Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

Un informe del Consejo de Europa aprueba las medidas que ha tomado el Vaticano para luchar contra el blanqueo de dinero. No obstante, le pide que refuerce sus sistemas de vigilancia y que ponga en marcha una supervisión independiente de la Banca Vaticana.

El Gobierno no ha dado muchas esperanzas a quienes compraron preferentes de que puedan recuperar el dinero perdido. El ministro de Economía ha explicado que estudian un cambio en la ley pero dice que no tendrá carácter retroactivo.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha confirmado este miércoles que los clientes que compraron preferentes de entidades financieras que necesiten ser rescatadas tendrán que "contribuir a la reestructuración" de la entidad, por lo que no podrán recuperar su inversión. Durante una sesión de control extraordinaria en el Congreso -y en respuesta a la pregunta de un diputado socialista-, el responsable de Economía ha justificado esta situación por la actual normativa europea de Competencia, que hasta ahora no ha permitido los canjes o recompras de este tipo de participaciones en los casos de entidades financieras beneficiarias de ayudas públicas.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha reconocido que ese organismo supervisor del sistema financiero español falló en la detección de los problemas que se acumularon durante los años de bonanza de la economía española y global. "Actuó con poca decisión o de modo insuficiente o inadecuado" para prevenir los desequilibrios que han originado la actual crisis financiera y económica.

Hoy ha declarado como imputada en la Audiencia Nacional, María Dolores Amorós, la última directora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Está acusada de delitos como estafa y alteración del precio de las cosas. Según su abogado, ha negado haber puesto en juego la solvencia de la entidad. Además, según otros abogados, se ha desvinculado de las responsabilidades contables y de crédito de la entidad. Amorós tenía un sueldo que rondaba los 600.000 euros y una pensión vitalicia de 360.000 y le ha explicado al juez que ni cobró la pensión ni realizó ninguna modificación en sus retribuciones. Cuando llegó al cargo su sueldo, dice, se igualó al de su antecesor que, por cierto, declara la semana que viene. Según fuentes jurídicas, la causa podría cerrarse en unos ocho meses.