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Sanidad y Educación han propuesto a las comunidades autónomas que los colegios cierren sólo en casos excepcionales, que haya grupos de convivencia que no se mezclen entre sí y sólo se aíslen cuando haya dos o más positivos y que las mascarillas sean obligatorias a partir de los seis años. La propuesta plantea que los centros sólo cierren cuando haya un brote descontrolado, aunque no concreta la cifra de positivos. Las comunidades no están obligadas a seguir esas pautas porque tienen las competencias en materia educativa.

¿Es un presidente autonómico quien debe pedir el Estado de alarma para su territorio? La ley dice que sí, siempre que se cumplan los requisitos que marca la Constitución. El estado de alarma está regulado en una ley de 1981 que dice que, si el mismo afecta a parte o todo el ámbito territorial de una comunidad autónoma, el Presidente de la misma podrá solicitar su declaración al Gobierno central.  [Coronavirus: última hora en directo

La declaración no tienen porqué ser igual en todo el territorio, pero los expertos consideran que, si hay más de una comunidad que quiere aplicarlo, debería hacerse bajo la autoridad del Gobierno central. Otra opción sería hacer cambios a las leyes que ya existen, como pide la oposición. El PP pone el foco en la ley de Salud Pública de 1986, y pide una modificación para que las autonomías puedan limitar movimientos y confinar algunos territorios en caso de urgencia sanitaria.

Hasta ocho presidentes y vicepresidentes autonómicos han comparecido este miércoles para contestar a la oferta de activar el estado de alarma contra el coronavirus en su territorio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les hacía el pasado martes. De momento, ninguna lo va a pedir, pero tampoco lo descartan. No obstante, varios gobernantes reclaman un plan B, que evite tanto estado de alarma como pasar por un juez. [Coronavirus: última hora en directo

Cataluña considera que el ofrecimiento de Sánchez llega tarde, mientras Andalucía no lo considera útil y Galicia pide una reforma legal.  Tampoco le parece una solución al presidente de Aragón, que pide otra cobertura proporcionada y razonable. Por su parte, Baleares no lo ve necesario por ahora, porque todas las resoluciones que ha tomado han sido ratificadas por los juzgados sin problemas.

Andalucía ha registrado hoy el peor dato desde que empezó la epidemia con 800 casos en un solo día. También en Baleares ha empeorado la situación y por tanto, han endurecido las medidas: han prohibido fumar en lugares públicos, la mascarilla es obligatoria también en la playa y en el entorno laboral y se cierran los prostíbulos. Esperan que todo esto funcione y que en las próximas dos semanas bajen los casos y por el momento no se plantean un confinamiento.

Tampoco el gobierno navarro lo ve necesario por el momento, pero se suman al endurecimiento de las normas sobre todo en las celebraciones, actos de culto y espectáculos de cierta dimensión. En los espacios públicos se prohíbe la reunión de más de 10 personas, y se recomienda lo mismo en el ámbito privado, el origen de la mayoría de los focos.

Murcia se apunta a las restricciones entrando en vigor las que tienen que ver con el aforo en algunas localidades, y han pedido a las personas de riesgo o mayores de 65 años que limiten las salidas.

Xabier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona explica en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que la responsabilidad de pedir el estado de alarma es de las Comunidades Autónomas que son las que tienen la competencia de Sanidad. Entiende que en las palabras del presidente del Gobierno no hay ninguna novedad de fondo. Asegura que el presidente autonómico que lo pida no tiene que rendir cuentas ni ante el Congreso ni ante su parlamento. No obstante añade que si el Congreso lo rechaza el presidente del Gobierno puede autorizarlo aunque lo nomal, dice, es que actúen de forma conjunta.

Fernando Álvarez Ossorio, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, ha comentado en 24 horas de Radio Nacional las últimas medidas promulgadas por el Gobierno, entre las que destaca el estado de alarma que podrán pedir las autonomías. "Está reconocido en el artículo 5 de la ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio", ha explicado, pero duda de si sería necesario en algún caso porque "no sabemos si las leyes de salud pública son suficientes o no para acometer ese tipo de medidas".

