Los socios de Gobierno PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo de presupuestos. Las cuentas llegarán al Congreso la próxima semana. Van ligados al anuncio de una nueva regulación de los alquileres. La sesión de control, en el Senado, también trató sobre el precio de la luz y la crisis del volcán de la Palma.
Los países de nuestro entorno también han intentado poner freno a los precios del alquiler, de distintas formas. El caso más conocido es el de Alemania, en concreto el de Berlín, donde se toparon las rentas, aunque hace unos meses el Constitucional tumbó esa norma. En Francia, la Ley ELAN permite limitar las subidas un 20% respecto a un precio de referencia. En Italia los ayuntamientos pueden acordar precios máximos con asociaciones de propietarios e inquilinos, algo que hace el de Roma. Y en Suecia se pacta también un precio de referencia del alquiler. Allí, el tema es tan sensible que el intento de acabar con el control de precios provocó una crisis de gobierno hace solo unas semanas y se llevó por delante al primer ministro.
Pero limitar los precios no es la única herramienta a la que recurren los países de nuestro entorno: muchos construyen viviendas sociales. Países Bajos, Austria y Dinamarca son algunos de los países con más vivienda de alquiler social. Otros, como Portugal, han tratado de bajar los precios ofreciendo beneficios fiscales. Sin embargo, estas medidas tampoco son la panacea. En Suecia hay lista de espera para acceder a un alquiler y en Berlín al toparse los precios salieron menos pisos al mercado.
Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario y miembro de Economistas Frente a la Crisis, ha explicado en Las mañanas de RNE que, previsiblemente, los precios de los alquileres vana seguir subiendo por encima de los incrementos salariales, y ha puesto 2022 como el año en el que, una vez pasado "el parón de la pandemia", se volverá a complicar, "sobre todo para los jóvenes", el acceso a la vivienda, especialmente en zonas urbanas donde la demanda supera con creces la oferta. Por tanto, ha valorado positivamente el nuevo marco para los alquileres que, en caso de salir adelante, establecerá la nueva Ley de Vivienda, en especial la intención del Gobierno de aumentar el parque de vivienda social. También ha llamado la atención respecto a la negativa de las CCAA gobernadas por el Partido Popular a aplicar el control sobre el precio de los alquileres propuesto en este nuevo texto, y ha criticado esta actitud que considera es propia de quien "tiene muy escasa cultura de lo que es el mercado de alquiler en España".
El vicesecretario general del PP, Jaime de Olano, ha sido entrevistado este miércoles en el programa La Noche en 24 Horas con Xabier Fortes. Durante la entrevista ha repasado la actualidad política, la nueva ley de vivienda que se firma este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario, la detención de Puigdemont en Italia o el precio de la luz y cómo regularlo.
Respecto a la nueva ley de vivienda, el vicesecretario general del PP ha señalado que "supone una clara intervención" del mercado del alquiler y que "perjudica a la propiedad privada", algo que "defienden los partidos comunistas como Podemos".
Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso, ha explicado en el informativo 24 horas que su formación está dispuesta a negociar su voto para aprobar los Presupuestos Generales del Estado: "Queremos conseguir unos buenos PGE para el Estado, pero también para Galicia, que no nos discriminen". El diputado gallego también ha sido prudente al valorar el acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno en materia de vivienda y dice que hay medidas "en la buena dirección, pero que quedan a medio camino".
El IPC disparado a causa del alto precio de la energía puede llevar a que los inquilinos a quienes les toque revisar sus contratos de alquiler se encuentren con subidas superiores al 3%. Hay usuarios que pagarán 30 euros más al mes de renta le han aplicado en septiembre porque los contratos de alquiler obligan a actualizarlos anualmente con el IPC, que sube empujado por el precio de la electricidad y los carburantes.
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Los Presupuestos incluirán un bono joven de vivienda, que podrá sumarse a otras ayudas existentes. Serán 250 euros al mes durante dos años para jóvenes de entre 18 y 35 años con una renta inferior a los 23.725 euros anuales.
