La sequía también está afectando a la producción de electricidad. Este año se está generando la mitad de la energía hidráulica que el año pasado porque falta agua en los pantanos. Así que se usa más gas, y eso aumenta la factura de la luz.
Un centenar de británicos invirtieron sus ahorros en una pedanía de Murcia creyendo que las viviendas eran legales, pero no lo eran. Llevan casi veinte años viviendo sin luz y sin agua. Ni siquiera tienen escritura de sus casas. Los constructores desaparecieron cuando estalló la burbuja del ladrillo. Ahora buscan regularizar su situación con el ayuntamiento.
La urbanización no dispone de cédula de habitabilidad y tampoco tienen los servicios básicos aunque pagan sus impuestos. La compañía eléctrica nunca les ha proporcionado electricidad porque considera estas propiedades como ilegales. "Muchos se tienen que apañar con paneles solares y generadores", explica Linda, una de las afectadas.
Al tratarse de un condominio, los vecinos son copropietarios del terreno y no de sus casas. Ahora ni siquiera las pueden legar a sus herederos. El ayuntamieto trabaja para reparcelar la zona. "Nadie va a poder asumir el coste que le correspondería de pago de todas las infraestructuras", apunta Pedro Rivera, abogado de la comunidad de propietarios. Por su parte, el concejal de Urbanismo de Murcia, Andrés Guerrero, asegura que "se está trabajando en llevar a cabo la adecuación del plan urbanístico".
El siguiente paso será conectar las casas a las redes de distribución y equiparlas de servicios. Sueñan con algo tan básico como salir a pasear por calles urbanizadas donde los parques sustiuyan a los escombros.
Llevan días encerrados en dos centros municipales de Sevilla como protesta, y hoy han salido a la calle para pedir a la Junta que tome cartas en el asunto para solucionar este problema, incluso han pedido la dimisión del consejero de la presidencia Antonio Sanz, por vincular estos cortes a las plantaciones ilegales de marihuana.
Sigue la polémica por el impuesto a la banca y a las compañías eléctricas del gobierno. El PP cree que el Ejecutivo se endeuda endueda en exceso y el Gobierno defiende un reparto más equitativo de las consecuencias de la guerra en Ucrania.
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa. EFE/ Rodrigo Jiménez
Julio ha sido el primer mes completo en el que se ha aplicado la "excepción ibérica", que limita el precio del gas. En junio solo se aplicó desde el día 15. El megawatio/hora costó de media en el mercado mayorista 257 euros, una vez aplicado el tope al precio del gas y la compensación a las compañías generadoras. A lo largo del mes, los precios oscilaron entre los 200 y los 318 euros/MWh. Los más altos se dieron en la segunda semana, con seis días consecutivos superando los 300 euros/MWh. Fue la semana más cara desde que comenzó la "excepción ibérica", que se aplica tanto en España y Portugal. Según el Gobierno, la rebaja en la factura de la luz ligada al mecado regulado es de un 15% aproximadamente.
Foto: Una factura de luz (Getty Images)
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras nos habla en el informativo 24 horas de RNE sobre la situación laboral y económica en España. Sordo cuenta que nuestro país "ha podido salir de la crisis pandémica recuperando el empleo más rápido, con un SMI más alto y con más estabilidad en la contratación". El secretario genereal de CC.OO. señala que muchas de los dogmas neliberales han fallado "las teorías neoliberales fallan más que una escopeta de feria", así lo afirmaba. Algunas patronales han denunciado las dificultades que tienen para encontrar trabajadores en el sector y según ha afirmado Unai Sordo, esto ocurre porque"muchas veces no se están pagando los salario adecuados".
Respecto a la situación económica en España, Sordo insiste en que "mientras haya guerra en Ucrania va a haber una ralentización de la economía" también señala que "no va a tener nada que ver con el impuesto que se le va a imponer a las empresas energéticas o financieras". También ha hablado sobre el pacto de rentas y el líder sindical confiesa que "va a ser muy difícil llegar a un acuerdo sobre salarios si CEOE se cierra en banda a facilitar el mantenimiento del poder de compra de los salarios por lo menos en los próximos dos años y medio".
