Las comunidades perfilan ya sus planes parael final del estado de alarma en menos de una semana. El debate entre relajar o mantener las restriccionesrecuerda al de junio de 2020, cuando llegó el fin del primer periodo de excepción. Hemos preguntamos a varios expertos sobre las semejanzas y diferencias entre las dos fechas.
Una vez que expire el estado de alarma, las decisiones que quieran poner en marcha las CCAA tendrán que pasar por las manos de los jueces de los tribunales superiores de Justicia. Ya ocurrió el verano del año pasado. Entonces vimos cómo se apoyaba la limitación de reuniones en Extremadura o Navarra y se rechazaba en Euskadi. Algo parecido puede volver a pasar a partir de la semana que viene. Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria dice que los magistrados no se sienten cómodos con el papel que tienen que desempeñar porque existe una gran inseguridad jurídica. “Se nos trasladan decisiones que debería tomar el legislador, que es quien representa la voluntad de los ciudadanos”, ha dicho en ’14 horas’. Sobre la posibilidad de mantener los llamados toques de queda, Fernández Vaquero dice que, aunque siempre hay que estudiar cada caso particular, es complicado que se pueda hacer. “Los derechos fundamentales están consagrados en la Constitución y ahí hay cauces muy concretos. No está la posibilidad de que una Comunidad Autónoma haga esa limitación” ha asegurado.
Si nada cambia a lo largo de esta semana, el domingo decaerá el estado de alarma y entraremos en una nueva fase de la pandemia de coronavirus. Las decisiones para restringir ciertos derechos quedarán en manos de los tribunales superiores de justicia de las Comunidades Autónomas. Hemos analizado el nuevo escenario con José Jonay Ojeda, médico especialista en Medicina Preventiva y uno de los portavoces de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Según Jonay, “el foco no solo hay ponerlo sobre las herramientas, sino en su efectividad. Debemos pensar cómo modificar el comportamiento con motivo de este cambio legal”. Él cree que la legislación actual podría ser suficiente si la evolución epidemiológica avanza al ritmo al que lo está haciendo ahora y todos ponemos de nuestra parte. “El comportamiento individual seguirá siendo uno de los principales condicionantes en la evolución de la pandemia. Tendremos que observar dos semanas para ver si la tenencia descendente se sigue reduciendo”, ha dicho en RNE. La vacunación, añade, contribuirá al éxito de la situación pero, en este sentido, recuerda que habrá que seguir aplicando restricciones y teniendo cuidado hasta que no avance la campaña en todo el mundo. “Si aspiramos a recuperar la vieja normalidad, hasta que países como India no consigan controlar la pandemia, no conseguiremos volver a ella”, ha concluido.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que todas las herramientas que están vigentes para controlar la pandemia seguirán usándosecuando termine el estado de alarma, pese a las dudas de la oposición. Se refiere alas medidas acordadas entre las comunidades autónomas en la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19 y el Plan de respuesta temprana (que recogen recomendaciones en función de la incidencia), y también a la vacunación.
Continúa el debate sobre qué restricciones se podrán tomar ante el coronavirus cuando decaiga el estado de alarma el 9 de mayo. A diez días de la fecha, como Castilla y León, el lehendakari Iñigo Urkullu pide que se alargue uno o dos meses en todo el país, pero el Gobierno insiste en que las comunidades tienen herramientas suficientes. El PP quiere una reforma legal que permita tomar medidas sin aval judicial.
El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha manifestado, en Las Cosas Claras, de TVE, su apuesta por alargar el actual estado de alarma que está previsto que decaiga el próximo 9 de mayo. El diputado del PNV ha señalado que desde su formación son partidarios "de mantener todas las herramientas jurídicas precisas para poder tomar decisiones ante la evolución de la pandemia" y ha recordado que cuando se han hecho previsiones durante el último año y medio sobre cómo iba a evolucionar la pandemia de coronavirus, "de repente nos sorprendía con picos en un lugar o en otro". Aunque ha reconocido que es posible que el estado de alarma sea localizable unicamente en algunos lugares, ha subrayado que "vistos los números que tenemos, parece un poquito más prudente ir alargando el estado de alarma" aunque, ha dicho, fuera en plazos más cortos y los revise el Congreso periódicamente. "Yo creo que un poquito de más de tiempo nos tenemos que dar cuando solo el 10 % o el 12 % de la población como mucho va a estar vacunada" para verano, ha insistido.
