El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido la orden planteada por el Gobierno regional que mantiene las restricciones por zonas básicas de salud porque las medidas han logrado "un descenso claro" de los contagios y en relación a la declaración del estado de alarma que decidido el Ejecutivo central, ha dicho que es una medida que "ningún madrileño va a entender". [Coronavirus: última hora en directo]
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que mantienen las restricciones de movilidad por zonas básicas de salud, pero que han decidido endurecer el criterio para aplicarlas. Se aplicarán a partir de 750 casos en lugar de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Así lo ha anunciado el consejero en rueda de prensa, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumabra este jueves las restricciones de la orden del Ministerio de Sanidad, y la presidenta madrileña acordara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plantear una alternativa al estado de alarma. [Coronavirus: última hora en directo]
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado en La hora de la 1 que espera que Ayuso tenga "una estrategia clara" para la Comunidad de Madrid porque sino abocará a la región al "estado de alarma de Sánchez" sobre la pugna judicial entre ambas administraciones por la pandemia. Sobre una posible convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid ha dicho que "vienen meses muy complicados, si Ayuso tuviera a Vox al lado no gobernaría mirando a la izquierda".
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente de Cs, Ignacio Aguado, deben "dejar de lado sus diferencias y ponerse a trabajar" en relación a las disensiones públicas sobre la gestión de la pandemia de coronavirus en la región. "No se puede gobernar si no se mira el bien de los madrileños.", ha añadido, y ha explicado que "hacen falta gobiernos fuertes y claros".
El epidemiólogo y profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago, Juan Gestal, ha dicho en 'Las mañanas de RNE' que Madrid necesita aplicar un confinamiento domiciliario para frenar la expansión del virus. "El perimetral no impide que el virus siga extendiéndose dentro. Cuando la incidencia acumulada sube muchísimo, como ha ocurrido en Madrid, son necesarias medidas drásticas como las que se tomaron en primavera", ha explicado.
Gestal cree que no tendríamos que haber salido tan rápidamente del primer confinamiento empujados por cuestiones económicas y que se no se buscó la complicidad de los ciudadanos, algo clave, según él, para controlar la enfermedad. Además considera que hubo deberes que no se hicieron. "En España lo del rastreo se tomó un poco a guasa, no se contrataron rastreadores y ahor estamos viendo las consecuencias", ha afirmado Gestal, que piensa que, desde el punto de vista político, estamos viendo "un esperpento". Por eso, ha reclamado a los responsables que tienen que tomar decisiones que aparquen las luchas políticas y se centren en controlar la enfermedad.
En España hay ejemplos de Comunidades Autónomas que están gestionando mejor la pandemia en sus territorios. Es el caso de Asturias o la Comunidad Valeciana. En Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso hablamos con Rafael Cofiño, director General de Salud Pública de Asturias; y Ofelia Gimeno, directora General de Salud Pública de la Comunidad Valenciana.
Ambos técnicos coinciden en que para medir la incidencia en una comunidad, no sólo hay que fijarse en los datos acumulados sino también en otros factores como la letalidad, el porcentaje de camas ocupadas por pacientes o la capacidad de las UCI. Es decir, tratar de realizar un examen tanto cuantitativo como cualitativo de la pandemia. No se pueden dejar atrás tampoco factores como el contexto de la sociedad: "No es solo tan importante la COVID-19 como la sociedad en la que está pasando", afirma Rafael Cofiño. La densidad de población de la zona y las capacidades de sus habitantes son también importantes a la hora de tomar decisiones.
