Después de días de tensión y de choque entre administraciones este martes el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid han acercado posturas. Su intención es establecer criterios comunes para las ciudades de más de 100.000 habitantes toda España, en esta segunda ola de la pandemia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo propondrá este miércoles en el Consejo Interterritorial.
[Coronavirus: última hora, en directo]
Cinco autonomías han anunciado nuevas restricciones y confinamientos este martes para frenar el repunte de contagios de COVID-19. En los próximos días, los vecinos de Medina del Campo, en Valladolid, o de Calahorra, Arnedo y Rincón de Soto, en la Rioja, no podrán entrar ni salir de sus municipios sin justificación. [Coronavirus: última hora en directo
La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las comunidades autónomas podrán contratar a médicos que aprobaron en MIR pero no consiguieron plaza y a especialistas extracomunitarios.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-Ley de medidas que permiten a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) la contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 posibilitando así la el contrato de unos 10.000 profesionales sanitarios.
En concreto, el texto, como así lo ha explicado en rueda de prensa la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, recoge la posibilidad de que se pueda contratar a aquellos profesionales que cuentan con el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente pero carecen del título de especialista reconocido en España, para realizar funciones propias de una especialidad.
Por lo tanto, se podrá contratar a quienes hayan realizado las pruebas selectivas de formación sanitaria especializada en la convocatoria 2019/2020, que han superado la puntuación mínima pero no han resultado adjudicatarios de plaza. También se podrá contratar a los profesionales sanitarios que cuenten con un título de especialista obtenido en un Estado no miembro de la Unión Europea, siempre que el Comité de Evaluación haya emitido el informe-propuesta regulado en el artículo art. 8.b), c) o d) del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril.
Las cifras de pacientes de COVID-19 ingresados en UCI en las comunidades autónomas que ofrece el Ministerio de Sanidad no coinciden con las que manejan los médicos intensivistas. Los especialistas alertan de que la ocupación de camas supera ya el 100 % en la mayoría de los hospitales de Madrid y aseguran que hay saturación en casi todas las grandes capitales. La discrepancia está en la capacidad de flexibilización de las camas. [Coronavirus: última hora en directo
Desde el inicio de los primeros brotes con transmisión comunitaria en verano, las restricciones y los confinamientos han ido llegando a diferentes zonas de España. Más de 70 localidades tienen alguna de estas medidas en vigor. Los resultados, según dicen los expertos, no son inmediatos y dependen de muchos factores.
Un grupo de reconocidos científicos españoles ha pedido en una carta que publica la revista científica The Lancet que se haga una evaluación independiente sobre la gestión de la pandemia del coronavirus por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas. Según uno de los firmantes, el experto en Salud Pública y exdirector del Departamento de Salud de la OMS Rafael Bengoa, lo reclaman para asegurar que no nos vuelve a sorprender el virus como lo hizo en la primera oleada. [Coronavirus: última hora en directo
La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha valorado en 'Las mañanas de RNE' el acuerdo alcanzado ayer entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso para crear un grupo de coordinación entre ambas administraciones frente al coronavirus, aunque ha recalcado que la Comunidad de Madrid sigue siendo la que tiene que tomar las decisiones. “La competencia es de la Comunidad de Madrid. El Gobierno está para apoyar y recomendar”, ha explicado Darias, que ha asegurado que la ciudadanía no entendería que las administraciones no se entiendan en un momento como este. Además, también ha respondido a la decisión de Quim Torra de recomendar que los catalanes no viajen a Madrid. “Lo que menos necesita la ciudadanía es el virus de la discordia, necesitamos una llamada a la solidaridad”.
El magistrado Ignacio González Vega ha explicado en La noche en 24 horas que, sin el estado de alarma, es cada comunidad autónoma la que debe ocuparse de gestionar la Sanidad: "El Gobierno central desarrolla una labor de coordinación entre todas las comunidades". Por otro lado, preguntado por el fiscal Navajas, el juez ha opinado que está mostrando las discrepancias en la cúpula del Ministerio fiscal. "El fiscal Navajas entiende lo que entendemos, que las querellas estaban abocadas a desestimarse", ha añadido.
En Las mañanas de RNE nos acompaña Julián Olalla, presidente del Comité Científico del Congreso Nacional COVID-19 y especialista en medicina interna. El manifiesto con el que ha finalizado el Congreso Nacional COVID-19 solicita más coordinación entre administraciones y una respuesta más equitativa basada en evidencias científicas. "Los sanitarios queremos ser escuchados" ha dicho Olalla. "Queremos que haya protocolos nacionales, que las decisiones sean conjuntas a nivel de todas las administraciones para que se tomen de forma rápida y con criterios uniformes en todas las partes de España". Olalla apunta a que, hasta que haya una vacuna, solo contamos con las medidas de distancia social: "Lo ideal es que estas medidas fueran más o menos uniformes para todo el territorios y aplicables de forma más o menos automática. Que haya unos protocolos nacionales que las ejecuten". Pueden estar los tres niveles de organización del país. ¿Qué países pueden servirnos de espejo para controlar la pandemia? El doctor Olalla señala ejemplos como Portugal, cuyas medidas de control han sido efectivas, o Italia. Nosotros, puntualiza, también tenemos las peculiaridades de nuestra economía. "Ojalá no haya que llegar a un escenario de confinamiento, yo estoy seguro que se tomarán medidas mucho antes para no llegar a este escenario". Sobre las medidas en otros países, Olalla cree que se han producido cierres estratégicos de sectores para contener los brotes. "Igual no es el momento de cerrar sectores económicos, pero sí de limitar de forma precoz. Vale más aplicar una restricción suave a tiempo que aplicar una restricción dura cuando los hospitales empiecen a sufrir".