El inicio del curso está a la vuelta de la esquina y algunas comunidades siguen diseñando protocolos. Aragón, Andalucía o Baleares terminarán de fijar el suyo el jueves, Cataluña apuesta por la educación 100% presencial en infantil y primaria y por la semipresencialidad en secundaria y Cantabria ha anunciado que aumentará la plantilla docente.  [Coronavirus: última hora en directo

Además, la mascarilla será obligatoria en casi todas las comunidades aunque la edad de inicio varía en función del territorio. Mientras que, desde el sindicato de profesores ANPE, reclaman mayor formación digital para los maestros por si la situación exige impartir las clases online.

Mientras que el presidente Pedro Sánchez apela a la cogobernanza, el líder del Partido Popular Pablo Casado lo acusa de parapetarse en las autonomías y de "escabullirse de sus responsabilidades". La potestad de las autonomías para solicitar el estado de alarma está presente en una ley que data de 1981.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado a las comunidades autónomas que, si lo consideran necesario debido al avance del coronavirus, pueden solicitar la declaración del estado de alarma en todo su territorio o sólo en un parte. Sería el presidente de cada comunidad el que tendría que acudir al Congreso a defender esa petición que, según Sánchez, no tendría por qué implicar un confinamiento. Además, Sánchez ha puesto a disposición de las comunidades que más lo necesiten 2.000 militares formados en labores de rastreo.

Según ha podido saber Radio Nacional, elaboran un documento marco con recomendaciones para los centros sociosanitarios en el que desde la vicepresidencia de Derechos Sociales recuerdan que las competencias son autonómicas y no estatales. Asimismo, Sanidad apunta que ya se acordaron medidas específicas como las PCR obligatorias para el personal que ha estado de vacaciones o las limitaciones de las visitas. Informa Adriana Jordán.

Cinta Pascual es presidenta de CEAPs (Círculo Empresarial de Atención a las Personas) y ha pasado por los micrófonos de RNE porque este lunes el Ministerio de Sanidad, la secretaria de Estado de Derechos Sociales y las Comunidades Autónomas se reúnen en el grupo de trabajo de residencias creado por el Ejecutivo para abordar la situación en esos centros. CEAPs es una patronal que gestiona una gran parte de las plazas de de residencias en España y su presidenta Cinta Pascual explicaba en el Diario 20 horas fin de semanaDiario 20 horas fin de semana lo que esperan de esa reunión "el encuentro es territorial, no estamos convocadas las patronales, por lo que esperemos que en los próximos días nos puedan llamar o en este caso hacer una videoconferencia y explicarnos cúal es ese plan que tiene preparado para este segunda oleada".

Cada comunidad tiene competencias delegadas "pero es importantísimo que haya un plan para toda España y que haya unos mínimos para garantizar que lo que pasó en marzo y abril no vuelva a suceder". Hace falta que se ponga un plan pero también financiación "para que ese plan funcione y creo que el plan es muy claro PCR constantemente, que no fallen los EPI en ninguna parte y sobre todo lo más importante que la coordinación socio sanitaria sea una verdadera realidad".

En esta segunda oleada la situación de las residencias es diferentes según los territorios. "Hay partes de España que está más preparada para asumir todos los rebrotes que puedan venir y otras que es más complicado. Lo que si podemos nosotros asegurar es que donde se han hecho los deberes no hay grandes infecciones, hay rebrotes por supuesto, pero no se contagia tanta gente como se contagiaba en marzo y abril"

Aunque el Ministerio de Sanidad no actualiza datos de COVID-19 durante el fin de semana, algunas comunidades sí lo hacen. Es el caso del País Vasco, que registra 661 nuevos positivos y en solo tres días suma casi 2.000 contagios, con Bizkaia como la provincia más afectada. Sucede lo mismo en Galicia, que acumula más de mil, con A Coruña como la región con más casos. En Murcia preocupa la situación: 259 nuevos positivos, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia, con Lorca como el municipio con mayor incidencia. Canarias y la Comunidad también registraron fuertes subidas durante el sábado, con especial atención en Castellón, cuyo hospital provincial suspenderá las cirugías por un posible brote.

Han sido varios los jueces que han tumbado en el País Vasco, Aragón, Castilla La Mancha las nuevas medidas restrictivas dictadas por las Comunidades Autónomas. Los han hecho con argumentos jurídicos que van desde defectos de forma, como en Madrid, a fama de competencias o atentado contra las libertades públicas. Lo que está claro es que eso crea desconcierto y confusión y también demuestra que los gobiernos autonómicos precisa un marcó jurídico, al margen del estado de alarma, para poder regular y frenar la expansión de los contagios. Informa Ángeles Bazán