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El abogado de la familia del cirujano Edwin Arrieta, Juango Ospina, ha señalado en declaraciones a La Hora de La 1 que están "muy satisfechos" con la sentencia del tribunal tailandés que ha condenado este jueves a cadena perpetua a Daniel Sancho por asesinato premeditado del médico colombiano.

"Han prevalecido nuestras tesis. La pena es la máxima", ha subrayado Ospina, quien ha lamentado que no se pudiera llegar a un acuerdo con el ahora condenado por el crimen del cirujano.

En cuanto a la indemnización, el abogado ha explicado que antes de decidir si la familia presentará recurso para que se aumente, tienen que analizar la sentencia. No obstante, ha admitido que en Tailandia no suele estar bien visto pedir una modificación del fallo.

Además, ha adelantado que pedirán al juzgado un embargo preventivo del peculio que Daniel Sancho recibe en prisión y que va a una cuenta personal para que ese dinero se ingrese a la familia de Arrieta.

FOTO:  El abogado Juan Gonzalo Ospina, en una imagen haciendo declaraciones a la prensa. EFE/ Sitthipong Charoenj

La sentencia contra Daniel Sancho se conocerá este jueves, poco más de un año después de cometerse el supuesto asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la turística isla tailandesa de Phangan, el 2 de agosto de 2023. Sancho lleva 387 días en la cárcel, tras haber confesado días después el asesinato de Arrieta y tener varias pruebas en su contra. Daniel ha intentado sustentar que se defendió de una supuesta agresión sexual por parte del cirujano y que la muerte fue accidental tras una pelea. Mientras, la Fiscalía y la acusación particular siguen defendiendo que fue un crimen planeado.

Telegram tiene una ventaja fundamental frente a otras plataformas y es que permite enviar archivos más pesados. Y hacerlo, además, de forma más confidencial. Los expertos explican que los mensajes que se envían por Telegram no se moderan, así que tampoco se comunican a las autoridades. En este contexto, se convierte en un terreno fértil para difundir contenidos delictivos y un obstáculo para combatirlos. Sin embargo, la opción de tratar de regularlo, para evitar esto mismo, puede tener efectos no deseados, según apuntan los expertos. En el caso de países donde se vulneran derechos humanos, Telegram se ha convertido en un lugar seguro donde seguir informando y compartiendo mensajes sin que estos se difundan.

La sentencia contra el español Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, se hará pública el próximo 29 de agosto. Varios son los escenarios posibles a los que se podría enfrentar el hijo de Rodolfo Sancho: desde una condena por homicidio imprudente hasta pena de muerte.

Si se demuestra que fue premeditado, son dos las opciones: pena de muerte (aunque en Tailandia se suele permutar por una cadena perpetua cuando el asesinato no es de altos cargos del Gobierno o fuerzas de seguridad del Estado) u homicidio doloso, que conllevaría una pena de prisión de entre 15 y 20 años.

Si se demuestra que fue un accidente y que Sancho actuó en defensa propia, la condena sería por homicidio imprudente, que conlleva una pena de prisión entre tres y ocho años de cárcel.

FOTO: Imagen de archivo de Daniel Sancho cuando fue detenido. EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN

La Fiscalía investigará los mensajes "falsos" y de "odio" contra menores migrantes que han aparecido en redes sociales tras el asesinato el pasado fin de semana de un niño de 11 años en Mocejón (Toledo). En 24 horas de RNE, la abogada penalista María José Ruiz Félez, nos ayuda a entender qué dificultades puede suponer este proceso, el penalizar estas conductas que tienen un impacto negativo a nivel social.

Ruiz Félez explica que, según la gravedad que revistan, emitir bulos puede encauzarse por la vía civil o por el cauce penal. Este último, es decir que el Estado llegue a imponer una pena por un crimen o por una infracción mayor, "realmente es bastante difícil", aclara esta abogada. La penalista señala que no existe un delito "que tenga como acción el difundir bulos" pero sí se castiga la información que se divulga siempre que haga un "legitimado perjudicado por esa información".

En este caso, añade Mª José Ruiz Félez, se han dado una serie de circunstancias -la gravedad de los hechos, la divulgación, el señalamiento de menores de edad y al portavoz de la familia del niño asesinado- que podría hacer que la Fiscalía "eche mano de un informe que emitió durante la pandemia". En él, mostraba el "catálogo de delitos" al cual los fiscales debían reconducir sus acusaciones en determinados casos, explica la penalista: "Lanzaba propuestas para que los fiscales pudieran acusar y entre ellos cuando tenía, por ejemplo, como objeto descalificar un colectivo con circunstancias vulnerables o por razón de su origen, de sus creencias, etcétera, sí podríamos reconducirlo a delitos de odio"