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Los 250 mil documentos distribuidos por Wikileaks se han convertido ya en la mayor filtración de la historia. Un revulsivo que ha azotado los cimientos de la comunidad internacional y ha puesto en jaque a la mismísima diplomacia de Estados Unidos. Una fuga de información, que comenzó con filtraciones sobre las guerras de Irak y Afganistán y ha seguido desvelando secretos de numerosos países, desde los que vinculan a las mafias rusas con el Kremlin, hasta el peligro nuclear de Irán buscando uranio en América Latina. En el caso de nuestro país incluye también datos confidenciales sobre las más altas instancias del Estado. Informe Semanal analiza las consecuencias éticas y jurídicas de estos informes confidenciales, no contrastados, cuya exactitud niegan algunos de los aludidos.

Los documentos filtrados por la web Wikileaks revelan cómo el Gobierno de EEUU dio instrucciones a sus diplomáticos para que ejercieran de espías y recolectaran información de personas en el extranjero y en Naciones Unidas. Así, el Departamento de Estado habría pedido a su personal que recopilara determinada información como los movimientos de tarjetas de crédito u horarios de trabajo de otros mandatarios o políticos. Esta información forma parte de la filtración masiva de documentos diplomáticos que la web Wikileaks ha entregado a The New York Times (EE.UU), El País (España), The Guardian (Reino Unido), Der Spiegel (Alemania) y Le Monde (Francia).