El mecanismo COVAX pretende llevar 2.000 millones de dosis este año a los países desfavorecidos, aunque al ritmo actual parezca una meta bastante difícil. Hablamos con Miriam Alía, responsable de vacunación de Médicos Sin Fronteras, que advierte que no solo es un problema de derechos humanos o de reparto equitativo, "es un problema claramente de salud pública". "En el momento en el que la epidemia esté descontrolada o siga habiendo un número importante de casos en estos países, que no tienen acceso a las vacunas, el riesgo de que surjan mutaciones o nuevas cepas y escapen del efecto de las vacunas que tenemos ahora es muy elevado", explica Alía. En Sudáfrica, nos cuenta, donde todavía no han podido comenzar a vacunar, recibirá una parte de sus vacunas por el mecanismo COVAX y a través de contratos bilaterales con AstraZeneca, "por los que paga bastante más de lo que paga Europa", puntualiza. El principal obstáculo para hacer llegar las vacunas a estos países es la capacidad de producción: "No se trata tanto de un problema de fondos, porque COVAX ha recibido fondos, sino de capacidad de producción. Tiene el dinero pero no tiene dosis disponibles para comprar. Esto solo se soluciona aumentando la capacidad de producción poniendo a otras empresas a fabricar dosis de vacunas que ya se han demostrado seguras y efectivas". Alía apunta que la forma de solucionarlo sería hacer una suspensión temporal de las patentes, algo que pidenmás de 100 países entre los que se encuentran Sudáfrica e India. La exención temporal de patentes, por la situación de emergencia de salud pública, permitiría fabricar las vacunas de forma genérica para abastecer de vacunas a todos los países de forma mucho más rápida.
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