Esteban ha criticado que cuando el Gobierno anunció que iba a dejar decaer el estado de alarma un mes antes de que la fecha prevista para ello, le dio la sensación de que "está más preocupado por los touroperadores y el movimiento turístico que por el control de la pandemia". En este sentido, ha destacado que sin el estado de alarma desaparece el toque de queda y la posibilidad de perimetrar algunas zonas en determinados momentos, y ha recordado que todos los especialistas dicen que lo más eficaz para el control de la pandemia es limitar la movilidad.
En cuanto a las cartas con amenazas que han recibido distintos cargos públicos, Esteban ha condenado estos hechos "rotundamente" y ha valorado que se han derivado "de un cierto clima que se ha ido creando", así, ha lamentado que "las actitudes, declaraciones y desprecio de algunos grupos hacia bancadas con las que tienen discrepancias se transmiten a sus seguidores más radicales".
El fin del estado de alarma supondrá el fin del cierre perimetral de las autonomías y el toque de queda, por lo que las comunidades se preparan para ese escenario y piden al Gobierno cobertura jurídica. País Vasco y Cantabria sugieren que, para controlar la pandemia, se pueda decretar el estado de alarma solo en las autonomías con mayor incidencia de contagios. El presidente de la Comunidad Valenciana, sin embargo, cree que no es necesario seguir con esta figura. Por su parte, Madrid o Galicia piden que se modifique la ley de Salud Pública, mientras otras comunidades se han limitado a solicitar un marco jurídico que evite las situaciones que se dieron el verano pasado, cuando en algunos territorios los jueces avalaban unas restricciones mientras en otras comunidades las echaban atrás. (Foto: EFE)
Una vez finalice el Estado de Alarma el próximo 9 de mayo, las Comunidades Autónomas seguirán teniendo a su alcance una serie de medidas para controlar la epidemia. Según ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, el fin del famoso decreto solo impide implementar el cierre perimetral entre regiones, el toque de queda -cuyo objetivo es reducir la movilidad nocturna- y la prohibición del derecho de reunión de grupo. Por lo tanto, los gobiernos autonómicos seguirán pudiendo establecer horarios restringidos o cierres completos en distintos sectores como la hostelería, el comercio o la cultura, entre otra serie de medidas.
Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, ha comentado “la inseguridad jurídica” tras el fin del estado de alarma. “Quizá se debería haber reformado con seriedad la ley orgánica 3.86 de Sanidad Pública porque estamos en unas circunstancias que la ley no prevé, como la pandemia”, ha comentado en el programa Parlamento de RNE.
“El problema es que cuando se limitan o restringen derechos fundamentales, aunque sea por una razón tan grave como la Salud Pública, los jueces, que son los garantes de los derechos fundamentales, tienen que intervenir, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad. Y cuando las consejerías de Sanidad publiquen los decretos correspondientes de limitación de derechos los jueces tienen que tener muy justificadas esas limitaciones”, ha explicado.
Los gobiernos de la Unión Europea, sobre todo los más golpeados por la pandemia, como Italia, Francia o España, esperan con ansia la llegada de los fondos europeos para paliar la crisis que está dejando la pandemia. Pero, antes, todos los Gobiernos deben presentar sus propuestas a Bruselas y, además, sus parlamentos deben ratificar el acuerdo. Dos tercios de los 27 ya lo han hecho, pero faltan 9 países. La Comisión Europea exige una pulcra gestión de los fondos y compromisos económicos y sociales a cambio del mayor desembolso de su historia. Poco a poco se va despejando ese camino. La última piedra la ha retirado el Constitucional alemán.
Con los corresponsales de Radio Nacional en Alemania, Gabriel Herrero; en Francia, Paco Forjas; en Bruselas, María Carou; y en Italia, Jordi Barcia.
Cuando en junio se cumpla un año del fin del primer estado de alarma en España, las multas de ese periodo que no se hayan tramitado caducarán. 1.100.000 sanciones, apenas se facilitan datos de cuántas se han cobrado. Los expertos juridicos explican que son fáciles de recurrir.
