Hace semanas, e incluso meses, que la palabra crisis es de las más empleadas; en Para todos La 2 generalmente desde un punto de vista social o económico.
Hoy quienes nos hablan de la crisis son los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.
Para ello hemos invitado a los secretarios generales de ambos sindicatos en Cataluña, Joan Carles Gallego de CCOO y José María Álvarez, de UGT.
Desde escuelas infantiles a universidades, pasando por colegios e institutos, ningún centro parece escaparse a las dificultades económicas por las que atraviesa la enseñanza. Los centros se quejan de que no pueden hacer frente a los numerosos pagos o que tienen problemas de funcionamiento porque ayuntamientos y comunidades autónomas les deben dinero desde hace muchos meses.
Las cinco universidades de Valencia ya han dado la voz de alarma. El Gobierno valenciano les debe 197 millones de euros.
En Galicia cinco escuelas infantiles públicas serán gestionadas por empresas privadas. La Confederación Intersindical Gallega, el sindicato mayoritario, cree que es el inicio de la privatización. La Xunta defiende el modelo ante la falta de fondos.
El Banco Mundial revisa a la baja el crecimiento de la zona euro y dice que su deterioro frena la economía global y puede llegar a desencadenar una crisis mundial como la de septiembre de 2008. El descenso de la demanda de países avanzados afectaría a los emergentes, con una caída de sus exportaciones.
Al severo programa de ajuste, Portugal suma ahora una reforma laboral que esta mañana han firmado Gobierno, empresarios y uno de los principales sindicatos del país. El otro, el mayoritario, la rechaza. La reforma recorta las vacaciones, facilita el despido y abarata las horas extras.
Crónicas - "Luces y sombras en la ciudad" - Álbum de rodaje
Las comunidades autónomas siguen analizando lo que les dijo ayer el Gobierno en el consejo de politica fiscal y financiera. Las gobernadas por el PP coinciden en destacar la mejora de la financiación a través de los créditos del ICO para pagar a los proveedores. Cataluña reclama además ayudas para financiar su deuda y Andalucía pide que se explique de dónde sacará el ICO el dinero.
Adelanto para pagar deudas a proveedores. Lo ha anunciado hoy el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra en las Cortes valencianas. Mientras, desde la enseñanza, incluida la Universidad, dicen que la capacidad para seguir funcionando está llegando al límite.
El anuncio de posibles responsabilidades penales para los gestores públicos que gasten sin respaldo presupuestario ha centrado hoy el debate politico. La oposición plantea diversas objeciones. El PP recuerda que lo llevaba en su programa electoral y señala que ahora el Gobierno tendrá que concretar cómo se hace.
El gobierno plantea un cambio legal para que los gestores públicos que gasten más de lo que les permiten sus presupuestos tengan responsabilidades penales. Lo ha dicho el ministro de Hacienda, que además ha señalado que el Estado podrá incluso intervenir las cuentas de las comunidades que no cumplan con los límites de déficit. Pero también ha anunciado medidas para facilitar los pagos de las Comunidades con problemas.
Durante toda la mañana hemos estado pendientes del desahucio de un vecino del madrileño barrio de Usera, Lamín, cuya deuda con el banco asciende a 234.000 euros. Hemos hablado con él en varias ocasiones, mientras llegaban vecinos y policías a la puerta de su casa y cuando ya se ha efectuado el alzamiento (18/01/12).
El conjunto de los consejeros autonómicos ha manifestado su satisfacción por las medidas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa en su primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para garantizar liquidez a las Comunidades Autónomas, y se han comprometido con el objetivo de estabilidad presupuestaria. La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha reconocido estar "muy satisfecha" con el "máximo consenso" existente en torno a la futura ley de estabilidad presupuestaria, aunque en Los desayunos de TVE ha recordado que aún "hay que ver la letra pequeña". La consejera andaluza ha indicado que las cuentas de su comunidad son claras y están auditadas cada tres meses por las agencias de calificación. Acerca del posible vuelco electoral con el triunfo del PP, ha señalado primero que "no van a ganar" y segundo que "no se van a encontrar con ningún susto" o con facturas sin contabilizar en los cajones. El consejero valenciano, José Manuel Vela, ha afirmado en TVE que la Comunidad Valenciana incurrirá en déficit en 2011 pero que en 2012 "cumplirá su objetivo de déficit". Vela ha aclarado que su comunidad "no fue rescatada" sino que sufrió "tensiones de tesorería" a fin de año. Ha reconocido que "no supieron prever los efectos que iba a tener la crisis financiera" y que contaban con elementos coyunturales como si fueran estructurales, en referencia al crecimiento basado en el ladrillo. El consejero madrileño, Percival Manglano, ha pedido cambios en leyes nacionales que condicionan el gasto sanitario, educativo y social de las CC.AA. Ha puesto como ejemplo el decreto que fija el precio de los medicamentos cuya revisión no está actualizada y obliga a incrementar el gasto. Afirma que el Gobierno "es receptivo" a estas peticiones e insiste en que Madrid sigue estudiando la bajada del tramo autonómico del IRPF para estimular la economía. Manglano recuerda que desde el inicio de la crisis la Comunidad que preside Esperanza Aguirre ha pasado de 14 consejerías a ocho, ha eliminado más de 20 direcciones generales y más de 100 organismos autónomos. Insiste en que la ley de estabilidad presupuestaria "es de obligado cumplimiento para todos" y que "las excepciones de unos son los esfuerzos añadidos de otros".
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo va a impulsar un cambio en la ley para que se pueda exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos. "Lo que vamos a hacer ahora es un cambio que llamamos Ley de Transparencia de Gobierno. Vamos a exigir responsabilidades penales para los gestores públicos", ya sean políticos o personas nombradas por políticos, apuntó Montoro en declaraciones a la Cadena Ser.
