Inmigración

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Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, ha estado en el 24 horas de RNE con Josep Cuní, donde ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de "alinearse con la política de fronteras desprotegidas de Sánchez y de Von der Leyen". La posición del PP en en debate de la reforma de la Ley de Extranjería ha tenido como consecuencia la ruptura de los gobiernos autonómicos que el partido tenía en coalición con Vox, lo que Buxadé ha definido como "la consecuencia normal, natural de un partido como Vox" y culpa a Feijóo del cambio de posición: "A mitad de semana aparece el señor Núñez Feijóo imponiendo a los presidentes regionales del PP un cambio de posición [...] Vox ha reaccionado de forma natural en el sentido de responder a nuestros votantes, a lo que se espera de nosotros", defiende.

Asimismo, sobre el caso de Ignacio Higuero, de la Junta de Extremadura, que ha decidido dejar el partido porque Vox ya no representa sus ideales, Buxadé dice entender su postura a nivel personal, pero "a nivel político por supuesto que no, porque Vox sigue diciendo lo mismo".

En cuanto al debate de la Ley de Extranjería, el eurodiputado por Vox ha insistido en que "estamos hablando de inmigrantes ilegales que han entrado ilegalmente en el territorio nacional" y remarca que "nosotros no podemos colaborar con la inmigración ilegal". "¿Por qué no se preocupan en devolver a los menores con sus familias? En los centros de MENA acaban en el delito [...] La inmigración ilegal no se puede gestionar", persevera Buxadé.

Sobre las continuas llegadas de migrantes a Canarias, Buxadé añade que "es el gran negocio de las mafias": "Esto es una espiral que va a ser permanente si no se para, si no se inicia el proceso de acuerdo de negociación inmediata, diplomática con el Reino de Marruecos", sentencia.

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Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, ha estado en el 24 horas de RNE con Josep Cuní para hablar del acuerdo alcanzado entre comunidades autónomas en el día de ayer para la repartición de menores migrantes no acompañados. Perazzo lo considera como "un primer paso", si bien añade que lo necesario es "una solución estructural y un mecanismo de reparto que sea estable", para una solución más a largo plazo. Mientras que eso ocurre, señala la necesidad de planes de contingencia: "Mientras tanto, siempre tenemos datos y podemos observar las tendencias de cuándo van a tener lugar las llegadas, para eso es necesario prepararse".

La directora de Incidencia Social y Política de la ONG añade que con los recursos suficientes, "la posibilidad de acoger existe", aunque remarca que algunas comunidades en las que la presión migratoria es menor no cuentan con recursos suficientes, mientras que en Canarias la situación está "muy tensionada": "Hay una sobreocupación que no permite dar una respuesta a la altura de los derechos de la infancia. Necesitamos que baje la ocupación para poder realmente dar unas condiciones de acogida dignas y hacer un seguimiento individualizado de cada niño", sentencia.

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Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, asegura que el acuerdo alcanzado ayer para el reparto de menores desde es un paso, “pero claramente insuficiente”. Según Rego, es “imprescindibledar un salto cualitativo que permita hacer una planificación estructural”. Ahora, Rego dice que seguirán trabajando por la reforma de la ley de extranjería: “Es la manera más razonable que hacerlo. Las comunidades del PP dijeron ayer que la pelota está en el campo de Feijóo”. La ministra dice que están dispuestos a explorar todas las aportaciones posible con el objetivo de tener un mecanismo que haga que “cuando llegue un niño a Canarias, se le dé respuesta poniendo por delante sus derechos”. Quita importancia a la abstención de Cataluña, porque dice que está acogiendo inmigrantes desde hace tiempo y culpa al PP de vetar un grupo de trabajo que evalúe las necesidades en todo el país. Sira Rego anuncia que la reforma de la norma se tramitará como Proposición de Ley y que intentará encontrar el apoyo de todos, incluido el PP: “Está todo el campo abierto”.  Sobre el futuro de los gobiernos autonómicos de PP y VOX, cree que “Feijoo tiene un problema. Tiene que decidir si se pone del lado de los derechos de la infancia o de VOX”.  

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Ana Redondo, ministra de Igualdad, ha estado en el 24 horas de RNE con Josep Cuní, donde ha hablado sobre los menores migrantes que están llegando a las Islas Canarias y la situación que está conllevando: "Estamos hablando de los derechos de estos menores que salen del horror [...] No puede ser un problema las personas que llegan, son una solución y una oportunidad para una España que se desangra demográficamente", ha defendido. Asimismo, la ministra ha destacado que "no hay posibilidad de vivir en una sociedad global como esta sin que la migración sea un elemento esencial".

También ha hablado del último repunte de casos de violencia de género y de violencia vicaria, algo que preocupa seriamente a la sociedad ya que van 21 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y 14 niños asesinados por sus padres. La ministra, si bien, ha reconocido la existencia de fallos en los mecanismos para detectar este tipo de violencias: "Siento muchísima impotencia, muchísima rabia, pero nunca desesperanza [...] Cabe reforzar todos los instrumentos para seguir luchando contra lo que yo creo que es el mayor problema de derechos humanos al que se enfrenta nuestra sociedad española", sentencia.

