La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha reiterado en Las mañanas de RNE que el pretendido referéndum en Cataluña no se va a celebrar. Además, ha criticado que la Generalitat haya querido involucrar a centros de salud en la consulta del 1 de octubre y ha subrayado que no van a convivir pacientes y votantes este domingo.
"Denigrante cómo quieren también utilizar a los profesionales sanitarios, porque al final los centros de salud están para atender a todos y cada uno de los catalanes y el resto de los españoles para sus emergencias, para sus necesidades, para preservar la salud", ha dicho.
Sobre una declaración unilateral de independencia, ha asegurado que el Gobierno y la justicia darán respuesta firme y proporcionada a cada ilegalidad que comenta la Generalitat y que, pasado el día 1 de octubre, Carles Puigdemont no podrá ser interlocutor con el Ejecutivo para hablar de soluciones políticas para Cataluña, ya que el president tendrá que rendir cuentas ante la justicia.
El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández, ha lamentado en Las mañanas de RNE el ataque con un objeto incendiario al cuartel de la Benemérita en Igualada, Barcelona, esta pasada madrugada.
"Por suerte no hay que lamentar daños personales y los materiales son muy escasos, pero sí que preocupan estos conatos de violencia y, por supuesto, no queremos que vayan a más", ha subrayado.
Sobre el precinto de los colegios o centros susceptibles de ser utilizados para el referéndum ilegal, Fernández ha asegurado que se hará si es necesario para evitar un delito.
Si el Gobierno central insiste en que no habrá votación el 1-O (la convocatoria está anulada por orden del Constitucional), el ejecutivo catalán reitera que cumplirá lo comprometido. Este viernes, a mediodía, la Generalitat ofrece una rueda de prensa para aportar los detalles del dispositivo diseñado para el 1-O. Será en un acto en el centro internacional de prensa que la productora audiovisual Mediapro ha habilitado en Barcelona. Asisten el conseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raúl Romeva, y el vicepresidente Oriol Junqueras. También el president Carles Puigdemont, que este jueves, tras encabezar la Junta de Seguridad de Cataluña en un acto con estudiantes partidarios de la independencia, ha vuelto a decir que las posibles responsabilidades relacionadas con la celebración del plebiscito recaen, ha insistido,exclusivamente en su figura y la de su gobierno.
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha querido dejar claro que el Ejecutivo se "fía" de la actuación de los Mossos d'Esquadra para evitar el referéndum del 1-O y cree que acatarán las diferentes órdenes dadas hasta ahora por la Fiscalía y el TSJC porque "saben que tienen que cumplir la ley".
Así lo ha dicho en 'Los Desayunos de TVE' donde ha afirmado que las fuerzas independentistas "se han metido en un callejón sin salida y ya no saben cómo salir de él". "Unos dicen una cosa; otros, otras. Demuestran cada día el caos en el que están metidos", ha aseverado.
Méndez de Vigo ha asegurado también que está convencido de que los profesores de Cataluña cumplen con su cometido, en respuesta a las denuncias sobre la manipulación de los alumnos para que acudan a actos pro-referéndum.
El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, ha pedido mesura a la justicia en Las mañanas de RNE. Además, ha insistido en la necesidad de cumplir la ley y se ha mostrado preocupado por la fractura social.
"El problema es que el independentismo en Cataluña hoy está practicando lo contrario. En lugar de sumar identidades diversas, las está enfrentando. No les gusta nada que digamos esto, pero en Cataluña lo más preocupante es la división y la fractura social", ha dicho.
Varios sindicatos de estudiantes han convocado este jueves una huelga en la enseñanza secundaria y universitaria en favor del referéndum en Cataluña. Esta mañana, un centenar de ellos han cortado la AP-7 y la B-20 a la altura de la Universidad Autónoma.
El portavoz nacional del sindicato Ustec-Stes, Ramon Font, ha asegurado que los estudiantes tienen derecho a la huelga. "Ellos tienen derecho a huelga y a reunión a partir de los 14 años, y no solo con autorización de los padres, sin autorización de los padres".
Faltan tres días para el 1-O y el Gobierno de Cataluña mantiene el pulso. Pese a los esfuerzos del Estado destinados a evitar que el próximo domingo se celebre el referéndum independentista suspendido por orden del Constitucional, desde la Generalitat se siguen dando pasos hacia el 1-O. Entre ellos, el envío de las citaciones a los designados como miembros de mesas electorales o la destitución de los mandos intermedios en las empresas sanitarias públicas catalanas para facilitar la participación y centralizar la máxima responsabilidad en el Conseller de Salud. La ubicación de las urnas sigue siendo una incógnita. Este mediodía, en el Palau de Pedralbes, el president Carles Puigdemont, en una decisión no consensuada con el Gobierno, ha convocado la Junta de Seguridad de Cataluña para coordinar las actuaciones policiales de aquí al domingo. Pese a todo, Interior envía al número dos del ministerio.
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, del PSC, ha denunciado que “hay mucha presión en la calle” y que ha habido "señalamientos por parte de radicales" a los alcaldes socialistas por querer "preservar a las instituciones democráticas".
Collboni considera que se trata de una "estrategia" para “pasar la pelota a los alcaldes” como una forma de "externalizar" algo que han iniciado “con una fatídica sesión del Parlamento de Cataluña donde se reventó el estado de derecho".
Los máximos responsables de los consorcios y entidades públicas sanitarias de Cataluña han sido cesados temporalmente, hasta el 1 de octubre y el conseller de Salud de la Generalitat, Antoni Comín, ha asumido la presidencia, según ha asegurado para que puedan ir a votar en el referéndum independentista y al mismo tiempo "proteger a los máximos responsables del acoso". Mientras, la fiscalía General del Estado ha remitido un oficio en el que recuerda a los directores de los centros escolares que son responsables de los menores que participen en manifestaciones en horario escolar.
