Cada vez más administraciones están buscando fórmulas para tratar de impulsar el consumo y reactivar la economía y han puesto en marcha bonos. Los ciudadanos pagan una parte de esos vales que se pueden usar en comercios, bares o teatros y el resto lo aportan las comunidades o ayuntamientos.
Con el plan "Quedamos en Galicia", dirigido a hoteles y establecimientos turísticos, la Xunta ofrece bonos de 250, 375 y 500 euros. Quienes los soliciten solo pagarán el 40% de estas cantidades. 560 establecimientos aceptarán este método de pago. En Andalucía la Junta paga el 25% de la factura si pasan al menos tres noches en algún alojamiento de la Comunidad.
Si miramos a las ciudades, Bilbao ha lanzado bonos para el comercio o la cultura, pero el que arrasa es el de la hostelería. 618 bares se han sumado a la iniciativa y el ayuntamiento paga la mitad de las consumiciones a través de bonos de 10 y 20 euros. En Barcelona, con Sant Jordi en el horizonte, se ha puesto en marcha un bono de 20 euros para gastar en cine, libros y música.
Los supermercados de las ciudades más turísticas no tienen a quién vender. Son unos 4.000 centros, situados en la costa o en ciudades que recibían muchos turistas extranjeros.
Tampoco levanta cabeza la distribución mayorista, empresas que sirven a hoteles y restaurantes, han perdido un 30% de las ventas desde el inicio de la pandemia.
A la larga no es sostenible dedicar más de un tercio de lo que se ingresa al alquiler. Sin embargo es algo que sufren cuatro de cada diez personas que viven en ese régimen. Superar el límite del tercio significa ser vulnerable y estos representan más de la mitad de los inquilinos en País Vasco, Canarias, Madrid y Asturias, según demuestran los datos del Instituto Nacional de Estadística.
La coalición de Gobierno se debate entre control de precios de los alquileres y beneficios fiscales para quienes los bajen. Miramos a Portugal, que optó recientemente por un sistema de incentivos fiscales bastante generosos, pero no ha dado los resultados esperados. En España la parte socialista del Gobierno propone bonificaciones en el IRPF a los propietarios de inmuebles en zonas tensionadas, que irían del 60% hasta el 90% si el alquiler que se cobra está por debajo de un límite que está por definir.
Pero las asociaciones en defensa de la vivienda asequible aseguran que estos beneficios ya existen hoy. En la otra parte, los propietarios prefieren los incentivos fiscales aunque no les toque del todo, porque los que se plantean son para personas físicas y no empresas. El control de precios, establecer un tope que no se pueda superar allá donde los alquileres son muy elevados, también tiene sus efectos. Quienes lo atacan dicen que retira oferta del mercado o que la manda al mercado negro y que los precios pueden subir allá donde no hay regulación. El área de Economía de RNE profundiza en todas las opciones para regular los precios de los alquileres y sus consecuencias en el 24 horas.
Tras el confinamiento del año pasado muchas empresas ofrecieron bonos a quienes tenían previsto viajar y no pudieron hacerlo. El coronavirus arruinó muchas vacaciones y muchos esperan que les devuelvan el dinero, porque los bonos van a caducar y la situación no ha mejorado. La Ley les ampara, tienen derecho a recuperar su dinero y pueden reclamar ante los tribunales, aunque económicamente no es viable. Los expertos recomiendan agotar la vía de la reclamación.
Isidre Ambrós ha vivido en una década en Pekín y Hong Kong como corresponsal de La Vanguardia. Ha escrito "La cara oculta de China", un libro lleno de curiosidades sobre esa superpotencia, y lo ha presentado en Las mañanas de RNE.
Sobre su trabajo allí, asegura que no ha sido fácil. "Es enormemente difícil trabajar en China. Siempre te están poniendo peros, de entrada todo es no, he visto a compañeros que no les dejaban grabar un edificio porque se ponían en la acera. Tienes los teléfonos pinchados, muchas veces te siguen... No es muy agradable la mayoría de las veces", asegura. Con él hablamos de la represión de los uigures, de Xi Jinping, de fútbol, de funcionarios y corrupción, y de comercio y Derechos Humanos.
La periodista Rosa Sánchez habla del ahorro de las familias españolas relacionado con la pandemia. Se calcula que solo en los tres primeros trimestres del 2020 las familias españolas ahorraron unos 40.000 millones de euros más de lo habitual. Este ahorro es visto ahora como la gran esperanza para la recuperación del consumo y de la economía española cuando la vacuna permita levantar las restricciones que aún existen sobre la movilidad y las actividades sociales.
Por una parte está el ahorro forzoso, que no hemos podido gastar porque estaba todo cerrado, el ahorro habitual, y el ahorro del miedo, el que decides guardar porque tienes incertidumbre. El Banco de España estima que hay 28.000 millones que son ahorro forzoso y los economistas confían en que vuelvan pronto al consumo.
Estos días en la información económica estamos pendientes de dos empresas: Abengoa y Naturgy. La periodista Rosa Sánchez explica qué ocurre en esta sección del 24 horas.
El experto en Derecho Mercantil Internacional, Rafael García del Poyo, ha alertado de la "extrema volatilidad de las criptomonetas" y el desconocimiento de muchos inversores que acuden a este activo sin la formación adecuada. En una entrevista en el Canal 24 horas de TVE, García del Poyo ha argumentado la complejidad de este tipo de activos y de los retos jurídicos que plantea una posible reclamación con las criptomonedas. "Se gestionan sin estar centralizadas y por tanto, nadie las respalda. No se sabe quién está detrás", ha asegurado este experto. La Unión Europea ya está trabajando en un marco regulatorio para las criptodivisas. Tampoco es "fiable y seguro", según el experto, el sistema de transacción entre usuarios dado que en un futuro alguien puede desencriptar y hacer caer el valor de las criptodivisas. "No creo que los bancos centrales en Europa lleguen a prohibir este tipo de activos" mientras que añade que las criptodivisas serán vulnerables en cuanto los bancos centrales lancen las monedas digitales respaldadas por un Estado o un recurso como el oro.
La deuda pública ha cerrado 2020 en los 1.311 billones de euros, lo que supone el 117,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en España. La pandemia ha disparado el gasto público y por tanto, el endeudamiento a niveles récord. Las previsiones del banco Central Europeo y del banco de España ya vaticinaban un aumento de la deuda nacional y se estima que continuará en niveles muy altos durante los próximos años. La situación es muy similar en todos los países. A falta de cerrar el año, la deuda del conjunto de la eurozona roza el cien por cien de producción y muchos países lo superan ampliamente.
Luxemburgo está siendo el foco de una importante investigación periodística: 'Openlux'. Según varios medios internacionales es el refugio de más de 55.000 sociedades fantasmas para reconocidas estrellas y multimillonarios.
La 'Organize Crime and Corruption Reporting Proyect' lleva más de un año investigando cómo han creado empresas para no pagar impuestos en países europeos. También hay empresas pantalla para blanquear dinero o para introducir capital de inversión en la Unión Europea, o con otras finalidades, posiblemente criminales.
La legislación europea obliga desde 2019 a que haya registros públicos sobre los beneficiarios finales de las empresas. Se hizo a raíz de la investigación sobre los papeles de Panamá y Luxleaks. La búsqueda en los archivos luxemburgueses no ha sido fácil, pero han encontrado cómo empresas usan el Ducado para hacer grandes inversiones inmobiliarias que han disparado los precios en ciudades como Berlín o Londres, o con fines corruptos o ilegales.
