Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, reconoce que no sabe cuánta gente puede verse afectada por la moratoria hipotecaria: "Dicen que serán las personas más vulnerables, pero a la vez también las que han visto reducidos sus ingresos por el coronavirus". "Habra que ver cómo se materializa", reconoce.
Afirma que le preocupa ver cómo trabajarán las entidades bancarias con esta medida del Gobierno, ya que "al código de buenas prácticas bancarias se han podido acoger muy pocas familias" y hace un llamamiento a las mismas para recordar que "es una situación temporal". "Durante un tiempo no podemos pagar la hipoteca porque nuestra vida no es normal. Una persona que no puede trabajar, no puede pagar la hipoteca", añade.
Por último, cree que no se puede intentar hacer negocio con esta situación y cobrar intereses ya que "parte de la población va a seguir cobrando su nómina y cumpliendo con sus obligaciones" y, respecto a los alquileres, destaca que "no es lo mismo una ayuda al alquiler que una moratoria". "No es lo mismo pedirle prestado a una entidad financiera que a un casero", sentencia.
El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas para proteger a los más afectados por el impacto económico del coronavirus, entre ellas una moratoria en la pago de las hipotecas de los colectivos más vulnerables.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley para frenar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que no puedan pagar la hipoteca. Se amplía 4 años la moratoria que hasta ahora era de 2.
Los bancos se juegan devolver entre 3.000 y 44.000 millones de euros. Sólo algunos afectados pueden exigir compensaciones: aquellos que no hayan reclamado a su entidad o que lo hayan hecho y estén pendientes de sentencia. Si la petición es denegada el camino continúa a través de la vía judicial. La decisión última depende de cada juez y de cada caso.
La sentencia parece salomónica porque complace tanto a las asociaciones de consumidores como a las entidades bancarias. Desde Asufin reconocen que habrá un nuevo colapso en los tribunales y los bancos tardarían en devolver el dinero entre cinco y ocho años. No obstante su presidenta Patricia Suárez anima a denunciar, convencida de que las sentencias cambiarán a partir de ahora en favor de los consumidores.
La banca está satisfecha con la sentencia europea porque cierra la puerta a demandas colectivas. En un breve comunicado, la AEB asegura que valida plenamente la utilización del índice IRPH y que en caso de que un juez pudiera considerarlo poco transparente, el efecto sería su sustitución por el IRPH para entidades, cuyo valor es prácticamente el mismo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el índice de referencia de los préstamos hipotecarios, el IRPH, que se ha aplicado en nuestro país puede ser abusivo. Deja en manos de los tribunales españoles estudiar caso por caso. Manuel Pardos de ADICAE afirma que es un índice que no entendía nadie y que, por tanto, no puede ser transparente. Asegura que, en el caso de que un tribunal lo declare abusivo, lo normal es que esa hipoteca pase a referenciarse por el Euribor. Critica ADICAE que el fallo de Luxemburgo lleva a ir demanda por demanda y dificulta una querella colectiva.
El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) acaba de pronunciarse sobre el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH). La Justicia Europea dictamina que el IRPH puede ser considerado una cláusula abusiva -como lo fueron en su día las cláusulas suelo- pero que deben ser los tribunales de cada país quienes deben decidir caso por caso. La sentencia dice que los tribunales tiene que asegurarse de que las reglas de los contratos fueran claras y comprensibles, tanto formalmente como de palabra. La Corte de Luxemburgo asegura que si una vez los contratos se declaran abusivos y, por tanto, nulos el juez puede decidir sustituir el tipo hipotecario. Se abre la puerta a que cientos de afectados en España puedan reclamar ante los tribunales españoles por el IRPH. Informa María Carou, correponsal en Bruselas.
El Tribunal Europeo de Justicia decide sobre la validez de las hipotecas referenciadas al IRPH. Su decisión afectará a cerca de un millón de españoles, y zanjará una larga batalla legal que comenzó hace más de siete años en un juzgado guipuzoano. Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso habla con Maite Ortiz, una de los dos abogados que inició aquel litigio, que ha reconocido tener algunos nervios por la expectación producida, aunque es optimista y confía en que el TJUE les dará, finalmente, la razón, a pesar de reconocer que "nunca pensamos que tendríamos que llegar tan lejos". Ortiz también ha avisado que, sea cual sea la decisión final, los tribunales deberán estudiar caso a caso.
De nuevo, los bancos temen las consecuencias de una decisión judicial, por la que podrían que tener que devolver miles de millones de euros. Este martes las entidades financieras van a tener la mirada puesta en Luxemburgo. Allí, el tribunal de Justicia de la Unión Europea debe dictaminar si el IRPH (el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) es una cláusula abusiva. Recordemos que, en nuestro país hasta un 10% de las hipotecas están calculadas sobre este índice.