El Gobierno registra hoy en el Congreso la proposición de ley con los detalles de los nuevos impuestos a las entidades financieras y a las energéticas. En Las mañanas de RNE hablamos con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Pide a las empresas que "arrimen el hombro" y señala que sus beneficios han sido "absolutamente extraordinarios", por lo que reclama que sean corresponsables y tengan "altura de miras", también a la hora de cumplir con la prohibición de no repercutir estos impuestos en el consumidor. "En las definiciones se dispone la prohibición expresa de no poder repercutir estas figuras tributarias en el consumidor final", afirma, y añade que se llevará a cabo un "control extraordinarios" para evitar posibles incumplimientos. "Quiero pensar que las entidades financieras y las eléctricas en mi país van a ser serias, corresponsables y van a tener altura de miras", destaca. Señala además que el Gobierno no va a rescatar a la banca "como hizo el PP".
En relación a los datos de la EPA, señala que son "muy buenos", aunque llama a la prudencia. Dice, están pendientes del impacto que podría tener la incertidumbre por la guerra de Ucrania y el ahorro energético. "Desde el día 15 de este mes estamos notando ciertas incertidumbres, [...] pero los datos como país son muy positivos", concluye.
En el terreno político, califica de "muy grave" lo que ha pasado con el caso de los ERE y señala que la corrupción no es tolerable, a pesar de que "sigue existiendo".
Sobre el tema catalán, pone en valor el diálogo por encima de la judicialización de los conflictos políticos, un hecho que afirma, "no puede volver a pasar". "Tengo clarísimo que hay dos figuras en nuestro país, la sedición y la rebelión, que no tienen acomodo ni armonización jurídica con el marco comparado europeo", afirma además. Díaz, que participó ayer en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán, celebra que se abogue por proteger a las diferentes lenguas del país.
Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona. Desde el 28 de abril de 2021, preside el Consejo Económico y Social de España, un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Costas se resiste a usar el concepto de espiral inflacionista porque cree que la subida de precios ha alcanzado su pico: "El petróleo y otras materias primas industriales están descendiendo su valor desde hace más de dos meses. Por otra parte, no veo un crecimiento de los salarios que pudiera alimentar la idea de la espiral inflacionista. Lo que sí que tenemos es un problema de márgenes elevados en algunos mercados de bienes y servicios".
Sobre los impuestos extraordinarios a las compañías energéticas, recuerda que son de carácter temporal e insiste en que el problema radica en el modelo de formación de los precios de la electricidad: "Corresponde a tiempos mejores, cuando el gas tenía unos precios bajos y estables. Cuando eso se altera, no puedes mantener el mismo modelo". Por ello, defiende la necesidad de adecuar los precios a los costes de producción de cada tipo de energía, según proceda del sol, del viento, del agua, de materiales fósiles, etc.
Costas muestra su opinión desfavorable acerca de la bonificación de 20 céntimos por litro en los combustibles: "Cuando los precios se dispararon, la medida tenía sentido en el aspecto social y político, no tanto en el económico". Ahora, sin embargo, cree que incentiva el consumo, perjudica la descarbonización de la eocnomía y genera una agravio comparativo entre las familias con diferentes niveles de ingresos.
Con todo, defiende que España es una economía competitiva: "Desde hace años, estamos manteniendo un excedente neto en la balanza de pagos. Es decir, que venemos mucho al exterior, más de lo que compramos". Asimismo, destaca la capacidad de diálogo: "Probablemente somos el país occidental con mayor capacidad para alcanzar acuerdos sociales".
Bajo su punto de vista, la desigualdad hay que combatirla en el terreno laboral: "Si queremos recuperar la prosperidad, el foco lo tenemos que poner en la creación de buenos empleos". Siempre, añade, favoreciendo la igualdad territorial y de género.
En el debate sobre el estado de la nación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un impuesto excepcional a las grandes empresas de energía con el que espera recaudar 2.000 millones de euros al año (un total de 4.000 en los dos años de la medida) y un impuesto para las grandes entidades bancarias que se estima que reportará 1.500 millones anuales a las arcas públicas (3.000 en dos ejercicios).
El Gobierno está diseñando un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas como consecuencia del alza de los precios energéticos a través de una proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos que se presentará en las próximas semanas para que entre en vigor en 2023. "Las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia, deben aportar más quienes están en mejores condiciones y lo que no cabe es que algunos resulten beneficiados a costa del perjuicio de las mayorías (...) Quienes obtengan réditos indirectos de esta subida de precios deben aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo y a la protección de la clase media y trabajadora", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Foto: Torre de alta tensión (Getty Images)