El año pasado pocas comunidades accedieron a la distribución de menores migrantes: Andalucía, Aragón, Asturias y Navarra. En 14 horas de RNE, conectamos con tres de nuestras territoriales para conocer la realidad social migratoria en distintos puntos de la geografía española. En el caso de Andalucía, es partidaria y acepta el reparto propuesto, "siempre y cuando, asegura la Consejera de Inclusión Social, haya financiación y tiempo para poder obtener recursos necesarios", indica María Fernández, compañera de RTVE Andalucía.

En cuanto a Cataluña, acoge migrantes de muchas nacionales. La mayor parte procede de América Latina y concentra a casi un tercio de los migrantes marroquíes que llegan a España. "Según explica la Consejería de Derechos Sociales en un comunicado, el sistema catalán de Protección Infantil está sobreocupado y la Generalitat ha tenido que cuadruplicar las plazas y también la financiación", informa Andreu Santos, compañero de RTVE Cataluña.

En País Vasco, aunque no haya cumplido con los cupos de acogida, es una de las regiones españolas donde la integración está más avanzada. Sin embargo, las instituciones públicas también advierten que todos los centros están saturados. "En la ruta de la frontera con Francia, en la zona de Irún, las organizaciones sociales advierten que cada vez son más los menores que llegan huyendo en tránsito, con ese riesgo de que luego les capten redes de explotación", señala Ana Sterling, compañera de RTVE País Vasco.

Informan María Fernández, Andreu Santos y Ana Sterling. 

El perfil del menor que llega a España es el de un chico adolescente de entre 12 y 17 años. Estos menores llegan desde países como Senegal, Mali, Gambia o Marruecos, seguidos por Guinea y Mauritania. Al ser menores, están bajo el amparo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y también del interés superior del menor que consagra la Legislación española. En 14 horas de RNE hablamos de Mali, un país que tiene recomendaciones específicas por parte de Naciones Unidas que facilitan el acceso al estatus de refugiado. "Con una edad promedio de 16 años, la población de Mali es una de las más jóvenes del mundo y el país es uno de los más difíciles para los menores", informa Valle Alonso, compañera del área de Internacional de RNE. La pobreza extrema, la desnutrición, el matrimonio infantil y la violencia de género son "el sello que caracteriza la vida de esos niños y niñas", además del impacto del cambio climático.

El trayecto desde Mali hasta Canarias compite en peligrosidad con otras rutas por África Central. "Es un camino plagado de riesgos", cuenta Fran Sevilla, compañero del área de Internacional de RNE. A riesgos como las condiciones extremas en la ruta, la falta de alimentos y agua, los asaltos o chantajes, se le suma el hecho de que "son menores de edad, es decir, todavía más vulnerables que los adultos y con medos recursos", señala Fran Sevilla.  

Informan Valle Alonso y Fran Sevilla

En Lanzarote están en emergencia social, las carpas instaladas en el puerto de Arrecife podrán atender hasta a 60 menores, pero son solo un recurso de emergencia.

Las palabras pueden convertirse en armas, y eso es lo que está pasando con la palabra "Mena" en el terreno político. Aunque La cifra de menores no acompañados llegados a España oscila entre los 13.000 y 14 mil en un país de 48 millones de habitantes, la necesidad de reubicar urgentemente a 400 de ellos en diferentes comunidades autónomas se ha convertido en un foco de enfrentamiento entre partidos políticos con amenazas como la de Vox de romper sus pactos con el Partido Popular en las comunidades autónomas donde gobiernan juntos. El ministro de Interior Fernando Grande Marlaska señalaba que esta situación nos pone en evidencia en Europa. Aunque muchas de las competencias las siguen teniendo los estados, España está obligada a cumplir el Pacto Migratorio Europeo, que aunque se basa en un mayor control de las entradas, las nuevas normas también refuerzan la protección sobre los menores, las familias con niños y en general, sobre los inmigrantes más vulnerables. ¿Está cumpliendo España sus obligaciones en el marco europeo con estos menores no acompañados? Se lo vamos a preguntar a Lara Contreras, directora de Influencia, programas y Alianzas de UNICEF España, que considera la situación de estos menores de "emergencia humanitaria" y que "España no está dando las garantías de protección a los menores no acompañados".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que las comunidades gobernadas por su partido van a ser "solidarias" acogiendo a 400 menores migrantes no acompañados que han llegado a las Islas Canarias como les ha pedido el Gobierno central, pero le ha pedido al mismo tiempo al Ejecutivo central que habilite "instalaciones y gestione" su asistencia cuando "ya no se pueda acoger más" porque no haya instalaciones disponibles. Foto: Ion Alcoba / Europa Press.