La extradición a España de Carles Puigdemont ha quedado en suspenso hasta que el Tribunal General de la Unión Europea diga si mantiene o no su inmunidad parlamentaria. Es la decisión de la justicia italiana tras la comparecencia hoy del expresidente catalán.
Esta mañana comparece ante la juez de la corte de Sassari, en Cerdeña, el expresidente de la Generalitat, huido de la justicia española. Fue detenido hace 10 días, poco después de aterrizar en Alghero. A partir de hoy, la justicia italiana decide qué hacer, si archiva el caso, o continúa con el proceso de entrega tal y como reclama el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Un futuro "incierto" para Carles Puigdemont, segúna ha explicado en Las mañanas de RNE el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva-Fenoll.
Carles Puigdemont declara ante el juez de Cerdeña que debe decidir sobre su futuro. La cuestión de la inmunidad es el elemento clave de esta vista. El juez debe valorar si el expresidente mantiene esa inunidad como europarlamentario. Los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comin le han acompañado sin que hayan sido detenidos al llegar. El juez Llarena, de hecho, ha pedido a Italia que los entregue también. Lo cuenta el enviado especial a la zona, Jordi Barcia.
En el día de Acción Global por el Clima, Fridays for Future ha convocado concentraciones en más de veinte ciudadades de España para pedir mayor ambición climática y apoyar el denominado 'Juicio por el clima' que cinco organizaciones han iniciado en el Tribunal Supremo. Irene Rubiera, Carlos Lobo y Marguerita Delgado, de la organización Juventud por el Clima, piden presión ciudadana para que la justicia tome una decisión "valiente".
Carles Puigdemont huyó de España en 2017 y desde entonces se ha enfrentado a tres justicias europeas: la belga, la alemana y ahora la italiana. Fuentes del Tribunal Supremo defienden que la euroorden cursada en su día por el juez Llarena sigue en vigor y que, por tanto, ahora se puede pedir la entrega del ex presidente a España. Puigdemont perdió la inmunidad en marzo y la Corte Suprema Europea rechazó su recurso con el argumento de que no corría peligro de detención porque la euroorden estaba en suspenso. Por eso, ahora la justicia italiana tendrá que decidir si el documento está o no activo y, si es así, analizar si esos delitos entran en el marco de la euroorden: “Ahí, sin entrar en el fondo, decidirá si accede a la entrega de Puigdemont. No es un procedimiento común entre países”, ha explicado en Las Mañanas de RNE Xabier Arbos, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha sido detenido este jueves en Cerdeña (Italia) a raíz de la orden europea de detención y entrega cursada por el Tribunal Supremo por un delito de sedición y que nunca ha dejado de estar vigente. Así lo han indicado fuentes del Supremo, después de que Puigdemont se haya desplazado desde Bruselas a la localidad de L'Alguer, en Cerdeña, donde iba a participar en un encuentro internacional organizado por la asociación Adifolk, junto a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y la consellera de Acción Exterior de la Generalitat, Victoria Alsina. Al llegar al aeropuerto de L'Alguer, Puigdemont ha sido "retenido por la policía fronteriza italiana" y este viernes "será puesto a disposición de los jueces de la Corte de Apelación de Sassari, que es competente para decidir la puesta en libertad o su extradición", según ha explicado la oficina del expresidente de la Generalitat en un comunicado. FOTOGRAFÍA:REUTERS/Yves Herman/File Photo.
Con el reciente espaldarazo que le ha dado el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Baltasar Garzón se ve cargado de razones para volver a la judicatura de la que le apartó hace 9 años una condena del Tribunal Supremo por intervenir comunicaciones entre acusados del caso Gürtel y sus defensores. El exjuez, reconvertido ahora en abogado, comparte sus reflexiones con un equipo de Informe Semanal. Cuenta que para él la solución no ofrece dudas: "A un juez, que le reparen integralmente no es que le paguen una indemnización, sino que lo reintegren en su puesto". Sin embargo, las interpretaciones que se deslizan desde el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial son muy distintas.