En Cataluña, suben todos los datos: el de nuevos casos, más de 1.300, casi un centenar más que el dia anterior; y el de fallecidos, que se duplica de 4 a 9 en un día. También se incrementan en una decena los casos ingresados en UCI, pero la tasa de reproduccion, es decir, el número de personas a las que de media contagia cada infectado, ha bajado por debajo de 1, lo que significa que la propagacion del virus es cada vez menor.
En Andalucía hay 200 ingresados más que hace una semana y 11 más que ayer. En Euskadi sube la ocupacion de UCI y los positivos, aunque bajan los ingresos en los hospitales. La Comunidad Valenciana ha registrado en la última jornada casi medio centenar de nuevos contagios y preocupan especialmente los focos en residencias, que casi se han triplicado en el último mes.
En La Rioja suben en más de 70 los casos activos, Cantabria experimenta un leve repunte de casos, y en la Región de Murcia, sube el número de positivos hasta casi 450, la cifra más alta de todo septiembre, aunque sin nuevos ingresos en UCI.
Las dudas generadas sobre la conveniencia o no de reiniciar las clases en este tiempo de pandemia ha vuelto a el escenario político porque la presidenta del PSOE, Cristina Narbona ha pedido serenidad y responsabilidad, pero sin ahorrar críticas a algunas Comunidades Autónomas que en su opinión no han implantado las medidas acordadas en junio para conseguir una vuelta segura a los centros educativos y decía que el presidente del PP, Pablo Casado se ha puesto de perfil en esta situación. La vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, del PP acusaba a la ministra de Educación, Isabel Celaá, de haber abandonado a su suerte a las comunidades.
Natalia Velilla es Magistrada-Juez de Adscripción Territorial de Madrid y miembro de la asociación judicial Francisco de Vitoria y con ella hemos hablado de los derechos de padres y alumnos sobre acudir o no a los centros escolares por temores al coronavirus, lo hemos hecho en el Diario 20 horas fin de semana Diario 20 horas fin de semana de RNE y le preguntábamos por estudiantes de 6 a 16 años "realmente deben ir al colegio, en todo caso, porque no sólo hay un derecho a la educación recogido en el texto constitucional, artículo 27, sino que hay una obligación de ir al colegio". La norma general nos dice la magistrada es la de acudir a un centro educativo "lo que ocurre es que nos encontramos ante un conflicto entre un derecho que es la obligación de los padres a escolarizar a sus y la integridad física en este caso, entonces al haber un conflicto entre ambos derechos es cuando habrá que ver los problemas según cada caso". Así que poder poder, no se puede dejar de ir al colegio con carácter general.
Ahora bien, cuando un menor tiene alguna patología previa que le conviertan en persona de riesgo de contraer una infección "ese menor con una indicación médica no debería ir al colegio, al igual que si convive con gente que tenga algún tipo de riesgo. En otros casos no existe un derecho de no acudir, pero tampoco podemos entender que por no ir al colegio, por miedo de los padres, estemos hablando de una conducta que pueda ser perseguida". El ordenamiento jurídico, dice Natalia Velilla no está para perseguir a padres que manifiesten algún temor por la salud de sus hijos.
Perseguir el absentismo escolar dependerá no tanto del juez como de las circunstancias "no es lo mismo en un periodo normal donde no hay una pandemia mundial, en que se vive en una crisis sanitaria como la de ahora, que un padre decida no llevar a su hijo al colegio si no es de una manera reiterada y pertinaz, en cuyo caso si que podríamos estar ante un delito en las relaciones familiares artículo 216 del Código Penal, que en una situación como la actual en la que nos encontramos con una pandemia clara y con riesgo para la salud de las personas y los padres tienen un miedo que no es irreal, estamos en una situación de emergencia sanitaria. En estos casos aunque se llegaran a abrir unas diligencias previas contra los padres "creo que tendrán poco recorrido, desde mi punto de vista, salvo que la negativa de los padres no esté en absoluto justificada". El terreno es difuso, sin jurisprudencia, si los padres por algún daño en la salud de sus hijos decidieran emprender la vía judicial "si un centro escolar cumple los protocolos que le marca la Comunidad Autónoma, la consejería de Educación correspondiente, y hace todo lo que está en su mano para que la epidemia no se propague entre los alumnos no creo que exista ningún tipo de responsabilidad para nadie".
En Cantabria mañana los padres retomarán una tarea rutinaria que llevan meses sin hacer, llevar a sus hijos al colegio. Lo harán no sin temores porque afirman que hubiera sido conveniente que hubieran consultado más al colectivo de profesores y de padres las autoridades regionales, porque les parece inconcebible que con los tres meses de verano, más los otros tres desde el inicio del confinamiento aún no tengan claro como van a hacer las cosas. No obstante, la mayoría confía en las medidas que se han adoptado a lo que hay que añadir un trabajo de concienzación de los padres hacia sus hijos para que respeten en todo momento las medidas de seguridad. Informa Gonzalo Miralles
