El Tribunal de Cuentas reclama una fianza de más de cinco millones de euros al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y ocho ex altos cargos por haber utilizado presuntamente fondos públicos para la consulta del 9-N en 2014. ASí se lo ha comunicado a sus abogados que tienen 15 días para depositarla.
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, está convencido de que los Mossos d'Esquadra harán cumplir la ley en Cataluña. Tal como ha subrayado en una entrevista en Las mañanas de RNE, la policía autonómica representa a todos los catalanes.
"Estoy completamente convencido de que las fuerzas y cuerpos de seguridad cumplen con la ley porque es su obligación, y que hacer cumplir la ley es aquello para lo que ejercen su función y estoy completamente seguro de que lo harán", ha explicado.
A menos de una semana del pretendido referéndum independentista catalán llega un encuentro clave entre Guardia Civil, Policia Nacional y Mossos D'Esquadra que esta tarde empezarán a establecer la forma de actuar el próximo 1-O para frenar la consulta. Una reunión a la que están citados los altos mandos policiales. En ella los ojos estarán puestos en el Mayor de los Mossos. Josep Lluís Trapero, deberá aclarar, formalmente, si acata el mandato de la Fiscalía de que sea un cargo de Interior el que asuma la coordinación policial.
El presidente de la región autónoma del Kurdistán iraquí ha ofrecido mantener una "larga" negociación con Bagdad tras el referéndum de independencia, pero el primer ministro de Irak le ha contestado que, tras esta decisión unilateral del Kurdistán, tomará las medidas necesarias para mantener la seguridad y la unidad del país.
La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural han repartido este domingo en Barcelona "un millón de papeletas oficiales" del referéndum del 1 de octubre, según han cifrado, en un pulso a la Fiscalía tras su denuncia por sedición, que menciona a los líderes de las entidades soberanistas. A una semana de la fecha prevista por el Govern para celebrar el referéndum sobre la independencia de Cataluña, la ANC y Òmnium han convocado más de 300 actos en municipios catalanes con el título "Maratón por la democracia" en "respuesta masiva a los asaltos a las instituciones catalanas y los ataques a la libertad de expresión", han aseverado.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dicho que la solución a las aspiraciones de los nacionalistas vascos y catalanes pasa por "un referéndum legal y pactado como en Quebec y como en Escocia".
En Badalona, el líder del PSOE ha asegura que obligará a Rajoy a buscar una solución dialogada.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que mantener el empeño de celebrar el referéndum soberanista solo provoca "ridículo" y una "tensión innecesaria en la sociedad" y por eso ha pedido a sus promotores que reconozcan de una vez públicamente que la consulta no va a tener lugar.
El Ministerio del Interior ha asumido la coordinación de las fuerzas de seguridad en Cataluña, pero niega que eso suponga retirar competencias a los Mossos d'Esquadra, tal y como denuncia la Generalitat catalana. Ese mando coordinado ha sido solicitado por la Fiscalía Superior de Cataluña para las actuaciones relacionadas con el referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional. Al frente de esa coordinación estará el número tres del ministerio, el coronel de la Guardia Civil y director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de Cobos.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado este sábado que la parálisis política del Gobierno paraliza la solución política en Cataluña y ha asegurado que los socialistas obligarán a Mariano Rajoy a dialogar y buscar una solución pactada para resolver el conflicto catalán. Sánchez, que ha intervenido en el acto con el que el PSC ha abierto el curso político en Badalona, se ha preguntado "¿de qué sirve un Gobierno en España que delega todas sus funciones en los tribunales?". "Sin ley no hay salida, pero sin política tampoco", ha recalcado el líder socialista, quien ha incidido en que "ni Cataluña es Puigdemont ni España es Mariano Rajoy".
La Fiscalía considera que las concentraciones alrededor de los registros de los días 20 y 21 de septiembre intentaban impedir por la fuerza la actuación de las autoridades. Y por ello les acusa de sedición, un delito que contempla penas de prisión de hasta 15 años en caso de que los autores sean cargos públicos.
