La dirección del PP asegura que el gobierno responderá a cada paso que dé la Generalitat y ha acusado a Artur Mas de meter a los catalanes en líos permanentes. El PSOE por su parte, pide diálogo y que la sentencia del Constitucional no se use como arma arrojadiza.
La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, ha insistido en que el PSC quiere una consulta sobre el 'derecho a decidir' en Cataluña dentro de la ley y ha señalado que "aunque hay discrepancias en relación a la consulta soberanista, PSOE y PSC quieren lo mismo: Cataluña dentro de España".
Así lo ha dicho en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', después de que este miércoles el PSC votara a favor de la creación de una comisión soberanista en Cataluña. Rodríguez ha reconocido que sí existe una discrepancia en relación a que el PSOE no quiere modificar la Constitución para reconocer el derecho a la autodeterminación, como propone el PSC.
La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, ha insistido en que el PSC quiere una consulta sobre el 'derecho a decidir' en Cataluña dentro de la ley y ha señalado que "aunque hay discrepancias en relación a la consulta soberanista, PSOE y PSC quieren lo mismo: Cataluña dentro de España". Así lo ha dicho en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', después de que este miércoles el PSC votara a favor de la creación de una comisión soberanista en Cataluña. Rodríguez ha reconocido que sí existe una discrepancia en relación a que el PSOE no quiere modificar la Constitución para reconocer el derecho a la autodeterminación, como propone el PSC.
En la sesión de control de hoy los partidos de las oposición han pedido al Gobierno unir sus fuerzas para salir de la situación de crisis actual.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha ofrecido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un "gran acuerdo" para "poner en común cuándo salimos y cómo salimos" de la crisis. El líder de la oposición ha asegurado que los pactos dan "confianza" a los ciudadanos y en el exterior (08/05/2013)
La futura reforma de la Ley del aborto ha provocado, este martes en el Senado, un tenso enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. El ministro de Justicia Ruiz-Gallardón ha anunciado, en respuesta a una pregunta del grupo socialista, que "por primera vez ninguna mujer" podrá ir a la cárcel por abortar, según el anteproyecto de la reforma de la ley.
Mientras, el portavoz del PSOE en el Senado, Marcelino Iglesias, ha calificado la situación actual de "emergencia nacional".
En la sesión de control al Ejecutivo en el Senado, el senador socialista Marcelino Iglesias ha acusado al Gobierno de cambiar las previsiones de paro, déficit y del PIB y de actuar "como un pollo sin cabeza". El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha echado en cara al PSOE que cuando estaban en el Gobierno también fallaron en sus previsiones: "Se equivocaron en el crecimiento en seis puntos y en el paro, un millón de parados más. Eso si que es falsear la verdad. Hemos hecho unas previsiones realistas".
En pleno debate sobre la reforma de la ley de aborto, hoy han causado polémica unas palabras del ministro de Interior que ha dicho textualmente que el aborto tiene algo que ver con ETA aunque no demasiado. El PSOE ha pedido a Jorge Fernández Díaz que rectifique.
El presidente de la CEOE dice que la propuesta del PSOE para evitar despidos con subvenciones públicas es una posibilidad que se puede estudiar siempre que haya fondos suficientes para financiarla.
La Comisión Europea (CE) ha reiterado este martes que los hasta 100.000 millones de euros del rescate bancario concedido a España por sus socios europeos solo pueden ser empleados para sanear su sistema bancario y no para otros propósitos.
El presidente del PSOE, José Antonio Griñán sí se ha referido a posibles candidatos a liderar este partido. Ha dicho que en Andalucía hay nombres iguales o mejores a los que se han escuchado estos días.
Rubalcaba refuerza su oferta de pacto amplio, con todos los agentes y varios temas sobre la mesa. La idea sería buscar acuerdos con sindicatos y empresarios, con partidos políticos en el parlamento y también con las comunidades autónomas. Todos, insiste, tendrían que ceder.
