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Frente a una plácida playa del sur de Italia, el Mediterráneo registra estos días una actividad frenética. Solo a la isla de Lampedusa han llegado 3.000 personas en los últimos dos días. Son seis veces su capacidad de acogida. El ministro del Interior ha viajado allí para prometer un plan que gestione mejor la recepción de migrantes. Y allí ha reconocido que esperan una oleada de sudaneses, escapando de la guerra.

Foto: EFE / Gonzalo Sánchez

Hablamos ahora de la desprotección absoluta y de la falta de derechos básicos de las mujeres que viven en los más de cuarenta asentamientos chabolistas de Huelva, expuestas a violencia física, económica y sexual. Así lo denuncia, con un informe presentado hoy en la capital onubense, la organización Huelva coge.

Toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que reside. La ley permite empadronar en infraviviendas, a personas sin hogar o que no tienen un domicilio fijo; pero miles de migrantes encuentran trabas si no tienen un documento que acredite donde viven. Es el caso de las trabajadoras del hogar internas, las personas que alquilan una habitación, viven en asentamientos chabolistas o en la calle. Según un estudio de la Fundación Ficat y la Coordinadora Obrim Fronteres, los ayuntamientos incumplen sistemáticamente su obligación de empadronar a las personas que residen en su municipio, como resultado tienen que recurrir a pagar un mínimo de 300 o 400 € para comprar el empadronamiento en lugares que no residen. La inscripción en el padrón es necesaria para acceder a derechos como la sanidad o la educación y es la puerta para regularizar su situación administrativa.

La vivienda es uno de los grandes problemas de este país, pero algunos colectivos, como el de las personas inmigrantes, lo tienen todavía más complicado. En su caso, además, la falta de un piso o de una casa supone un problema añadido a la hora de empadronarse. Inscribirse en el padrón es fundamental para acceder a la mayoría de servicios municipales como las prestaciones sociales, la atención médica o la educación, y la puerta para regularizar su situación administrativa. Los Ayuntamientos están obligados por ley, pero mucho de ellos incumplen sistemáticamente su obligación de empadronar a las personas que residen en el municipio. Lo confirma un estudio de la Fundación FICAT y la Coordinadora Obrim Fronteres. En muchos casos, viven en lugares con muchos inquilinos, solo están temporalmente porque son trabajadoras domésticas internas o incluso deben pagar por empadronarse un mínimo de 300 euros. Casos que muestran como las instituciones pueden crear barreras que agudizan aun más la precariedad de las personas migrantes.

Informa Minerva Oso

En Almería 120.000 personas trabajan en el sector agrario, el 90% extranjeros. Según denuncia Almería Acoge, las condiciones laborales y sociales son lamentables. Muchos no tienen residencia legal ni derechos y trabajan siete días por semana sin vacaciones. Desde ASAJA contestan que estas afirmaciones tratan, según ellos, de demonizar al sector.

En Italia, las ONG alertan de que el decreto de emergencia nacional podría acelerar las expulsiones en caliente de migrantes. La medida está reservada para afrontar principalmente catástrofes naturales, pero el gobierno italiano la considera necesaria ante la llegada incesante de migrantes. El Ejecutivo la defiende y exige a la Unión Europea que se implique más para hacer frente a los flujos migratorios. Desde Bruselas le recuerdan que Italia es uno de los principales beneficiarios de ayudas.

Foto: AP Photo/Salvatore Cavalli

Sani Ladan presenta en Las Mañanas de RNE su libro ‘La luna está en Duala’, una crónica sobre su vida donde ha tenido que desafiarlo todo para estar en España y sobre la migración“Desgraciadamente no todos habitamos el mundo de la misma manera”, confiesa Ladan y asegura que con su libro quiere analizar y que se comprenda que “la gente no sale a jugarse la vida en el mediterráneo porque tienen gusto a la muerte sino que hay que entender qué hay detrás.” Añade que “no hay vías seguras y legales para que cuando una persona decida o sueñe con migrar lo pueda hacer sin tener que poner su vida en peligro.” Explica que los acuerdos que hay detrás de la migración “no se ven.” Y compara esta situación con Ucrania, “no hizo falta explicar a la gente que está pasando en Ucrania. Hay gente que no sabía ni siquiera situar Ucrania en el mapa, pero se solidarizaron con los refugiados ucranianos.” Y asegura que la emigración no se va parar porque es algo que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, pero que piden que haya vías seguras legales para que la gente si quiera emigrar que lo haga sin tener que poner en peligro sus vidas.” Y confiesa que "para migrar hay que ser muy valiente porque no todo el mundo puede hacerlo."

Muchas de ellas llevan décadas trabajando como empleadas del hogar y en cuidados, pero sin contratos o explotadas como internas. Ahora, después de horas incontables de trabajo, la mayoría de ellas sin cotizar, se acercan a la edad de jubilación y lo hacen sin recursos y sin derechos. Unas se ven obligadas a seguir trabajando en la economía sumergida. Otras no cuentan ni siquiera con una vivienda. A su realidad nos acerca en este reportaje Minerva Oso.