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Los agentes de la Unidad Central de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF), que han registrado durante más de 14 horas la sede central de Gowex, se han incautado de varias cajas con documentación que podría acreditar el falseamiento de las cuentas desde 2004, tal y como reconoció el expresidente de la empresa, Jenaro García.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz -encargado de investigar los presuntos delitos societarios relacionados con el falseamiento de cuentas de Gowex- ordenó el registro de la oficina central de la compañía con este objetivo

La UDEF también ha registrado también un despacho alquilado por Gowex a la empresa de oficinas Regus, donde también se guarda documentación, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, con el mismo objeto.

Entre los nuevos imputados por el juez Pedraz están la mujer del expresidente, el director financiero de la compañía y cuatro testaferros que administraban siete empresas que servían para simular facturas. Empezarán a declarar el jueves. Antes, se realizará el volcado del contenido del teléfono móvil y el ordenador de Jenaro García, el fundador de la empresa, que él mismo entregó al juez el día de su declaración cuando reconoció que llevaba una década falseando las cuentas. También aseguró que tiene tres millones de euros en un banco en Luxemburgo. A través de una comisión rogatoria, el juez ha solicitado a esa entidad que le facilite todos los detalles sobre la actividad financiera del empresario.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dejado en libertad bajo fianza de 600.000 euros al expresidente de Gowex, Jenaro García, y le ha dado un plazo de 15 días para abonarla si quiere evitar su ingreso en prisión por el falseamiento de las cuentas de la empresa de redes wifi.

La Audiencia Nacional ha absuelto a los 19 acusados de un delito contra las instituciones del Estado en relación con el asedio al Parlament catalán en 2011, aunque a uno de ellos le ha condenado a cuatro días de localización por una falta de daños. La sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en una sentencia que cuenta con el voto particular discrepante del presidente, Fernando Grande-Marlaska, que proponía sentenciar a diez de los acusados por el delito contra las instituciones del Estado, y al condenado por la falta (que pintó la espalda a la diputada Montserrat Tura) quería imponerle un delito de daños.