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A las puertas del pleno de investidura de Pedro Sánchez, la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ofrece una entrevista al informativo 24 horas de RNE. Nogueras se muestra satisfecha con la proposición de ley de amnistía, que define como "necesaria". Cree que el origen de las protestas en la calle no es este texto ni el gobierno de Pedro Sánchez, sino un conflicto histórico entre Catalunya y España: "La amnistía es el dedo, el tema de Catalunya es la luna". La portavoz de Junts resta importancia al registro de la ley en solitario por parte del PSOE: "Tampoco nos hubiera importado si nos hubieran pedido que firmáramos, pero no creo que haya conflicto. Se está haciendo de una anécdota categoría".

Del acuerdo con el Partido Socialista, Nogueras destaca "la narrativa" , el cambio de paradigma. "Lo que estamos demostrando es que todo aquello que nosotros pedimos cabe dentro de la Constitución. Nos han vendido durante muchos años que no, pero sí cabe", asegura. Con todo, insiste en la cláusula de cobrar por avanzado: "Si no hay avances, no va a haber legislatura. Si lo que se pretendía era sumar a un partido más a este bloque progresista español, los de Junts no son los votos que están buscando". Pese a su actual voluntad de pactar, Nogueras asegura que nunca renunciarán a la independencia: "Si todas las vías quedan agotadas, queda también la vía de la unilateralidad".

La ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOEMaría Jesús Montero, ha asegurado que la ley de amnistía que registró el Partido Socialista en solitario en el Congreso de los Diputados este lunes es un “texto consensuado” con sus socios y “plenamente constitucional” y ha limitado la existencia de un ‘lawfare’ al acuerdo de investidura y legislatura con Junts.

En una entrevista en TVE, Montero ha dicho que “el resto de grupos (parlamentarios) tendrá que explicar por qué no han firmado” esta ley, pese a que la intención de los socialistas era registrarla ya con la rúbrica de sus socios. Aún así, ha dejado claro que es “un texto consensuado” y ha mostrado su “seguridad” en que va a contar con todos los grupos parlamentarios que apoyan la investidura de Sánchez y la amnistía.

Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Derecho Procesal Universidad de Barcelona, considera que la ley de amnistía “cumple con el punto de vista constitucional y de compatibilidad de las normas internacionales”, aunque señala que “tiene imprecisiones técnicas en cuanto al procedimiento para declarar la amnistía en un proceso”, lo que, a su parecer, podría retrasar su aplicación. Fenoll ha subrayado en Las Mañanas de RNE que “un Tribunal no puede ser rebelde” ante una ley sobre la que él ve “un margen de maniobra muy estrecho”, y recuerda que la división de poderes indica que “el Tribunal Constitucional debe respetar la ley aunque no esté de acuerdo con ella”.

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de amnistía. El texto, pactado entre el PSOE y los partidos independentistas Junts y ERC, propone eliminar la "responsabilidad penal, administrativa o contable" a los encausados por el procés, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, lo que abarca las consultas independentistas de 2014 y 2017.

Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, afirma que "en la exposición de motivos, se dibujan unos objetivos que caben dentro de la Constitución". Sin embargo, no cree que la amnistía sea la medida más idónea, ya que "puede provocar un tratamiento desigual respecto a aquellas personas que hayan cometido los mismos delitos, pero no con la intencionalidad política de los independentistas". Por otro lado, no considera adecuados los pronunciamientos públicos del poder judicial "acerca de la oportunidad o constitucionalidad de una ley que todavía no existe". 

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de amnistía. El texto, pactado entre el PSOE y los partidos independentistas Junts y ERC, propone eliminar la "responsabilidad penal, administrativa o contable" a los encausados por el procés, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, lo que abarca las consultas independentistas de 2014 y 2017.

Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que "es una ley muy generosa" desde el punto de vista penal. Además, afirma que la exposición de motivos es adecuada: "Es una ley complicada de defender y, por lo tanto, hay que explicarla muy bien para que no parezca arbitraria, sino justificada y legitimada por los fines que persigue". García Arán entiende "el malestar" de los jueces ante el texto de acuerdo entre PSOE y Junts, pero reconoce que no es lo mismo que recoge la proposición de ley, la cual la ha dejado más tranquila: "En una primera lectura, me parece un buen texto".

La proposición de ley abarca desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, e incluye los actos previos antes de la consulta del 9N y todas las consecuencias del 1-O. El artículo 1 detalla que incluye los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos.

En el proyecto también se detalla que los tribunales deberán aplicar la ley en un plazo máximo de dos meses, que deberán ordenar la puesta inmediata en libertad de aquellos beneficiarios que ahora mismo estén en prisión, y que se van a borrar todos los antecedentes penales y quedarán sin efecto las órdenes nacionales, europeas e internacionales de busca y captura. Esto último afecta a Puigdemont, que podrá regresar a España sin riesgo de entrar en prisión.

En resumen, quedan incluidos dentro de la proposición de ley de amnistía todos los líderes del procés condenados, así como los huidos, los investigados por la Audiencia Nacional, Tsunami Democràtic y los CDR, el procedimiento que se sigue en el Tribunal de Cuentas por los gastos derivados del uno de octubre, así como todas las causas que se instruyen en juzgados catalanes contra la gente que colaboró con el procés.