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Un centenar de británicos invirtieron sus ahorros en una pedanía de Murcia creyendo que las viviendas eran legales, pero no lo eran. Llevan casi veinte años viviendo sin luz y sin agua. Ni siquiera tienen escritura de sus casas. Los constructores desaparecieron cuando estalló la burbuja del ladrillo. Ahora buscan regularizar su situación con el ayuntamiento.

La urbanización no dispone de cédula de habitabilidad y tampoco tienen los servicios básicos aunque pagan sus impuestos. La compañía eléctrica nunca les ha proporcionado electricidad porque considera estas propiedades como ilegales. "Muchos se tienen que apañar con paneles solares y generadores", explica Linda, una de las afectadas. 

Al tratarse de un condominio, los vecinos son copropietarios del terreno y no de sus casas. Ahora ni siquiera las pueden legar a sus herederos. El ayuntamieto trabaja para reparcelar la zona. "Nadie va a poder asumir el coste que le correspondería de pago de todas las infraestructuras", apunta Pedro Rivera, abogado de la comunidad de propietarios. Por su parte, el concejal de Urbanismo de Murcia, Andrés Guerrero, asegura que "se está trabajando en llevar a cabo la adecuación del plan urbanístico".

El siguiente paso será conectar las casas a las redes de distribución y equiparlas de servicios. Sueñan con algo tan básico como salir a pasear por calles urbanizadas donde los parques sustiuyan a los escombros.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha confirmado este martes que Compromís apoyará el decreto de ahorro energético cuando se tramite en el Congreso "de forma entusiasta" porque "creen en ello".

En una entrevista en La Hora de la 1, el dirigente de Compromís ha abogado por "plantear una política de austeridad porque no podemos dilapidar la energía". En este sentido, ha explicado que en la ciudad de Valencia se han ahorrado "más de 34 millonbes de euros" en las instalaciones eléctricas.


FOTO: EFE/ Juan Carlos Cárdenas

La Agencia Europea de Fronteras, FRONTEX, asegura que mantinene su colaboración actual y futura con la Escuela Nacional de Polícia de Ávila y que actualmente se forman 173 cadetes en el centro abulense. Aclaración a raíz de las dudas surgidas por la publicación en un medio nacional del traslado de la formación de esos agentes a Portugal.

Un tercio del personal de la Diputación pasará a ser fijo dentro del proceso de estabilización de las administraciones públicas de todo el país. La institución provincial sacará a concurso extraordinario 179 plazas, un 35% de la plantilla.

Hoy reunión del Ayuntamiento de Ávila con el comité de empresa de Avanza para intentar resolver el conflicto laboral.

La popular abulense Patricia Rodríguez formará parte del equipo de Alberto Núñez Feijóo como secretaria de familia en el nuevo Comité Ejecutivo Nacional.

Los puntos de recogida de aceite vegetal se ampliarán a 300 en toda la provincia. Más del 40% de los ciudadanos no tienen un punto limpio donde realizar este reciclaje.

Esta noche, el Festival de Cortometrajes de Ávila entrega su Premio Avilacine de Honor al actor madrileño Miguel Hermoso.