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Charlamos con el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, quien nos habla de su trayectoria y de los diversos asuntos relacionados con la justica que copan la actualidad de estos días (23/04/10).

Por eso ha pedido hoy al juez Varela, que instruye la causa del franquismo, que archive el caso. Entretanto surgen nuevas voces en apoyo del juez de la Audiencia Nacional. La organización Human Rights Watch ha pedido a la Unión Europa un pronunciamiento a favor de Garzón.

El considerado número dos de esa presunta trama de corrupción , Pablo Crespo, podría salir de prisión si abona una fianza de un millón 200 mil euros. Así lo ha acordado hoy el juez del caso.

El presidente catalán, José Montilla, ha dicho que sí, pero su partido en Madrid ha defendido la legitimidad del tribunal. En este asunto coincide con el PP.

La más que probable suspensión cautelar de Garzón ha provocado una polémica que ha traspasado fronteras. El Tribunal Supremo instruye tres querellas contra actuaciones del juez. Una de ellas por su instrucción sobre los crímenes del franquismo y las fosas con desaparecidos de la Guerra Civil. Esta semana, Baltasar Garzón ha tenido que responder también en la Audiencia Nacional por acusaciones de prevaricación y cohecho relacionadas con unos cursos que dió en Nueva York patrocinados por el Banco de Santander. ¿Persecución a un juez famoso pero también muy controvertido, o simple funcionamiento del Estado de Derecho?, así se plantea el dilema. Informe Semanal lo analiza con las voces de los protagonistas y de expertos internacioonales, como el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, que se muestra sorprendido por el encausamiento del juez Garzón en España. (17/04/2010).

Todos los partidos y el gobierno autonómico han dicho que no es bueno este nuevo retraso. Y algunos ponen en entredicho la competencia de los magistrados que integran el TC.

Y hoy, el Fiscal General del Estado ha planteado la conveniencia de reformar la ley para evitar que se mantengan procesos judiciales solo con la acusación popular, como sucede en el caso de Garzón y en varios más.