El vicelehendakari primero y consejo de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka confía en que cuando pasen las elecciones de Madrid, el Gobierno central anuncie que se prorroga el estado de alarma. Erkoreka argumenta que, en el caso de Euskadi, la justicia no ha apoyado ninguna de las medidas restrictivas propuestas por el Gobierno y que eso puede ser un problema para gestionar la pandemia a partir del 9 de mayo. “La situación en este momento no es buena. El nivel de incidencia de los contagios es elevado. El nivel de ocupación de los hospitales es importante. El sistema está tensionado. Hay motivos de preocupación en el sentido de que las herramientas de las que disponemos pueden dejar de existir y el panorama puede complicarse”, ha dicho en RNE. Explica que están poniendo en marcha iniciativas en el parlamento vasco que puedan dar ciertas garantías, pero son textos que aún necesitan un tiempo para pactarse y tramitarse. Por eso, Erkoreka mira al día 5 de mayo con cierta esperanza: “Creo que una vez salvado el obstáculo electoral madrileño podemos retomar el asunto y que el Gobierno central cambie. Parece transmitirse que el presidente está esperando una solicitud unánime de todos los actores, grupos y presidentes, para que lo prorrogue y que nadie le inquiete cuando llegue al Congreso”. Sobre la posibilidad de que se convoquen elecciones generales en 2020, afirma “yo no me atrevo hacer un vaticinio, pero no se puede descartar”. Erkoreka lamenta que las continuas convocatorias electorales retrasen la puesta en marcha de acuerdo importantes como la transferencia a Euskadi de la gestión del IMV (ingreso mínimo vital) o las competencias penitenciarias. En este sentido, recuerda que es un acuerdo contemplado en el Estatuto de Gernika y que ya no tiene sentido retrasarlo más. “Antes se podían resistir, cuando la política penitenciaria formaba parte de la lucha contra el terrorismo, pero afortunadamente esas razones están desaparecidas y no tiene sentido el incumplimiento estatutario”. Erkoreka niega que esto vaya a favorecer a los presos de ETA y pide un voto de confianza para los funcionarios y responsables de ese futuro área. Por último, Erkoreka se alegra del fracaso del proyecto de la Superliga porque, dice, “no es un proyecto que cuente con el aval de la inmensa mayoría de los equipos europeos y desde luego no con el de los equipos vascos”.
El 9 de mayo finaliza el estado de alarma y, este martes, socios del Gobierno como Esquerra y Compromís se muestran dispuestos a estudiar el plan B jurídico que ha presentado el PP. El Ejecutivo de Pedro Sánchez insiste en que hay mecanismos legales suficientes para mantener a raya al virus.
Foto: El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví y el de ERC, Gabriel Rufián, este martes en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados. EFE/J.J. Guillén POOL
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, es partidario de prolongar el estado de alarma más allá del 9 de mayo. Entrevistado en La hora de la 1, Esteban considera que "habría que prorrogarlo durante un periodo que fuese corto" y argumenta que no hay alternativas jurídicas para restringir la movilidad y frenar al coronavirus. Sobre las elecciones de Madrid, apunta que “si Vox entra en el gobierno es porque alguien le ha introducido, no porque consigan mayoría absoluta”. Llama a un consenso amplio entre los partidos tanto para las pensiones como para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Jaume Collboni, primer teniente de alcalde de Barcelona, ha comentado desde la sala 2 de los Cines Verdi de Barcelona que “todos tenemos ganas de vivir eventos culturales”. “En España no se ha parado la cultura y debemos estar muy orgullosos”, ha sostenido en 24 horas RNE.
“El cierre perimetral no forma parte de nuestra realidad cotidiana”, ha mantenido Collboni, que ha explicado que la imagen de la playa de la Barceloneta repleta de gente se deben a que es una playa urbana: “Se provocan aglomeraciones porque hay 15.000 habitantes por km cuadrado, Madrid tiene 5.000”. Ha indicado que el Ayuntamiento ha pedido ampliar el cierre perimetral a la región metropolitana, pero que la Generalitat lo ha entendido como un “privilegio”. “Lo hemos pedido para evitar la densidad de población y cumplir las medidas”, ha puntualizado.
“En Barcelona hemos hecho un esfuerzo espectacular para proporcionar 30.000 sillas más en las terrazas, las pusimos para que, cuando hubiera restricciones, los bares pudieran tener las terrazas abiertas, aunque las autoridades no han querido aceptar esa distinción”, ha lamentado el primer teniente de alcalde de la ciudad condal. “Las terrazas deberían tener horarios normales”, ha sentenciado.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha recordado este lunes que el final del estado de alarma no implicaría acabar con las restricciones de movilidad. "Hay muchísimas medidas que se pueden aplicar en territorios que no sean de ámbito comunitario o nacional. Que nadie confunda el fin del estado de alarma con el fin de las medidas de prevención de la transmisión. No tiene nada que ver. No cometamos errores del pasado", ha insistido Simón. Ha pedido esperar a corroborar la evolución de la situación de la COVID-19 unos días antes del 9 de mayo para hacer "estimaciones". "La intención es no renovarlo. Otra cosa es que no estén previstas todas las opciones", ha señalado.
