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El diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha perdido su escaño. Lo ha decidido la presidenta Meritxell Batet, encargada de ejecutar la sentencia comunicada por el Tribunal Supremo al Congreso. La polémica se ha desatado porque los letrados del Congreso no interpretaron que la condena impuesta (45 días de cárcel conmutada por una multa y 45 días de inhabilitación para el sufragio pasivo como pena accesoria) conllevara la pérdida del escaño, pero el Supremo insistió en que el Congreso debía comunicarle desde qué día eran efectivos sus efectos en la cámara. Podemos habla de prevaricación y el CGPJ ha pedido que se deje de cuestionar al poder judicial.

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y portavoz de Justicia del PP, Enrique López, es muy crítico con la ministra Ione Belarra tras sus declaraciones sobre la sentencia de la Sala Segunda del TS sobre el diputado Alberto Rodríguez y exige una respuesta a la ministra de Justicia, Pilar Llop: “No es discutir ni cuestionar, les ha llamado delincuentes. Le esta imputando a la Sala Segunda la prevaricación porque no está de acuerdo. Es inadmisible, exige por parte del gobierno y la ministra de Justicia una respuesta. Esta insultando al poder judicial”. López mantiene su exigencia de que hay que cambiar el sistema para renovar el CGPJ y dejar claro que nadie que acabe de salir de política forma para de él: “Creo que es de cajón”. López defiende que si la renovación está bloqueada no es por culpa de su partido: “Solo hay que poner oídos a lo que pide Europa y lo que dice nuestra Constitución. El Gobierno tiene que asumir que hay que cambiar el modelo y se inicie una reforma legislativa”. Defiende el perfil que tienen los candidatos para renovar el Constitucional y sobre la propuesta de la asociación Francisco de Vitoria para que haya un sistema de elección directa por parte de los jueces, López dice: “Es una opción. El sistema debe garantizar que los jueces elijan de una forma directa. La forma hay que decidirlo en la propia ley, en su desarrollo”.

El ya exdiputado, recién despojado de su escaño al ejecutar el Congreso la sentencia del Tribunal Supremo que le inhabilitaba por golpear a un policía, ha anunciado este sábado que abandona "la militancia política" y, por lo tanto, que deja Podemos, al tiempo que cargaba contra el PSOE por "robar" su acta y plegarse al poder judicial "sin reunir la mesa y con un informe demoledor en contra de los letrados". (FOTO: Ramón de la Rocha / EFE).

El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, le ha aclarado, por carta, a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no hay errores en la sentencia y que por lo tanto inhabilite Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos.

Informa Laura Alonso

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha subrayado que la sentencia condenatoria del diputado Alberto Rodríguez por un delito de atentado a agentes de la autoridad "no contiene la retirada del acta", tal y como reclaman PP y Vox y el propio Tribunal Supremo.

"Tenemos una sentencia que en ningún caso haba de inhabilitación para cargo público, se habla de inhabilitación para sufragio pasivo", ha señalado en una entrevista en La Hora de la 1.

A su juicio, si se le retirara el acta de diputado, sería un "ataque" y "atentado" al legislativo. "Sería un escándalo internacional", ha sentenciado.

FOTO: Pablo Echenique, en una rueda de prensa en el Congreso. EFE/ Fernando Alvarado

El presidente del Tribunal SupremoManuel Marchena, ha enviado un oficio a la presidenta del Congreso,  Meritxell Batet, en el que le pide que le informe de cuando empieza a cumplir su condena el diputado de Unidas Podemos,  Alberto Rodríguez. La Mesa del Congreso, apoyada en el informe de los letrados de la Cámara, acordó mantener el acta de diputado a Rodríguez pese a que el Supremo le condenó a un mes y medio de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, lo que significa que no puede ser elegido ni conservar su escaño. Según fuentes jurídicas, esa decisión del Congreso ha causado malestar en el seno del Supremo, que considera que han reinterpretado su sentencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de Vox y PP que recurrían el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El Tribunal no entra a valorar el nombramiento de Delgado, directamente rechaza de plano los recursos por la falta de legitimación de los partidos políticos para interponerlos.

Informa Araceli Sánchez