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Con Rosa Sánchez hablamos de lo que se puede acabar convirtiendo en una crisis de materias primas en la industria. Tiene que ver con el encarecimiento radical que están sufriendo muchas materias básicas en la producción industrial de diferentes sectores, en un momento en el que la economía intenta volver a la normalidad después de la pandemia y hay productos que no dan abasto.

Hace un año, en medio de la pandemia y de la amenaza de un desastre económico sin precedentes para Europa y el mundo, Merkel y Macron lanzaban un ambicioso plan de ayudas económicas para todos los socios: 500.000 millones de euros que luego se convertirían en 750.000, el equivalente al 6,5% del PIB europeo, para modernizar Europa y hacerla más verde y más competitiva.

El 21 de julio del año pasado, en una Cumbre record por su duración y complejidad, los países de la UE aprobaban esa gran ayuda financiera, que hacía realidad una hasta entonces desconocida solidaridad presupuestaria y la puesta en circulación de 750.000 millones de euros a lo largo de cinco años para hacer cambios radicales en las economías europeas, digitalizarlas, hacerlas más respetuosas con el medio ambiente y prepararlas para futuras nuevas crisis globales.

Sólo se podrán repartir en el momento en que todos los países de los 27 hayan ratificado los planes nacionales. De momento sólo 19 Parlamentos de la Unión han dado ya luz verde y algunos, como Holanda y Finlandia, están poniendo pegas. De todo esto hablamos con los embajadores de los dos países padres de esta iniciativa: Wolfgang Dodl, embajador de Alemania en España y Jean Michel Casa, embajador de Francia en España. También debatimos con Miguel Gil Tertre, jefe de división de la Task Force Recover de la Comisión Europea, y Eulalia Rubio, investigadora senior del Instituto Jacques Delors, especializada en analizar el presupuesto de la UE.

Tras varias dimisiones y cambios en el equipo económico que debe gestionar la llegada de los fondos europeos, nuestro compañero del área de economía Daniel Hernández Baldó se pregunta si la ideología de los cargos públicos es relevante para conocer cómo van a desarrollar su trabajo. Gonzalo García Andrés, el nuevo Secretario de Estado de Economía, ha dejado algunas pistas al respecto en un blog, "New Deal", título que remite al influyente economista John Maynard Keynes, cuyas teorías defendían un aumento del gasto público para estimular la demanda y aumentar, por tanto, la producción, la inversión y el empleo.

En su informe anual, publicado este jueves, el Banco de España pide abaratar el despido un 50 % con un sistema mixto que combine una revisión del despido y tipos de contratos y crear un fondo en el que las empresas hagan una aportación a nombre de cada trabajador que podrían recuperar si pierden el empleo o en la jubilación. Cree que la recuperación comenzará en la segunda mitad del año aunque los efectos de la pandemia persisitirán en el tiempo y no se alcanzarán niveles precovid hasta 2023.

La institución aconseja evitar una retirada prematura de los apoyos económicos como los ERTE y complementarlos con otras medidas como programas de formación. También revisar las políticas activas de empleo, corregir la elevada temporalidad y la alta tasa de paro.

Sobre las pensiones, vuelve a defender subir la edad de jubilación.  Señala que hay que revisar los gastos e ingresos públicos para un mejor reparto. El impacto de las medidas aprobadas para enfrentar la crisis sanitaria sobre el saldo de las cuentas públicas ha sido en 2020 del 4,5 % del PIB. Por eso, el Banco de España señala que es esencial un ajuste y consolidación presupuestaria y reducir el déficit y la deuda. En cuanto a los fondos europeos, aconseja una buena selección de los proyectos para contribuir a las reformas y los cambios estructurales que España necesita.

FOTO: Negocios cerrados en una calle de Madrid. REUTERS/Susana Vera

Marta Flich repasa en esta sección algunas noticias que han pasado desapercibidas en estos días cargados de actualidad política. El mindfulness empresarial y la productividad tóxica son los temas de esta semana.

Hay una tendencia que se está abriendo paso entre las empresas y que tiene que ver con la posibilidad de muchas de ellas de reclamar a sus respectivos seguros una indemnización por el cierre forzoso de sus establecimientos derivado de la crisis sanitaria, durante el confinamiento o en periodos posteriores.

El año pasado ya se debatió bastante sobre este tema y parecía que estaba enterrado, que estaba muy claro que las empresas no tenían derecho a reclamar una indemnización por cierre ya que la causa que había llevado a eso no formaba parte de los riesgos protegidos, como sí lo son incendios, robos o inundaciones, por ejemplo. Lógicamente una pandemia como la que estamos viviendo no podía formar parte de los riesgos previstos en una póliza de seguros al uso antes de febrero o marzo del 2020. Sin embargo, en febrero de este mismo año, la Audiencia Provincial de Girona dio la razón a la pizzería 'Bella Napoli' que había reclamado 6.000 euros por el cierre de su establecimiento y eso ha abierto una vía que cada vez un mayor número de empresas están explorando.

Nos lo cuenta Rosa Sánchez en esta sección del 24 horas.

El Gobierno estima que el impacto de la COVID-19 en las cuentas públicas en 2021 será “menos severo” que en el primer año de pandemia, cuando cerró con un déficit público cercano al 11%, el segundo más alto de la Unión Europea (UE), si bien empeorará con respecto a su anterior previsión en siete décimas, ascendiendo hasta el 8,4% del producto interior bruto (PIB) este año. En la misma línea, la deuda pública descenderá hasta el 119,5% del PIB este año, desde el 120% de 2020, para continuar reduciéndose hasta el 112,1% en 2024.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta las proyecciones de déficit incluidas en el Programa de Estabilidad (EFE/ J.J. Guillén)