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El presidente del Congreso, José Bono, ha dado de plazo al PSOE y al PP hasta el 30 de junio para ponerse de acuerdo para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden a esta Cámara. Ha sido muy crítico con la situación de falta de acuerdo entre los grandes partidos para renovar el TC, tres de cuyos magistrados presentaron su dimisión, que finalmente no fue aceptada por el presidente del alto tribunal.
El secretario de Política Municipal y Autonómica del PP, Juan Manuel Moreno, ha culpado al PSOE de la situación creada en el Tribunal Constitucional. "El PP aceptó unas reglas del juego que implantó el PSOE y luego fueron ellos los que las incumplieron. Nosotros no vetamos ningún magistrado propuesto por el PSOE pero ellos sí", ha dicho, en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE'. Ha acusado a los socialistas de no haber sido "leales", aunque ha reconocido que hay parte de responsabilidad en los dos partidos. Aboga ahora por encontrar "fórmulas novedosas y de desbloqueo" para dar una salida a una situación de paralización del T.C.
Acusaciones cruzadas de PP y PSOE que se critican mutuamente de paralizar la renovación del Constitucional. Los ministros de Presidencia y Justicia, Ramón Jáuregui y Francisco Caamaño, han acusado al PP de querer una renovación a su gusto y de buscar llegar a La Moncloa para hacer "su reparto". Por su parte, desde el PP acusan a los socialistas de inclumplir el acuerdo con el veto a Enrique López, un magistrado propuesto por el PP.
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PP y PSOE se han dado un plazo de tres semanas para acercar posiciones sobre la renovación de los cuatro magistrados que el Tribunal Constitucional debe elegir en el Congreso.
En el País Vasco socialistas y nacionalistas del PNV siguen culpándose mutuamente del mapa político que se ha dibujado después de la constitución de los ayuntamientos y la fuerte presencia de Bildu que se ha hecho con casi un centenar de ayuntamientos. El partido Popular quiere que los nuevos consistorios se posicionen y por eso hoy ha presentado mociones para condenar la violencia de ETA.
Desde el partido socialista, Marcelino Iglesias dice que la situación de bloqueo en el Constitucional se arrastra desde hace años por las trabas que según él pone el PP a la renovación de magistrados . Y desde el PP su secretaria general, Dolores de Cospedal, vincula las renuncias a la falta de liderazgo del Gobierno.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha considerado "una mala noticia" la dimisión de tres magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato ya había expirado. "A la situación de deriva del Gobierno se suma la situación de caos en el Tribunal Constitucional", ha señalado la portavoz del PP. De Cospedal ha añadido que se trata de "tres magistrados designados por el PSOE y que, en última instancia, votaron a favor de que Bildu concurriera a las elecciones".
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El coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, explica las recetas económicas de su partido para acabar con la crisis económica: más austeridad, organización de competencias en las administraciones para otorgar más poder a los ayuntamientos, reformas en los impuestos y una ley de estabilidad para controlar el déficit (13/06/11).
Desde el PP, Esteban González Pons dice que le entristece ver que Bildu gobierne muchos ayuntamientos vascos. Asegura que, con Bildu en las instituciones, el País Vasco necesita un ministro del Interior "las 24 horas" y por eso pide a Rubalcaba que deje el ministerio. El dirigente del PP ha destacado también que ahora Bildu dirigirá a la policía municipal allá donde gobierne. Pons se ha referido también a lo sucedido ayer en el ayuntamiento de Elorrio, donde el candidato del PP recibió abucheos y amenazas cuando citó a varias víctimas de ETA.
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El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, considera que el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros este viernes profundiza en la reforma laboral que motivó una huelga general el 29 de septiembre pasado. El secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, señala que su obligación en la defensa de los derechos de los trabajadores es reforzar el papel de la negociación colectiva. El presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, ha mostrado su "decepción", con este decreto, porque consideran que el Gobierno tenía "una oportunidad" para mejorar la situación del mercado laboral.
En muchos todavía hoy se buscan alianzas para hacerse con la alcaldía. En algunos de esos municipios o capitales, Izquierda Unida tiene la llave para decantar la situación hacia el PSOE o el PP y todo parece indicar que en una trieintena de ellos, en Extremadura y Andalucia, permitiría que gobierne el PP.
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