En el caso de Madrid, afirman ambos directores, la situación es preocupante porque hay mucha densidad y movilidad, y eso puede afectar a otras autonomías. En algunos lugares se hace complicado realizar un aislamiento domiciliario de manera correcta, sin poner en riesgo a los convivientes. Los dos señalan que la toma de decisiones es política pero también técnica, ambas opiniones deben estar en equilibrio, no hay que descargar toda la responsabilidad sobre los técnicos. Sobre Madrid, dice Gimeno, no se entiende la decisión judicial de "tumbar" las medidas de Sanidad. Cofiño señala que la ola que se está produciendo en la región puede "desequilibrar" los datos de otras comunidades. En zonas rurales, señala Ofelia Gimeno, es más fácil controlar la situación precisamente por todo lo contrario: menos densidad de población, contactos sociales más limitados y poca movilidad de los vecinos, además de que los mensajes desde los ayuntamientos pequeños "calan más hondo" entre la población por su cercanía.
En cuanto al tipo de confinamiento, afirman los dos que el perimetral es el más efectivo porque es más sencillo y más fácil de entender en términos de salud pública, porque en determinadas zonas puede no tener sentido. En el caso de Asturias, señala Cofiño, se plantea el término "burbuja social" que plantea un máximo de contactos estrechos (aquellos con los que se tiene contacto a menos de 2 metros durante más de 15 minutos sin medidas de protección) para evitar el riesgo de contagios. Con el resto habría que tomar medidas de protección.
Agustín Ruiz Robledo, catedrático de derecho Constitucional de la Universidad de Granada, ha asegurado en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso queel estado de alarma es la herramienta legal que mejor encaje tiene para confinar perimetralmente las ciudades de la Comunidad de Madrid. “Todo lo que sea impedir la libertad de circulación es afectar a un derecho fundamental y para hacerlo necesitamos una ley orgánica. Ese es el razonamiento básico del TSJM para anular la orden [que impuso Sanidad], que la base legal no era una ley orgánica, sino una ley ordinaria”.
Ruiz Robledo defiende que la Abogacía del Estado no vio venir esta anulación del TSJM porque los tribunales superiores están siendo muy “deferentes” con las órdenes autonómicas.
“Se está admitiendo que mediante órdenes autonómicas se restrinjan derechos fundamentales y posiblemente la Abogacía del Estado pensó que si habían admitido las ordenes anteriores, también admitían esta, sin darse cuenta de que en este caso la orden no tenía apoyo en una ley orgánica, sino en una ley ordinaria”.
Ruiz Robledo apuesta por reformar la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud pública para luchar de una manera más eficiente contra el virus y se preguntá por qué el Gobierno no modificó la legislación, teniendo en cuenta lo que podía ocurrir en esta segunda ola.
"La ley no está concebida para aislar a cinco millones de personas", ha concluido.
Rafael Simancas, secretario general del PSOE en el Congreso, ha declarado en el informativo 24 horas de Radio Nacional que la posibilidad de aplicar un estado de alarma en Madrid "siempre ha estado encima de la mesa": "No podemos renunciar a las herramientas a mano del Gobierno porque debemos velar por la salud de la ciudadanía". Simancas defiende que la actitud del Gobierno "siempre ha sido colaboradora" y que "no siempre nos hemos encontrado con el mismo comportamiento": "Le pediría a Ayuso que no haga un uso partidista y sectario de la crisis y que haga caso a la comunidad científica y no a las consignas de la calle Génova". "Fue Madrid quien llamó pidiendo, casi suplicando, ayuda al Gobierno, que les dio 3.400 millones de euros para que reforzaran la sanidad, para que contrataran rastreadores o aplicaran la app Radar COVID, que ni siquiera está activada", ha añadido un Simancas que, además, ha aceptado la resolución del TJSM al respecto de las restricciones impuestas por Sanidad porque "las resoluciones judiciales se respetan y acatan".
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incurrir de nuevo en un "error" que conducirá a un "caos" al convocar un Consejo de Ministros extraordinario este viernes en el que se prevé que decrete un estado de alarma que afectaría a la Comunidad de Madrid ante el avance de la pandemia y después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidiera anular el confinamiento perimetral y otras medidas restrictivas contra la COVID-19 en la capital y otros nueve municipios madrileños.
