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Dos de los imputados por el secuestro de Publio Cordón han pagado la fianza y uno de ellos ha salido ya de prisión. La decisión del juez Gómez Bermúdez de dejar en libertad a estos dos imputados no gustó a la familia Cordón. Hoy se han reunido con el magistrado en la Audiencia Nacional.

La localización el miercoles de la casa de Lyon donde Publio Cordón estuvo retenido por el Grapo es uno de los avances más importantes en los 17 años que la guardia civil lleva investigando el secuestro. Llegaron aquí por el contrato de alquiler que guardaba la casera a nombre de Luis Monforte, un dni falso que llevaba encima Ramón Teijelo cuando fue detenido en París en el año 2005. El propio Teijelo reconoció ayer ante el juez haber utilizado ese carné de identidad falso. La Guardia Civil está segura de que Teijelo era el jefe del comando que custodiaba a Cordón en Lyon y por tanto la persona que llamó al máximo dirigente del Grapo, el comandante Arenas, para comunicarle su muerte. La orden que recibió fue tajante: enterrarle donde nadie le encuentre. Los otros dos miembros del comando, a los que vemos en esta grabación, eran el arrepentido Silva Sande que ha dado pistas desde la cárcel a la Guardia Civil para localizar la casa de Lyon. Y María Victoria Gómez, a quien vemos en el momento de su arresto. Es la última detenida por el asesinato de Cordón y la Guardia Civil le ha hecho una visita esta semana en la cárcel de Cáceres, donde cumple condena por peretenecer al Grapo. La Guardia Civil sabe que hay cuatro personas que conocen el lugar donde está enterrado el cadáver de Cordón: por supuesto, el jefe supremo, Comandante Arenas, porque era quien daba las órdendes. El jefe del comando, Ramón Teijelo, de quien la guardia civil espera una confesión ahora que está en prisión. El arrepentido Silva Sande, que está colaborando pero no da pistas precisas. Y María Victoria Gómez, de quien las fuerzas policiales esperan poco porque no ha colaborado hasta ahora.

El juez Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión de uno de los 3 miembros de los GRAPO detenidos por el secuestro de Publio Cordón. Para otros dos ha decretado libertad bajo fianza y aún falta por declarar ante el juez la última detenida. La hija del empresario zaragozano y también miembros de la Guardia Civil han mostrado su desacuerdo con esta decisión judicial.

El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha ordenado el ingreso en prisión de uno de los tres miembros del GRAPO detenidos por el secuestro de Publio Cordón. Para los otros dos ha decretado libertad bajo fianza

Mañana declaran en la Audiencia Nacional los tres presuntos miembros del Grapo detenidos en relación con el secuestro de Publio Cordón. Esta mañana han implicado a una cuarta terrorista, que ya está en prisión cumpliendo condena. La operación ha sido posible al descubrir la guardia civil la casa de Lyon donde estuvo secuestrado Cordón.

Hoy ha declarado como imputada en la Audiencia Nacional, María Dolores Amorós, la última directora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Está acusada de delitos como estafa y alteración del precio de las cosas. Según su abogado, ha negado haber puesto en juego la solvencia de la entidad. Además, según otros abogados, se ha desvinculado de las responsabilidades contables y de crédito de la entidad. Amorós tenía un sueldo que rondaba los 600.000 euros y una pensión vitalicia de 360.000 y le ha explicado al juez que ni cobró la pensión ni realizó ninguna modificación en sus retribuciones. Cuando llegó al cargo su sueldo, dice, se igualó al de su antecesor que, por cierto, declara la semana que viene. Según fuentes jurídicas, la causa podría cerrarse en unos ocho meses.

María Dolores Amorós, la última directora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, declara este viernes en la Audiencia Nacional. El juez Gómez Bermúdez le imputa delitos societarios, estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas. Con la declaración de Amorós se completa una semana en la que otros tres directivos de la CAM han pasado por la Audiencia. Hace ahora un año fue intervenida por el Banco de España tras admitir pérdidas de más de 1.100 milliones de euros. La intervención destapó graves irregularidades y la concesión de escandalosas pensiones vitalicias para los directivos. La caja fue subastada y adjudicada al Banco Sabadell por 1 euro.