad: “Están diciendo que lo que es más elemental y básico en un Estado democrático y de derecho como es el nuestro que la Justicia pueda estar manipulada o a conveniencia del Gobierno de turno, pues eso es muy preocupante”, ha expresado. Y ha añadido que “revisando los distintos acuerdos que se han hecho, si se cumplen todos, desde el punto de vista económico, tendríamos un gran problema porque se rompe el diálogo social."
En relación con el IPC del mes de octubre que se mantiene en el 3,5%, ha manifestado que “ojalá se mantenga en ese equilibrio, pero que lo más importante es la inflación subyacente que es la que realmente castiga más duro a la sociedad."
Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Derecho Procesal Universidad de Barcelona, considera que la ley de amnistía “cumple con el punto de vista constitucional y de compatibilidad de las normas internacionales”, aunque señala que “tiene imprecisiones técnicas en cuanto al procedimiento para declarar la amnistía en un proceso”, lo que, a su parecer, podría retrasar su aplicación. Fenoll ha subrayado en Las Mañanas de RNE que “un Tribunal no puede ser rebelde” ante una ley sobre la que él ve “un margen de maniobra muy estrecho”, y recuerda que la división de poderes indica que “el Tribunal Constitucional debe respetar la ley aunque no esté de acuerdo con ella”.
“Es una ley ad hoc para dar una respuesta a unas personas concretas con las que se ha pactado”, ha señalado en Las Mañanas de RNE Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre la recientemente registradaley de amnistía, sobre la que subraya su única justificación “es que hacen falta siete votos”. Freixes ha denunciado que hay “brochazos bastante gordos de inconstitucionalidad”, considera que se está cambiando “la naturaleza de una institución jurídica” y remarca que se encuentra “en el marco de unos acuerdos que sí afectarán a la vida diaria”.
El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de amnistía. El texto, pactado entre el PSOE y los partidos independentistas Junts y ERC, propone eliminar la "responsabilidad penal, administrativa o contable" a los encausados por el procés, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, lo que abarca las consultas independentistas de 2014 y 2017.
Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, afirma que "en la exposición de motivos, se dibujan unos objetivos que caben dentro de la Constitución". Sin embargo, no cree que la amnistía sea la medida más idónea, ya que "puede provocar un tratamiento desigual respecto a aquellas personas que hayan cometido los mismos delitos, pero no con la intencionalidad política de los independentistas". Por otro lado, no considera adecuados los pronunciamientos públicos del poder judicial "acerca de la oportunidad o constitucionalidad de una ley que todavía no existe".
El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de amnistía. El texto, pactado entre el PSOE y los partidos independentistas Junts y ERC, propone eliminar la "responsabilidad penal, administrativa o contable" a los encausados por el procés, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, lo que abarca las consultas independentistas de 2014 y 2017.
Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que "es una ley muy generosa" desde el punto de vista penal. Además, afirma que la exposición de motivos es adecuada: "Es una ley complicada de defender y, por lo tanto, hay que explicarla muy bien para que no parezca arbitraria, sino justificada y legitimada por los fines que persigue". García Arán entiende "el malestar" de los jueces ante el texto de acuerdo entre PSOE y Junts, pero reconoce que no es lo mismo que recoge la proposición de ley, la cual la ha dejado más tranquila: "En una primera lectura, me parece un buen texto".
Después de semanas de incertidumbre, hoy hemos conocido los detalles de la proposición de ley de amnistía. Las primeras dos páginas de la ley se dedican a justificar que la amnistía es legítima y constitucional y recuerda que el Tribunal Constitucional avaló la amnistía de 1977.
La ley se aplicará a todos los actos cometidos para reivindicar o promover la independencia de Cataluña. Eso incluye la consulta del 9N en 2014 y el referéndum del 1 de octubre en 2017, pero también los preparativos, las protestas en la calle y la ayuda y asesoramiento a los responsables.
La norma llega también al Tribunal de Cuentas, donde este viernes hay un juicio contra una treintena de ex altos cargos independentistas por desvío de fondos públicos. La amnistía implicará que les devuelvan las fianzas a los acusados, que se retiren las euroórdenes contra los que están fugados o las inhabilitaciones que pesan sobre algunos de los indultados.
Tras varias semanas en las que la ley de amnistía ha marcado el debate público, el contenido del texto ya es finalmente público. La proposición de ley pactada entre el PSOE y los partidos independentistas Junts y ERC propone eliminar la "responsabilidad penal, administrativa o contable" a los encausados por el 'procés', desde el 1 de enero de 2012 hasta este lunes, el 13 de noviembre de 2023, lo que abarca las consultas independentistas de 2014 y 2017.
Salvador Illa, primer secretario del PSC y jefe de la oposición en Catalunya, asegura en el 24 horas de RNE que "la ley de amnistía es un paso que damos muy relevante para conseguir la normalización completa en Cataluña y el reencuentro de la sociedad catalana con la española". Illa insiste en que "todo esto es fruto del resultado electoral del 23 de julio" y que "los españoles votaron y configuraron un arco parlamentario que ha llegado a este tipo de acuerdos".
El primer secretario del PSC explica que están haciendo "lo que la mayoría de la ciudadanía de Cataluña y España quieren que es trabajar pra la normalización política e institucional". "Cuando una democracia es sólida puede, en aras de un interés general, hacer un acto de generosidad. Esto justifica una medida ciertamente excepcional como es una ley de amnistía", añade Salvador Illa.