El alcalde de Madrid ha protestado en una entrevista en La Noche en 24 horas ante la posibilidad de que esta reunión del Gobierno convocada a última hora del jueves derive en la declaración de un estado de alarma.
"Si se confirma, es obvio que no está consensuado con la Comunidad de Madrid y por lo tanto, Sánchez vuelve a incurrir en el mismo error que ha sumido en el caos a Madrid al tomar medidas unilateralmente", ha declarado en una entrevista en el Canal 24 Horas.
El colectivo de enfermeros en Madrid ha mostrado su preocupación por la situación en la Comunidad de Madrid. Considera que las medidas que se pongan en marcha, conlleven o no el confinamiento, no servirán de nada si no se refuerza la atención primaria. Tras la derogación del tribunal y ante la ausencia de una normativa clara, los profesionales sanitarios piden que se establezcan normas, que se hayan demostrado eficaces por la comunidad científica, y que se apliquen de forma inmediata.
Los juristas advierten de que la restricción de la movilidad y otros derechos fundamentales requieren del "estado de alarma, o una legislación más clara" que la que se ha adoptado hasta ahora. Francisco Javier Díaz Revorio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha recordado en una entrevista en el Telediario que estamos "ante una medida que es enormemente invasiva". Para el experto, este tipo de decisiones carecen "de cobertura legal por un déficit de claridad, de certeza de derecho y seguridad jurídica", que justifica que los tribunales tumben algunas de las órdenes de confinamiento y otras no, porque recaen en legislación autonómica.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha tumbado todas las restricciones de la orden ministerial, sino sólo aquellas que están relacionadas con la movilidad, porque vulnerarían los derechos fundamentales. Por tanto, se podrá entrar y salir de los municipios que estaban afectados, excepto en cuatro zonas básicas de salud: Reyes Católicos, Humanes, Moraleja de Enmedio y Villar del Prado. Esas restricciones perduran porque se publicaron en otra orden y el TSJM todavía no se ha pronunciado sobre ese documento.
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Juan José Blardony, director de Hostelería Madrid, ha lamentado el “caos normativo impresionante” que los envuelve y lo ha atribuido a las diferentes interpretaciones jurídicas que, ha considerado, llevan ocurriendo toda la pandemia. Blardony ha señalado, en el informativo 24 horas de RNE, que el viernes pasado se cancelaron más de 75.000 cenas “por la entrada en vigor repentina de las restricciones”. “Hemos bajado un 30 por ciento de facturación, calculamos pérdidas de 188 millones de euros, hay 23.000 empresas afectadas y 40.000 empleos perdidos”, ha explicado y ha añadido: “Es lamentable”. El director de Hostelería Madrid ha reclamado acabar con las limitaciones en las terrazas porque las considera “el lugar más seguro”.
La decisión de la justicia ha puesto en vilo de nuevo a casi 5 millones de madrileños, afectados desde la noche del viernes por las restricciones. El Tribunal rechaza el cierre perimetral porque considera que afecta a los derechos de los ciudadanos, pero no deja claro qué ocurre con el resto de medidas que contiene la orden del gobierno madrileño. La Comunidad de Madrid ha confirmado a RNE que, a la espera de conocer la nueva orden, los bares deben cerrar a las 23.00 horas y las reuniones sociales están permitidas como máximo de 6 personas. Hay libertad de movimientos en toda la Comunidad de Madrid salvo en tres localidades, Villa del Prado, Humanes y Moraleja de Enmedio porque, en este caso, las medidas se publicaron en otra orden diferente.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha defendido que garantizar la calidad de las pruebas PCR de COVID-19 en farmacias "no es tan fácil" tras la petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid para que estos establecimientos puedan realizar diagnósticos. Entre otros motivos, Simón ha explicado la dificultad de las pruebas, que pueden llegar a dar resultados incorrectos si no se hacen de forma adecuada. [Coronavirus: última hora en directo
