Un pequeño pueblo alemán, Jemel, situado en el estado de Mecklenburg-Pomerania Occidental, está considerado como refugio de activos grupos neonazis. Bajo el amparo del Partido Nacional Demócrata, allí se celebra el nacimiento de Hitler y se ataca a los extranjeros. Pero una pareja lleva años haciéndoles frente con un festival de música contra la intolerancia.
La policía alemana llevó a cabo este miércoles una operación contra fanáticos de extrema derecha en el sur del país. Unos 140 agentes tomaron parte en la operación en el estado de Baden-Wuttemberg, en la que registraron 21 casas y se incautaron de diversas armas, munición, drogas y ordenadores pertenecientes a individuos relacionados con un grupo ultraderechista llamado "Estandarte". Los 18 detenidos están acusados de diversos cargos de organización criminal y posesión ilegal de armas, pero no se les vincula con los atentados de Oslo, aunque la operación coincide con una reunión a nivel europeo en Noruega para evaluar el peligro de estros grupos violentos de extrema derecha. La organización alemana, que aboga por expulsar a todos los extranjeros de Alemania, estaba siendo vigilada desde marzo, según el fiscal. Las leyes alemanas que prohiben los grupos ultraderechistas son especialmente duras en Alemania, donde toda propaganda nazi es ilegal.
Hace un año la localidad alemana de Duisburgo fue escenario de una tragedia que conmocionó a Europa. Veintiún jóvenes, entre ellos dos españolas, murieron en una avalancha ocurrida cuando se celebraba la fiesta de la 'Loveparade'. Otras 500 resultaron heridas. Un año después, aún se estudian las responsabilidades por lo ocurrido.
En Alemania han desmantelado la tumba del lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess. Desde su suicidio hace casi 25 años, el lugar era centro de reunión para grupos neonazis. Hess Fue condenado a cadena perpetua en los juicios de Nuremberg y encarcelado en la prisión de Spandau, donde se suicidó en 1987.
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No es la primera vez que Alemania y Francia intentan pactar una postura común para llevarla ante los líderes europeos...Angela Merkel y Nicolas Sarkozy trabajan para encontrar una "buena solución" al segundo rescate griego, según ha dicho el portavoz de la canciller alemana que parece haber rectificado en parte su inicial escepticismo.
El ministro de economía francés asegura que las diferencias se limitan al grado de participación de la banca privada en el rescate, pero que no afectan a los principios del plan.
Ocurra lo que ocurra mañana, -ha dicho Francoise Baroin- se garantizará la estabilidad de la zona del euro.
Las tres opciones que se estudiarán mañana en Bruselas para el segundo rescate son ampliar los plazos para que Grecia devuelva los nuevos préstamos, a un interés más bajo y que el Fondo europeo de estabilidad pueda comprar deuda griega.
España rechaza la propuesta alemana de obligar a los bancos a participar en este segundo rescate a Grecia...Y considera que el acuerdo es fundamental para tranquilizar a los mercados y alejar las turbulencias sobre la deuda española.
La canciller alemana, Angela Merkel, se reúne con el presidente francés, Nicolás Sarkozy, para preparar la cumbre europea donde se decidirá sobre el segundo rescate a Grecia. Merkel no espera un "resultado espectacular" de la cumbre porque los problemas de fondo de Atenas se resolverán a través de "un largo proceso". Mientras los líderes europeos siguen deshojando la margarita los mercados continúan con los ataques especulativos contra la deuda de la tercera y cuarta economías de la zona euro. La prima de riesgo de Italia y España se mantiene en máximos.
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El Tribunal Constitucional alemán ha empezado a debatir si las ayudas a Grecia y el fondo de rescate al euro son, o no, constitucionales. La demanda la ha presentado un grupo de profesores y un diputado de la coalición de Gobierno de Angela Merkel que alegan, entre otras razones, que se pone en peligro el patrimonio público alemán. Los demandantes consideran además que el plan para el fondo de rescate y las ayudas a Grecia atentan tanto contra la Constitución alemana como contra los tratados de la Unión Europea, ya que las ayudas violan el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en la legitimación democrática de esas medidas.
