El Gobierno rechaza la pretensión de Junts de citar a jueces en las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados. Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, se ha acercado a los micrófonos del 24 horas de RNE: "Yo creo que una comisión de investigación no puede convocar a los jueces". "Si asisten, no pueden hablar de asuntos que conozcan por su cargo", añade García Arán.
La catedrática de Derecho Penal de la UAB asegura que "el delito de no comparecencia ante una comisión de investigación, no puede ser cometido por los jueces" y opina que "estamos ante un grave problema de enfrentamiento entre el poder legislativo y el judicial".
En la “España vivida” contamos hoy con la participación de un militante y dirigente socialista de larga trayectoria, Álvaro Cuesta, quien desde 2013 es vocal del Consejo General del Poder Judicial. Su formación profesional es la de licenciado en derecho, lo que explica que su actividad parlamentaria se centrara en tareas como la presidencia de la Comisión de Justicia del Congreso o la integración en los grupos de trabajo que debatieron importantes reformas legales en textos básicos como la ley del Jurado o la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Une a ello una larga experiencia en la dirección del PSOE, partido al que se afilió en 1974. Álvaro Cuesta había nacido en Oviedo en junio de 1955, y en la dirección del Partido Socialista asumió primero la secretaría de Política Municipal y Libertades Públicas, desde 2000 hasta 2008, y luego como secretario ejecutivo de Libertades Públicas y Derechos de Ciudadanía, es decir, concentrado en esta segunda etapa, hasta 2012, en la atención a las reformas legales en materia de derechos fundamentales.
El Consejo General del Poder Judicial ha cumplido esta semana cinco años de mandato caducado. El presidente interino, Vicente Guilarte, ha propuesto reducir las competencias del órgano de gobierno de los jueces en los nombramientos. Álvaro Cuesta, uno de sus vocales, se muestra abierto a la propuesta. "Este Consejo ya no tiene legitimidad, está en funciones", ha dicho en una entrevista en el Canal 24 Horas.
Wenceslao Olea, vocal del CGPJ, que esta semana ha cumplido cinco años de mandato caducado, ha opinado en una entrevista en el Canal 24 Horas que la vinculación que se hace entre la mayoría parlamentaria y el CGPJ "vulnera la esencia" de la separación de poderes. Ha añadido que la dimisión en bloque del órgano de gobierno de los jueces es una "demagogia", porque tiene unas competencias que alguien tendría entonces que asumir. Asímismo considera que la propuesta del presidente interino de del CGPJ, Vicente Guilarte, de limitar las competencias del órgano, no tiene "viabilidad ninguna".
Ascensión Martín, portavoz de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia, ha dicho en Las mañanas de RNE que los jueces quieren que el CGPJ se renueve de inmediato, porque llevan cinco años en funciones. "Además tienen mermadas sus facultades por la Ley orgánica 4/21, que les impidió hacer los nombramientos discrecionales de presidentes de audiencia, de tribunal superiores de justicia y magistrados del Tribunal Supremo. El deterioro de la institución ha ido a mayor."
Y pide a los políticos que se sienten a dialogar y se pongan de acuerdo. "Llámese una comisión de trabajo, nos es indiferente el procedimiento, urge la inmediata renovación. Luego buscaremos nuevas fórmulas, pero lo prioritario es la renovación. Luego podemos buscar fórmulas para que sean elegidos por los propios jueces si es lo que el parlamento aprueba." Insiste en que no se puede esperar otros cinco años, y pide que se busquen fórmulas legales para que el día que expire su mandato tengan que cesar, algo que no estaba contemplado hasta ahora.
A pesar de la situación asegura que al ciudadano no le afecta en el día a día, porque va al juzgado y ahí están los jueces que siguen haciendo su trabajo. Donde sí afecta es en el Tribunal Supremo, porque se ralentiza el recurso de casación.
“La mano está tendida”, ha señalado en Las Mañanas de RNE la portavoz del Gobierno y ministra de Educación Pilar Alegría, que segura que desde el Gobierno están dispuestos a recomponer los puentes con el Partido Popular: “Es importante desde la serenidad y la calma alcanzar acuerdos que son fundamentales”.
Reitera su petición a los de Feijóo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial alegando que “llevamos cinco años escuchando demasiadas excusas”, confía en que en esta decimoquinta legislatura se logre alcanzar la reforma y apunta a que, por el momento, no se plantea el recorte de funciones para facilitarlo.
Ni el más mínimo acercamiento entre Gobierno y PP para renovar el Poder Judicial. Pedro Sánchez ha propuesto este jueves a Alberto Núñez Feijóo negociar en una comisión de trabajo que se encargaría también de la financiación autonómica, pero el PP lo rechaza y lo compara con las mesas de diálogo entre socialistas e independentistas.
Foto: EFE
"Es incómodo, pero es lo único que se me ocurre", explica Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional cuando propone en acudir al método del sorteo para esquivar el bloqueo de órganos constitucionales como el CGPJ. "El problema está en la incapacidad de los grandes partidos para ponerse de acuerdo", ha hablado sobre cambios constitucionales. El experto ha opinado también que debe reformarse el artículo 56 de la Constitución española, el que aborda la inviolabilidad de la figura del Rey, "para que no se interprete como una vía abierta a la impunidad".
El Gobierno ha instado de nuevo al PP a cumplir su "obligación constitucional" de acometer la renovación del CGPJ, con el mandato caducado desde hace cinco años, y ha dejado claro que no modifica su posición y esta es, ha dicho la portavoz, Pilar Alegría, renovar "primero" el órgano de los jueces. Posteriormente el Ejecutivo no se cierra a "dialogar" con el PP, que pide un cambio en el sistema de elección del CGPJ.
De esta forma la ministra portavoz ha cerrado la puerta a la propuesta lanzada este mismo martes por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha ofrecido un pacto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para negociar de forma simultánea la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma de la ley para modificar el sistema de elección de su órgano, diciendo que la "pelota" está en el tejado del Gobierno.
El Gobierno ha instado de nuevo al PP a cumplir su "obligación constitucional" de acometer la renovación del CGPJ, con el mandato caducado desde hace cinco años, y ha dejado claro que no modifica su posición y esta es, ha dicho la portavoz, Pilar Alegría, renovar "primero" el órgano de los jueces. Posteriormente el Ejecutivo no se cierra a "dialogar" con el PP, que pide un cambio en el sistema de elección del CGPJ.
"Renovación, cumplimiento de la legalidad y la Constitución, y posteriormente dialogar", ha manifestado Alegría.
"No es una opción, es una obligación legal", ha aseverado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recordado que el CGPJ lleva cinco años con el mandato caducado. Y ha defendido que la posición del Gobierno es la misma que expresó este lunes la Comisión Europea. "La posición de este Gobierno es la misma posición común de la UE y lo dijo ayer Reynders de forma clara, contundente y taxativa: renovación, cumplimiento de la Constitución y posteriormente se podrá dialogar, pero es improrrogable", ha añadido.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido un pacto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para negociar de forma simultánea la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma de la ley para modificar el sistema de elección del órgano de los jueces y ha puesto la "pelota" en el tejado del Gobierno.
Feijóo ha mostrado su desconfianza hacia Sánchez porque, en su opinión, su objetivo "no es renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sino "controlar a los jueces" y tener el "control político de las instituciones". "Este montaje ahora de decir que el PP no quiere renovar el CGPJ es falso, absolutamente falso. Lo que no queremos obviamente es que el Consejo cabe como la Fiscalía General del Estado, como el Tribunal Constitucional, como el Consejo de Estado, es decir, con un control político de las instituciones", ha insistido.
